La precaria situación del Pacífico colombiano

A finales de 2007, mientras en el Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural (Incoder) se debatía la forma como se debían transferir los títulos de tierra de la comunidad afrocolombiana en el departamento del Chocó al Ministerio del Interior y de Justicia, el subsecretario de la Oficina del Departamento de la Democracia, Derechos Humanos y Trabajo (DRL, por su sigla en inglés), Jonathan Farrar, visitó Quibdó para revisar el estado en que se encontraba la región cuatro años después de que empezara la llamada seguridad democrática. El resultado, que quedó retratado en un cable enviado por la Embajada de Estados Unidos en Bogotá a su central en Washington, no fue muy satisfactorio.

El cable empezó con la intervención del gobernador del Chocó, Julio Ibarguen Mosquera, quien le dijo a Farrar que la falta de infraestructura, la pobre nutrición y el subdesarrollo en la región disparaban la violencia en el departamento y aumentaban el desplazamiento. Este último factor, aseveró, era consecuencia de los combates que se daban entre la guerrilla, las nuevas bandas criminales y las Fuerzas Militares. A esto le sumó el hecho de que, según él, el Gobierno colombiano le había perdido la pista a los casi mil paramilitares que se habían desmovilizado en el proceso de Justicia y Paz.

El representante de la Agencia para los Refugiados de Naciones Unidas (ACNUR) en el Chocó, Giovanni Salazar, agregó que esos exparamilitares, de los cuales el Gobierno no sabía su paradero, se habían unido a una empresa de seguridad privada en donde no solamente prestaban protección, sino también se encargaban de extorsionar a comerciantes de la zona. Salazar agregó que la problemática aumentaba si se tenía en cuenta que había más de 15.000 desplazados en estado crítico de salud que no recibían atención por falta de recursos, corrupción o mal manejo del dinero.

Por su parte, miembros del Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato (Cocomacia), insistieron en que la producción de palma —alternativa que el Gobierno colombiano planteó al cultivo de drogas— desviaba los recursos que debían usarse para los servicios básicos, dañaba la tierra, aumentaba la corrupción y generaba violaciones de derechos humanos. Los líderes afrocolombianos insistieron en que no había escuelas en muchas de las comunidades del Chocó y que por esto se hacía difícil aumentar el desarrollo social en la región.

Seguidamente, la representante de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Soraya Mesa, afirmó que, aunque sí se habían construido escuelas para la reintegración de los desmovilizados, soldados estaban haciendo las veces de docentes por la escasez de recursos. Mesa aprovechó para hacer una crítica a los líderes de la comunidad afro y a los líderes de los desplazados, a quienes tildó de débiles, con poca experiencia política y centrados en una agenda personal en vez de abogar por los intereses del grupo.

Los miembros de Cocomacia también insistieron en que las nuevas leyes de desarrollo rural, minería y silvicultura que había creado el Gobierno estaban causando confusión sobre los derechos comunales de propiedad de tierras adoptados en la Ley 70 de 1993. Así, argumentaron que necesitaban más información sobre estas nuevas reformas, sobre todo en lo que se refería al tema de consultas previas, que establece que el Gobierno debe consultar con las comunidades antes de aprobar un proyecto de minería o petróleo.

El representante de Acnur, Giovanni Salazar, manifestó que la mayoría de las comunidades afro estaban en peligro permanente por estar situadas cerca de los ríos, zonas en donde se daban las disputas entre los actores armados, y aclaró que muchas veces la Fuerza Pública, por boca de grupos armados ilegales que tildan a algunas comunidades de “simpatizantes” de organizaciones rivales, hacía de la población común un centro de acción militar.

Para finalizar, la viceministra del Interior y de Justicia, María Nieto, y el representante local del Incoder, Camilo Negrete, aceptaron que sí iban a existir dificultades para hacer la transferencia de títulos de una organización a la otra, pero que se buscaba crear oficinas especiales para atender dicha problemática. Nieto aclaró que estaban teniendo serios problemas para dar cumplimiento al programa de protección para comunidades afro del Ministerio del Interior, pero insistió en que esto era culpa, no sólo de la corrupción del departamento, sino del subdesarrollo en que se encontraba la tierra negra.

A finales de 2007, mientras en el Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural (Incoder) se debatía la forma como se debían transferir los títulos de tierra de la comunidad afrocolombiana en el departamento del Chocó al Ministerio del Interior y de Justicia, el subsecretario de la Oficina del Departamento de la Democracia, Derechos Humanos y Trabajo (DRL, por su sigla en inglés), Jonathan Farrar, visitó Quibdó para revisar el estado en que se encontraba la región cuatro años después de que empezara la llamada seguridad democrática. El resultado, que quedó retratado en un cable enviado por la Embajada de Estados Unidos en Bogotá a su central en Washington, no fue muy satisfactorio.

El cable empezó con la intervención del gobernador del Chocó, Julio Ibarguen Mosquera, quien le dijo a Farrar que la falta de infraestructura, la pobre nutrición y el subdesarrollo en la región disparaban la violencia en el departamento y aumentaban el desplazamiento. Este último factor, aseveró, era consecuencia de los combates que se daban entre la guerrilla, las nuevas bandas criminales y las Fuerzas Militares. A esto le sumó el hecho de que, según él, el Gobierno colombiano le había perdido la pista a los casi mil paramilitares que se habían desmovilizado en el proceso de Justicia y Paz.

El representante de la Agencia para los Refugiados de Naciones Unidas (ACNUR) en el Chocó, Giovanni Salazar, agregó que esos exparamilitares, de los cuales el Gobierno no sabía su paradero, se habían unido a una empresa de seguridad privada en donde no solamente prestaban protección, sino también se encargaban de extorsionar a comerciantes de la zona. Salazar agregó que la problemática aumentaba si se tenía en cuenta que había más de 15.000 desplazados en estado crítico de salud que no recibían atención por falta de recursos, corrupción o mal manejo del dinero.

Por su parte, miembros del Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato (Cocomacia), insistieron en que la producción de palma —alternativa que el Gobierno colombiano planteó al cultivo de drogas— desviaba los recursos que debían usarse para los servicios básicos, dañaba la tierra, aumentaba la corrupción y generaba violaciones de derechos humanos. Los líderes afrocolombianos insistieron en que no había escuelas en muchas de las comunidades del Chocó y que por esto se hacía difícil aumentar el desarrollo social en la región.

Seguidamente, la representante de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Soraya Mesa, afirmó que, aunque sí se habían construido escuelas para la reintegración de los desmovilizados, soldados estaban haciendo las veces de docentes por la escasez de recursos. Mesa aprovechó para hacer una crítica a los líderes de la comunidad afro y a los líderes de los desplazados, a quienes tildó de débiles, con poca experiencia política y centrados en una agenda personal en vez de abogar por los intereses del grupo.

Los miembros de Cocomacia también insistieron en que las nuevas leyes de desarrollo rural, minería y silvicultura que había creado el Gobierno estaban causando confusión sobre los derechos comunales de propiedad de tierras adoptados en la Ley 70 de 1993. Así, argumentaron que necesitaban más información sobre estas nuevas reformas, sobre todo en lo que se refería al tema de consultas previas, que establece que el Gobierno debe consultar con las comunidades antes de aprobar un proyecto de minería o petróleo.

El representante de Acnur, Giovanni Salazar, manifestó que la mayoría de las comunidades afro estaban en peligro permanente por estar situadas cerca de los ríos, zonas en donde se daban las disputas entre los actores armados, y aclaró que muchas veces la Fuerza Pública, por boca de grupos armados ilegales que tildan a algunas comunidades de “simpatizantes” de organizaciones rivales, hacía de la población común un centro de acción militar.

Para finalizar, la viceministra del Interior y de Justicia, María Nieto, y el representante local del Incoder, Camilo Negrete, aceptaron que sí iban a existir dificultades para hacer la transferencia de títulos de una organización a la otra, pero que se buscaba crear oficinas especiales para atender dicha problemática. Nieto aclaró que estaban teniendo serios problemas para dar cumplimiento al programa de protección para comunidades afro del Ministerio del Interior, pero insistió en que esto era culpa, no sólo de la corrupción del departamento, sino del subdesarrollo en que se encontraba la tierra negra.