Haber reincidido en el delito, no cooperar con la justicia e incumplir con la reparación a las víctimas al ocultar bienes o demorar su entrega, fueron los argumentos del Gobierno Nacional para extraditar hacia Estados Unidos a 14 jefes de los grupos paramilitares. El sustento jurídico se remite a un pronunciamiento hecho por el Consejo Superior de la Judicatura, el pasado 6 de mayo, en el que precisó que las figuras de la extradición y la Ley de Justicia y Paz no son instituciones excluyentes entre sí y que la primera no impide la realización de los derechos de verdad, justicia y reparación, sino que, por el contrario, puede convertirse en una herramienta para el cumplimiento de los mismos.
En una alocución pública para explicar las razones de su decisión, el presidente Álvaro Uribe insistió en que el Gobierno debe mantener la facultad de postular y revocar postulaciones a la Ley de Justicia y Paz, así como también la de apreciar si una persona beneficiada con la suspensión de envío en extradición ha cumplido o incumplido con las condiciones exigidas. “Lo anterior, por la profunda relación tanto de la Ley de Justicia y Paz como de la extradición con el orden público, cuya recuperación y mantenimiento es responsabilidad primordial del Gobierno”, dijo.
El Primer Mandatario enfatizó en que el proceso con los grupos de autodefensa continúa y les hizo un llamado a los desmovilizados para que cumplan con la Ley de Justicia y Paz. “El país ha sido generoso con ellos, pero el Gobierno no puede tolerar reincidencias en el delito, incumplimientos con la norma legal, falta de colaboración veraz y eficaz con la justicia o ausencia de compromiso en la reparación de las víctimas. Ahora los desmovilizados son más libres para que la reinserción les recupere plenamente su bienestar, su familia y su futuro”.
En lo que tiene que ver con la reparación a las víctimas, aclaró que Estados Unidos, a través de su Embajada en Colombia, ha ofrecido toda su colaboración para que continúen las diligencias de versiones libres y los procedimientos judiciales. E instó a las autoridades colombianas —judiciales y administrativas— para adelantar las gestiones necesarias para segurar que los bienes que entreguen allá los jefes paramilitares extraditados, sean destinados a las víctimas en nuestro país. El gobierno norteamericano se comprometió también a facilitar la obtención de material probatorio para la investigación y eventual juzgamiento de delitos que sean de competencia de las autoridades colombianas.
“Nada se opone a que la reparación moral se lleve a cabo desde los Estados Unidos. El Gobierno considera que esta decisión es garantía para la reparación de las víctimas, contribuye a la verdad sin deformaciones, es una advertencia a todas las personas sometidas a la Ley de Justicia y Paz, establece un antecedente para futuros procesos de paz y notifica que la ley tiene que ser respetada y el terrorismo superado”, señaló el presidente Uribe.
En este sentido, anunció que la Policía Judicial, los fiscales y los jueces seguirán persiguiendo e incautando todos los bienes para reparar a las víctimas e invitó a los ciudadanos que tengan conocimiento a denunciar bienes de propiedad de extraditados o desmovilizados para facilitar la extinción de dominio. “Conminamos a los testaferros a acercarse a la Fiscalía a entregar bienes que figuran de su propiedad y que en realidad fueron ilícitamente adquiridos por criminales”. Uribe recordó que el Gobierno expidió recientemente un decreto para la reparación de víctimas por vía administrativa, que puede tener un costo de $7 billones.
En su discurso, el Primer Mandatario aprovechó también para enviar un mensaje a los jueces pidiendo su ayuda con la extradición, una herramienta que, según él, es importante para rescatar el orden público. “No puede ser que la noble institución de la tutela se utilice para eliminar la extradición, que se ha impuesto con el dolor y la sangre de tantos magistrados, jueces, funcionarios y ciudadanos del común”, dijo.
Y en la defensa de su decisión de extraditar a los jefes paramilitares, Uribe aprovechó para exigir la verdad de procesos de paz anteriores, signados, según dijo, por la impunidad: “Quienes se desmovilizaron en anteriores procesos, también deben decir la verdad para contribuir a la memoria histórica y evitar que se repita la tragedia que estamos superando en el presente. Quienes se desmovilizaron en anteriores procesos de paz deben reparar a las víctimas, al menos moralmente, ya que económicamente no lo hicieron y tampoco se les exigió”.