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La ley que regula las actividades de inteligencia y contrainteligencia en el país, con la cual el Gobierno pretende que incidentes como el seguimiento ilegal a magistrados, políticos de oposición y periodistas sea cosa del pasado, fue aprobada ayer en último debate en la plenaria del Senado, con 57 votos a favor y 7 en contra, quedando pendiente sólo su conciliación y sanción presidencial.
Esta norma plantea un nuevo marco de ordenamiento jurídico con el cual, a juicio del coordinador ponente, senador Juan Manuel Galán, “se establecen prioridades, tareas, áreas de trabajo y una clara definición jerárquica de quienes ordenan las actividades de inteligencia, que también serán los responsables de estas labores que, en ningún caso, se podrán realizar sin autorización judicial”.
Además, se conformará la Junta de Inteligencia Conjunta, que reúne a las organizaciones que realizan labores de este tipo como la Armada, el Ejército, la Fuerza Aérea, la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional (Dipol), la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) y la entidad que reemplace al DAS. Todas las labores que realicen los organismos adscritos a la Junta serán responsabilidad del presidente de la República y del ministro de Defensa.
Para evitar excesos se creará una Comisión Legal Parlamentaria, que será la encargada del control político a las actividades de inteligencia y contrainteligencia, y que también tendrá acceso a los gastos reservados para verificar que esos fondos se estén empleando de forma adecuada. Además, tendrá la potestad para citar funcionarios y representantes de organismos de inteligencia para que rindan cuentas sobre sus actuaciones ante el Legislativo.
Aunque en el texto se trató de desvirtuar la tesis de que se estaba imponiendo un ‘tatequieto’ a la prensa, al incluir un artículo que garantiza que los medios de comunicación tienen la libertad para recibir y publicar información sin recibir sanciones, lo cierto es que en la ponencia final se incluyó un artículo que plantea que con el fin de proteger la información de inteligencia, quien la filtre, sin importar el destinatario, tendrá una pena de hasta cuatro años de prisión, lo cual, según algunos críticos, puede afectar las fuentes periodísticas que en su momento destaparon escándalos como el de las ‘chuzadas’ del DAS.
Precisamente, la ley establece que las interceptaciones telefónicas no podrán llevarse a cabo sin previa orden de un juez y sin un proceso judicial previo, por lo cual el senador Galán la ha calificado como la iniciativa ‘antichuzadas’. “Los organismos de inteligencia y contrainteligencia no pueden actuar en una democracia sin dios ni ley, debe haber un ordenamiento jurídico que les establezca prioridades, tareas, áreas de trabajo, saber a quién le rinden cuentas, saber quién autoriza esas actividades y en el marco de qué política están definidas”, concluyó.