Los dejaron colgados

Que la cartera de Transporte es una de las más mal libradas a la hora de los balances de los ocho años del gobierno Álvaro Uribe, dicen expertos en la materia, quienes cuestionan los traumatismos en la adjudicación de las concesiones y recuerdan que el Plan 2500 —aún no ha concluido— era una promesa para ejecutar en el primer período del Mandatario. Que el éxito de los resultados se comienza a ver, ripostan desde la otra orilla los funcionarios vinculados a la administración, al elogiar avances como el de la construcción del proyecto piloto del túnel de La Línea.

Los habitantes de las deprimidas veredas en Ortega (Tolima), no entienden mucho de estos temas y la única referencia que tienen del ministro de Transporte, Andrés Uriel Gallego, es la de su manifiesto compromiso para levantar por fin el puente sobre el río Tetuán, derrumbado hace década y media.

En el consejo comunal de Honda, en el mismo departamento, el presidente Álvaro Uribe le dijo a Gallego que construyera un paso para que los habitantes de los asentamientos ribereños del Tetuán no tuvieran que lanzarse a la corriente hídrica cada vez que necesitaban desplazarse al colegio, a un centro de salud o a comerciar sus productos agrícolas.

Para esa época las conmovedoras imágenes de niños de ocho años de edad cruzando el río con el agua hasta la cintura y esforzándose para evitar que sus artículos escolares se fueran con la corriente, eran divulgadas en  medios de comunicación como el Canal Caracol, los cuales insistían al Gobierno en la necesidad de poner fin a dicha tragedia. Gallego, por su parte, también era blanco de las críticas por la falta de avances en los grandes proyectos de infraestructura que lideraba la cartera a su cargo.

Fue entonces cuando el Ministro se comprometió con la obra para los niños del colegio Nicolás Ramírez de Ortega. Dijo que aunque ese trabajo era responsabilidad de las autoridades municipales, haría “un puente tipo bredumco”, en asocio con el Invías. Cinco meses después el alcalde de Ortega, Ángel Monroy, apareció ante los medios quejándose porque la ayuda estatal no llegaba y sólo contaba con $60 millones para diseñar la obra, que costaba cerca de $482 millones. Como si el abandono al que eran sometidos los niños no fuera suficiente, el alcalde anunció que a ese paso le tocaría echar mano de recursos comprometidos con otros temas para hacer un puente de $250 millones, que no tendría las especificaciones que el puente demandaba.

El Invías apareció, hizo los diseños y en su informe de gestión a junio de 2009 proclamó que había dispuesto $6.782 millones para prevención y atención de desastres, partida de la cual saldrían los recursos para la esperada obra en el Tolima. Pero la dicha duró poco, pues el instituto señala que la comunidad pidió modificar los diseños para obtener un puente que no sólo fuese peatonal sino que tuviera un carril vehicular y ahí comenzaron los problemas: que la Alcaldía incumplió, dijeron a este diario  voceros del instituto en Bogotá. Que luego de iniciadas las obras fue necesario reforzarlas, explicaron sus subalternos en Ibagué. Que como la obra no está lista tocó contratar una canoa para que transporte a los niños que necesitan pasar el río cuando van al colegio, se quejó el alcalde Monroy. Y mientras tanto los cerca de 300 estudiantes de las veredas Vuelta del Río, Nicolás Ramírez, Balsillas, San Diego y Bocas de Tetuán siguen sin percibir los beneficios de la inversión nacional y local en transporte.

Antes se lanzaban directamente al río, ahora tienen que hacer piruetas colgados de una estructura metálica en la que de vez en cuando se enredan las suelas carcomidas de sus zapatos y desde la cual ven desaparecer entre el agua uno que otro lápiz y cuaderno salido de su mochila en el más inoportuno de los momentos.

El Espectador fue testigo de cómo un grupo de escolares arriesgó su vida hace dos días por el afán de cumplir con sus obligaciones académicas.

Gregorio Capera Ducuara, un campesino de origen indígena, también se le mide con frecuencia a la travesía. A sus 71 años de edad y siempre con su sombrero debidamente acomodado no duda en subirse a la estructura, máxime si al hacerlo se ahorra los $1.000 que le cuesta cruzar en canoa. Su secreto es no mirar hacia abajo mientras está agarrado del metal: “Al que no le sirva el cerebro, mejor que no pase, porque se cae”, señala el simpático viejo.

El señor Capera, los centenares de adolescentes de la región, los pocos comerciantes que allí residen, y hasta el alcalde ya perdieron la cuenta de los días que llevan esperando el puente prometido por el ministro Gallego. No les interesa saber si él se raja o no en su gestión y prefieren hablar poco, no por falta de ganas de expresar su inconformismo, sino porque tienen que darse prisa para hacer fila y cruzar el río temprano, en calma. Saben que un descuido, una desconcentración puede agravar la tragedia que los medios de comunicación le vienen contando a las autoridades nacionales y que ellos sufren con estoicismo desde hace década y media.

Que la cartera de Transporte es una de las más mal libradas a la hora de los balances de los ocho años del gobierno Álvaro Uribe, dicen expertos en la materia, quienes cuestionan los traumatismos en la adjudicación de las concesiones y recuerdan que el Plan 2500 —aún no ha concluido— era una promesa para ejecutar en el primer período del Mandatario. Que el éxito de los resultados se comienza a ver, ripostan desde la otra orilla los funcionarios vinculados a la administración, al elogiar avances como el de la construcción del proyecto piloto del túnel de La Línea.

Los habitantes de las deprimidas veredas en Ortega (Tolima), no entienden mucho de estos temas y la única referencia que tienen del ministro de Transporte, Andrés Uriel Gallego, es la de su manifiesto compromiso para levantar por fin el puente sobre el río Tetuán, derrumbado hace década y media.

En el consejo comunal de Honda, en el mismo departamento, el presidente Álvaro Uribe le dijo a Gallego que construyera un paso para que los habitantes de los asentamientos ribereños del Tetuán no tuvieran que lanzarse a la corriente hídrica cada vez que necesitaban desplazarse al colegio, a un centro de salud o a comerciar sus productos agrícolas.

Para esa época las conmovedoras imágenes de niños de ocho años de edad cruzando el río con el agua hasta la cintura y esforzándose para evitar que sus artículos escolares se fueran con la corriente, eran divulgadas en  medios de comunicación como el Canal Caracol, los cuales insistían al Gobierno en la necesidad de poner fin a dicha tragedia. Gallego, por su parte, también era blanco de las críticas por la falta de avances en los grandes proyectos de infraestructura que lideraba la cartera a su cargo.

Fue entonces cuando el Ministro se comprometió con la obra para los niños del colegio Nicolás Ramírez de Ortega. Dijo que aunque ese trabajo era responsabilidad de las autoridades municipales, haría “un puente tipo bredumco”, en asocio con el Invías. Cinco meses después el alcalde de Ortega, Ángel Monroy, apareció ante los medios quejándose porque la ayuda estatal no llegaba y sólo contaba con $60 millones para diseñar la obra, que costaba cerca de $482 millones. Como si el abandono al que eran sometidos los niños no fuera suficiente, el alcalde anunció que a ese paso le tocaría echar mano de recursos comprometidos con otros temas para hacer un puente de $250 millones, que no tendría las especificaciones que el puente demandaba.

El Invías apareció, hizo los diseños y en su informe de gestión a junio de 2009 proclamó que había dispuesto $6.782 millones para prevención y atención de desastres, partida de la cual saldrían los recursos para la esperada obra en el Tolima. Pero la dicha duró poco, pues el instituto señala que la comunidad pidió modificar los diseños para obtener un puente que no sólo fuese peatonal sino que tuviera un carril vehicular y ahí comenzaron los problemas: que la Alcaldía incumplió, dijeron a este diario  voceros del instituto en Bogotá. Que luego de iniciadas las obras fue necesario reforzarlas, explicaron sus subalternos en Ibagué. Que como la obra no está lista tocó contratar una canoa para que transporte a los niños que necesitan pasar el río cuando van al colegio, se quejó el alcalde Monroy. Y mientras tanto los cerca de 300 estudiantes de las veredas Vuelta del Río, Nicolás Ramírez, Balsillas, San Diego y Bocas de Tetuán siguen sin percibir los beneficios de la inversión nacional y local en transporte.

Antes se lanzaban directamente al río, ahora tienen que hacer piruetas colgados de una estructura metálica en la que de vez en cuando se enredan las suelas carcomidas de sus zapatos y desde la cual ven desaparecer entre el agua uno que otro lápiz y cuaderno salido de su mochila en el más inoportuno de los momentos.

El Espectador fue testigo de cómo un grupo de escolares arriesgó su vida hace dos días por el afán de cumplir con sus obligaciones académicas.

Gregorio Capera Ducuara, un campesino de origen indígena, también se le mide con frecuencia a la travesía. A sus 71 años de edad y siempre con su sombrero debidamente acomodado no duda en subirse a la estructura, máxime si al hacerlo se ahorra los $1.000 que le cuesta cruzar en canoa. Su secreto es no mirar hacia abajo mientras está agarrado del metal: “Al que no le sirva el cerebro, mejor que no pase, porque se cae”, señala el simpático viejo.

El señor Capera, los centenares de adolescentes de la región, los pocos comerciantes que allí residen, y hasta el alcalde ya perdieron la cuenta de los días que llevan esperando el puente prometido por el ministro Gallego. No les interesa saber si él se raja o no en su gestión y prefieren hablar poco, no por falta de ganas de expresar su inconformismo, sino porque tienen que darse prisa para hacer fila y cruzar el río temprano, en calma. Saben que un descuido, una desconcentración puede agravar la tragedia que los medios de comunicación le vienen contando a las autoridades nacionales y que ellos sufren con estoicismo desde hace década y media.