La tragedia del canje

Desde hace 15 años, después del feroz ataque a la base militar de Las Delicias en el Putumayo, en agosto de 1996, las Farc forzaron un despeje militar y sacaron a relucir su estrategia de chantaje político con el llamado canje de militares y policías secuestrados a cambio de guerrilleros presos. Desde entonces la sociedad colombiana ha tenido que acostumbrarse a una cronología de ruidosas victorias y terribles tragedias en un interminable pulso entre Estado e insurgencia, plantados entre el rescate militar y la búsqueda de acuerdos humanitarios para imponer la libertad.

Después de más de tres décadas de secuestros extorsivos, con centenares de víctimas mortales y miles de liberados a cambio de grandes sumas de dinero, las Farc decidieron apostare también por el camino del botín político para presionar al Estado. Y fue con el ataque al cerro de Patascoy, el 21 de diciembre de 1997, cuando empezó el rosario de cautivos, que luego fue creciendo en la base de Miraflores, en El Billar (Caquetá) o en la toma a Mitú, en noviembre de 1998. Eran una guerrilla envalentonada y un Estado frágil que veía como tenía que ceder al diálogo a cambio de nada.

Cuando el gobierno de Andrés Pastrana llegó al poder, tuvo que ceder 42.000 kilómetros del territorio nacional para buscar una paz esquiva. Su antagonista demostró cuáles eran sus planes. De un lado, una mesa de negociación sin avances, y de otra, una presión por el canje que logró su cometido. En junio de 2001 la guerrilla liberó a más de 300 soldados y policías a cambio de diez guerrilleros. Pero en el fondo, las Farc habían logrado su objetivo: posicionar el canje como una victoria política más exitosa que la misma guerra.

La prueba de su argumento fue que más se demoró en entregar a los prisioneros de guerra, quedándose con el botín de los oficiales del Ejército y la Policía, que en aumentar en su estrategia los secuestrados políticos. Una oleada de plagios de dirigentes públicos y hasta la exigencia de que el tema se convirtiera en una ley permanente. Pero hubo cambio de gobierno, la política de seguridad democrática de Álvaro Uribe modificó las reglas de juego respecto a la guerrilla, y la opción del canje quedó sustituida por el rescate militar como única premisa de negociación.

Entonces empezó una carrera de desgaste para la sociedad colombiana. De un lado, el reclamo sistemático de un acuerdo humanitario para acceder a la libertad de los secuestrados por la vía política, y del otro, la ofensiva militar como única metodología para enfrentar el argumento subversivo. La historia de los últimos tiempos en el interminable conflicto armado colombiano es una sucesión de victorias y derrotas con un alto costo en vidas y poco a poco la convicción de una sociedad que ya ha manifestado públicamente su desacuerdo con la idea de convertir la libertad en un simple botín de la guerra.

En mayo de 2003 aconteció el asesinato del exministro Gilberto Echeverri, el exgobernador de Antioquia Guillermo Gaviria y diez militares más. En junio de 2007, la ejecución de 11 diputados del Valle secuestrados con fines de canje. En contraste, la exitosa ‘Operación Jaque’ de julio de 2008 en que fueron rescatados sin disparar un solo tiro la excandidata presidencial Íngrid Betancourt, tres norteamericanos y once uniformados. O la ‘Operación Camaleón’ de junio de 2010, que por vía militar devolvió a la libertad al general Luis Mendieta y tres integrantes más de las Fuerzas Armadas. Y en el entretanto las liberaciones a cuentagotas de las Farc a la exsenadora Piedad Córdoba.

Es el nuevo capítulo de la guerra entre el Estado y las Farc, marcado por un agotador forcejeo político interno. El desgaste de las relaciones internacionales con Venezuela por cuenta de la intervención de Hugo Chávez en el intento de solución del dilema, el sufrimiento de decenas de familias de militares y policías en busca de la libertad de los suyos y la tragedia del regreso. Una larga cadena de acontecimientos, siempre devastadora y agitada, pero esta vez más dolorosa que nunca. El símbolo de la lucha por la libertad, el cabo Libio Martínez, el secuestrado más viejo del mundo, con casi 14 años de cautiverio, asesinado con un tiro de gracia el sábado pasado.

Las Farc son las únicas responsables de lo sucedido. Pero de la muerte del cabo Martínez y tres uniformados más con similares años de sacrificio, surge al menos un interrogante: ¿Después de tanto dolor de sus familias y de tanto coraje de ellos mismos esperando su libertad sin opciones, tiene algún sentido de justicia o de victoria su desenlace trágico? La respuesta es un ‘no’ tajante, el mismo que hoy se impone entre la sociedad colombiana ante un delito que ha destrozado al país y lo sigue haciendo: el secuestro.