La silla que Sierra Porto dejó

Fue una ponencia del magistrado Humberto Sierra Porto la que terminó convirtiéndose en el fallo de la Corte Constitucional que le ordenó al procurador Alejandro Ordóñez, en un plazo no mayor a 48 horas desde el momento en que haya conocido la sentencia, admitir públicamente que es errado hablar de “campañas masivas de promoción del aborto como derecho”, modificar la posición de la Procuraduría para explicar que la píldora del día después no es abortiva, como él lo afirmó, y admitir que en Colombia no existe la objeción de conciencia institucional sino individual (es decir, que un médico puede negarse a hacer un aborto, pero un hospital entero no).

Eso, en referencia solamente a Ordóñez. A sus procuradoras delegadas Ilva Myriam Hoyos y María Eugenia Carreño les ordenó aceptar que la Superintendencia Nacional de Salud está obligada a remover los obstáculos para el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), así como abstenerse de intervenir sin fundamentos en el proceso de inclusión del misoporstol en el Plan Obligatorio de Salud, medicamento que se utiliza en los abortos. De esa manera, Sierra Porto se pronunció por última vez, desde su cargo como miembro del máximo tribunal de asuntos constitucionales en el país, sobre la controversial temática del aborto.

De cierta manera, este fallo dejó muy mal parado al Ministerio Público al evidenciar que desde este organismo existe una reticencia abierta a acatar la decisión de la Corte Constitucional en 2006: que la interrupción del embarazo en caso de violación, de malformación del feto o de riesgo para la madre, no puede ser castigada y que, al contrario, debe ser facilitada. Aquella histórica sentencia fue promovida por la organización Women’s Link Worldwide, cuya cara en Colombia tiene un nombre: Mónica Roa. La misma que junto a otras 1.198 mujeres y 82 hombres pusieron una tutela para que el procurador y sus delegadas dejaran de “tergiversar” y “desinformar” con respecto a la IVE. “Con este fallo se hizo obvio que el procurador no está cumpliendo con sus funciones”, le dijo Roa a este diario.

Women’s Link Worldwide, como tantas otras organizaciones femeninas o de otros grupos poblacionales, se sentían respaldadas con la presencia de Sierra Porto en la Corte. Fue con ponencias suyas que ese alto tribunal determinó que se debía establecer una cátedra de derechos sexuales y reproductivos, la misma que el procurador Ordóñez llamó “cátedra del aborto”, y que el aborto era un derecho y de carácter fundamental. Por otro lado, Sierra Porto también apoyó, por ejemplo, el fallo en el que se determinó que las personas homosexuales tenían derecho a afiliar a sus parejas al régimen de seguridad social, y cuando le llegó el turno de examinar la segunda reelección, se opuso en nombre del espíritu de la Constitución del 91.

Pero él ya cerró el capítulo de la Corte Constitucional y empezará pronto uno nuevo desde San José de Costa Rica, como juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y esa salida es hoy una migraña de tiempo completo para personas que defienden causas de minorías, como Mónica Roa. Ella teme que esta vez la procuradora Ilva Myriam Hoyos sí sea nominada en la terna para la Corte para reemplazar, precisamente, a Sierra Porto. “Ella es la ficha que el procurador quiere meter en la Corte, quieren cooptarla porque ellos saben que ese es uno de los pocos escenarios donde los ciudadanos todavía pueden defender sus derechos frente a cualquier interés”, señaló la abogada.

Las afirmaciones erradas del procurador y sus delegadas

En la tutela instaurada contra Alejandro Ordóñez y sus subordinadas Ilva Myriam Hoyos y María Eugenia Carreño se adjuntaron como pruebas el comunicado de prensa de la Procuraduría emitido el 21 de octubre de 2009, “en el que señalaba que la Corte Constitucional había ordenado implementar campañas masivas de promoción del aborto” e incluyeron una declaración de Ilva Myriam Hoyos a Caracol Radio, retando la validez del fallo en que la Corte Constitucional ordenaba la implementación de una cátedra sobre derechos sexuales y reproductivos.

Agregaron un comunicado del procurador del 25 de marzo de 2011, en el que el funcionario afirmaba erradamente que el derecho internacional prohíbe el aborto. Adjuntaron también un requerimiento de Carreño al Invima de no incluir el misoprostol en el Plan Obligatorio de Salud porque no era necesario y además afectaba a las mujeres, contrario a lo señalado por la Organización Mundial de la Salud.

Fue una ponencia del magistrado Humberto Sierra Porto la que terminó convirtiéndose en el fallo de la Corte Constitucional que le ordenó al procurador Alejandro Ordóñez, en un plazo no mayor a 48 horas desde el momento en que haya conocido la sentencia, admitir públicamente que es errado hablar de “campañas masivas de promoción del aborto como derecho”, modificar la posición de la Procuraduría para explicar que la píldora del día después no es abortiva, como él lo afirmó, y admitir que en Colombia no existe la objeción de conciencia institucional sino individual (es decir, que un médico puede negarse a hacer un aborto, pero un hospital entero no).

Eso, en referencia solamente a Ordóñez. A sus procuradoras delegadas Ilva Myriam Hoyos y María Eugenia Carreño les ordenó aceptar que la Superintendencia Nacional de Salud está obligada a remover los obstáculos para el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), así como abstenerse de intervenir sin fundamentos en el proceso de inclusión del misoporstol en el Plan Obligatorio de Salud, medicamento que se utiliza en los abortos. De esa manera, Sierra Porto se pronunció por última vez, desde su cargo como miembro del máximo tribunal de asuntos constitucionales en el país, sobre la controversial temática del aborto.

De cierta manera, este fallo dejó muy mal parado al Ministerio Público al evidenciar que desde este organismo existe una reticencia abierta a acatar la decisión de la Corte Constitucional en 2006: que la interrupción del embarazo en caso de violación, de malformación del feto o de riesgo para la madre, no puede ser castigada y que, al contrario, debe ser facilitada. Aquella histórica sentencia fue promovida por la organización Women’s Link Worldwide, cuya cara en Colombia tiene un nombre: Mónica Roa. La misma que junto a otras 1.198 mujeres y 82 hombres pusieron una tutela para que el procurador y sus delegadas dejaran de “tergiversar” y “desinformar” con respecto a la IVE. “Con este fallo se hizo obvio que el procurador no está cumpliendo con sus funciones”, le dijo Roa a este diario.

Women’s Link Worldwide, como tantas otras organizaciones femeninas o de otros grupos poblacionales, se sentían respaldadas con la presencia de Sierra Porto en la Corte. Fue con ponencias suyas que ese alto tribunal determinó que se debía establecer una cátedra de derechos sexuales y reproductivos, la misma que el procurador Ordóñez llamó “cátedra del aborto”, y que el aborto era un derecho y de carácter fundamental. Por otro lado, Sierra Porto también apoyó, por ejemplo, el fallo en el que se determinó que las personas homosexuales tenían derecho a afiliar a sus parejas al régimen de seguridad social, y cuando le llegó el turno de examinar la segunda reelección, se opuso en nombre del espíritu de la Constitución del 91.

Pero él ya cerró el capítulo de la Corte Constitucional y empezará pronto uno nuevo desde San José de Costa Rica, como juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y esa salida es hoy una migraña de tiempo completo para personas que defienden causas de minorías, como Mónica Roa. Ella teme que esta vez la procuradora Ilva Myriam Hoyos sí sea nominada en la terna para la Corte para reemplazar, precisamente, a Sierra Porto. “Ella es la ficha que el procurador quiere meter en la Corte, quieren cooptarla porque ellos saben que ese es uno de los pocos escenarios donde los ciudadanos todavía pueden defender sus derechos frente a cualquier interés”, señaló la abogada.

Las afirmaciones erradas del procurador y sus delegadas

En la tutela instaurada contra Alejandro Ordóñez y sus subordinadas Ilva Myriam Hoyos y María Eugenia Carreño se adjuntaron como pruebas el comunicado de prensa de la Procuraduría emitido el 21 de octubre de 2009, “en el que señalaba que la Corte Constitucional había ordenado implementar campañas masivas de promoción del aborto” e incluyeron una declaración de Ilva Myriam Hoyos a Caracol Radio, retando la validez del fallo en que la Corte Constitucional ordenaba la implementación de una cátedra sobre derechos sexuales y reproductivos.

Agregaron un comunicado del procurador del 25 de marzo de 2011, en el que el funcionario afirmaba erradamente que el derecho internacional prohíbe el aborto. Adjuntaron también un requerimiento de Carreño al Invima de no incluir el misoprostol en el Plan Obligatorio de Salud porque no era necesario y además afectaba a las mujeres, contrario a lo señalado por la Organización Mundial de la Salud.