Hace unos días asistí a un evento en el Club del Comercio, enclavado en medio del Chapinero ancestral, ese en el que la rancia aristocracia criolla disfrutó de tertulias baladíes y fiestas al compás del fox-trot y de la orquesta de Lucho Bermúdez.
Pero esta vez, los que alzaron la voz y marcaron el ritmo fueron campesinos que décadas atrás solo habrían podido acercarse a esos salones para arreglar sus jardines y alimentar las despensas de la cocina.
Esta vez, esos hombres y mujeres dejaron sus ardorosas jornadas de sol a sol y esta vez fueron los representantes de 22 organizaciones campesinas que exigieron al Gobierno que sus propuestas sean incluidas en la nueva Ley de Desarrollo Rural. Del azadón al computador, estos líderes campesinos 'piensan' la tierra, aran en la reflexión.
Con voz altiva, pero sobre todo con argumentos, la Mesa Nacional de Unidad Agraria presentó ante algunos congresistas, periodistas y representantes del cuerpo diplomático acreditado en Colombia, el proyecto de Ley General de tierras, Reforma Agraria y Desarrollo Rural integral (conocido como “Proyecto Ley Alterno”) y que es el producto de un consenso colectivo que persigue involucrar de una forma más activa a las comunidades rurales campesinas, indígenas y afrocolombianas.
El Proyecto Ley Alterno fue construido por el movimiento rural durante los últimos tres años y busca que los derechos integrales y las necesidades de las comunidades rurales sean incluidos en la nueva Ley de Desarrollo Rural. Allí, el dirigente campesino Eberto Díaz, con toda la propiedad, se levantó, tomó el micrófono y sin pudor alguno, presentó una revisión histórica de las luchas campesinas y en especial sobre lo que ha sido la concepción de este proyecto alterno.
La verdad, sea dicha, el desarrollo rural en Colombia carece de los recursos suficientes para aplicar los programas necesarios. Me llamó la atención que en este proyecto, las organizaciones, corajudamente, han propuesto varias fuentes de financiación, entre ellas, los bonos agrarios para la compra de tierras.
Lo que uno esperaría como ciudadano de a pie es que no vuelva a aparecer un Andrés Felipe Arias repartiendo recursos de Agro Ingreso Seguro entre los millonarios hacendados, sino que de verdad hubiese una distribución con sentido de equidad.
Sea cual sea el mecanismo, nos corresponde a los ciudadanos vigilar las actuaciones de los funcionarios públicos y buscar que el Estado sea un garante de las condiciones de vida de los colombianos, sobre todo de esos que están en condiciones de vulnerabilidad solo por no haber nacido en zonas urbanas.
Es de un inmenso valor que esto esté ocurriendo. Significa que la producción de sentido no se circunscribe solamente a los ámbitos urbanos, se desmitifica esa idea absurda de que la movilización es un fenómeno que se da solo en las ciudades.
El desarrollo sostenible --y ahora si vale toda la extensión de la metáfora-- tiene su semilla en el campo, un campo fértil también para las ideas.
Por Víctor Solano, colaborador de Soyperiodista.com