Los escollos de la reinserción

En octubre de 2006, Frank Pearl llevaba un mes como alto consejero presidencial para la Reintegración y responsable de la difícil tarea de lograr que 43 mil desmovilizados se reinsertaran efectivamente a la sociedad. El 24 de ese mes, el funcionario se reunió con el subsecretario de Estado de los Estados Unidos, William Burns, para expresarle los resultados conseguidos por su oficina y sus preocupaciones alrededor del programa de Justicia y Paz.

La Embajada estadounidense tomó nota de esta reunión y en un cable diplomático del 1° de noviembre de ese año, informó a Washington sobre los pormenores del encuentro.

La comunicación refiere que lo primero que comentó Pearl fue su interés en cambiar el programa de reinserción y pasar de uno en el que todos los desmovilizados recibían el mismo tratamiento, a uno en el cual cada reinsertado tuviera un trato particular, según sus condiciones y rango.

El funcionario aseguró que consideraba la posibilidad de construir perfiles individuales que tuvieran en cuenta las condiciones psicosociales, ocupacionales y educativas de cada reinsertado, y que le permitieran a su oficina una mayor efectividad a la hora de trabajar con los desmovilizados.

Pearl mencionó que el comandante de un bloque no podía ser tratado igual que un paramilitar raso, debido a sus antecedentes. Agregó que en Medellín había conocido a jefes paramilitares que habían sido abogados y tenían estudios que los separaban del común. Dijo que tratar a cada desmovilizado según su rango y cualidades podría ayudar a desmantelar más fácilmente las diferentes estructuras paramilitares.

Así mismo, resaltó la necesidad de que los funcionarios de su oficina salieran de Bogotá y trabajaran mancomunadamente con las autoridades locales que se habían mostrado reacias a colaborar con el Gobierno.

Siguiendo con el diagnóstico de los problemas que había encontrado en su primer mes de labores, Pearl afirmó que por lo menos el 80% de los recursos del programa de reinserción se habían usado en gastos administrativos y de funcionamiento, y que una parte muy reducida del presupuesto había sido usada en proyectos de terapia ocupacional y educación de los desmovilizados.

No obstante, aseguró que estaba a la búsqueda de donantes interesados en promover el programa de reinserción. Incluso afirmó que había llegado a un acuerdo con la corporación Microsoft para crear un programa que facilitara el seguimiento y manejo de los 43 mil desmovilizados.

Pearl agregó que estaba organizando un equipo para desarrollar su estrategia de desmovilización a largo plazo. El equipo estaría compuesto por expertos de las universidades de Harvard, Princeton y Columbia, oficiales estadounidenses, un belga que había participado en 70 procesos similares alrededor del mundo y un británico que recién había llegado de Afganistán. El comisionado mencionó que la estrategia estaría lista para diciembre de ese año. Sin embargo, fue concreto al afirmar que el proceso de reinserción tomaría más de lo esperado.

Al respecto, el subsecretario de Estado Burns, mencionó que respetaba profundamente lo conseguido por el Gobierno colombiano, pero que se requería de más esfuerzos para contrarrestar el escepticismo de la sociedad civil y de varios congresistas estadounidenses.

Así mismo, destacó la intención de Estados Unidos de mantener su apoyo a Colombia, ratificar el TLC y extender el acuerdo de preferencias arancelarias, ATPDEA. Afirmó, no obstante, que la aprobación de todo esto por parte del congreso estadounidense requería de mejoras en la defensa de los derechos humanos y la aplicación efectiva de la Ley de Justicia y Paz. Por ello su recomendación para Pearl fue que le solicitara a la Fiscalía progresos en la aplicación de esta ley.

Agregó que Colombia y Estados Unidos debían hacer más esfuerzos para comunicar los resultados del programa de Justicia y Paz y que era necesario un compromiso mayor con este programa debido a que, según él, “no se podía tener el palo sin zanahoria”. El reto, dijo, era el de evitar que los desmovilizados reincidieran o se unieran a las Farc.

La reinserción sigue siendo una materia perdida para el Gobierno. Así mismo, apenas cinco personas han sido condenadas bajo la Ley de Justicia y Paz, hecho que recientemente motivó a la fiscal general, Vivianne Morales, a anunciar medidas para reactivar el programa y lograr más sentencias.

Burns no estaba desatinado en sus recomendaciones y su preocupación adquiere relevancia después de que el hoy alto consejero presidencial para la Reintegración, Alejandro Eder, reveló que se desconoce el paradero de por lo menos 8 mil desmovilizados y que muchos de ellos han reincidido e, incluso, se han unido a las bandas criminales.

En octubre de 2006, Frank Pearl llevaba un mes como alto consejero presidencial para la Reintegración y responsable de la difícil tarea de lograr que 43 mil desmovilizados se reinsertaran efectivamente a la sociedad. El 24 de ese mes, el funcionario se reunió con el subsecretario de Estado de los Estados Unidos, William Burns, para expresarle los resultados conseguidos por su oficina y sus preocupaciones alrededor del programa de Justicia y Paz.

La Embajada estadounidense tomó nota de esta reunión y en un cable diplomático del 1° de noviembre de ese año, informó a Washington sobre los pormenores del encuentro.

La comunicación refiere que lo primero que comentó Pearl fue su interés en cambiar el programa de reinserción y pasar de uno en el que todos los desmovilizados recibían el mismo tratamiento, a uno en el cual cada reinsertado tuviera un trato particular, según sus condiciones y rango.

El funcionario aseguró que consideraba la posibilidad de construir perfiles individuales que tuvieran en cuenta las condiciones psicosociales, ocupacionales y educativas de cada reinsertado, y que le permitieran a su oficina una mayor efectividad a la hora de trabajar con los desmovilizados.

Pearl mencionó que el comandante de un bloque no podía ser tratado igual que un paramilitar raso, debido a sus antecedentes. Agregó que en Medellín había conocido a jefes paramilitares que habían sido abogados y tenían estudios que los separaban del común. Dijo que tratar a cada desmovilizado según su rango y cualidades podría ayudar a desmantelar más fácilmente las diferentes estructuras paramilitares.

Así mismo, resaltó la necesidad de que los funcionarios de su oficina salieran de Bogotá y trabajaran mancomunadamente con las autoridades locales que se habían mostrado reacias a colaborar con el Gobierno.

Siguiendo con el diagnóstico de los problemas que había encontrado en su primer mes de labores, Pearl afirmó que por lo menos el 80% de los recursos del programa de reinserción se habían usado en gastos administrativos y de funcionamiento, y que una parte muy reducida del presupuesto había sido usada en proyectos de terapia ocupacional y educación de los desmovilizados.

No obstante, aseguró que estaba a la búsqueda de donantes interesados en promover el programa de reinserción. Incluso afirmó que había llegado a un acuerdo con la corporación Microsoft para crear un programa que facilitara el seguimiento y manejo de los 43 mil desmovilizados.

Pearl agregó que estaba organizando un equipo para desarrollar su estrategia de desmovilización a largo plazo. El equipo estaría compuesto por expertos de las universidades de Harvard, Princeton y Columbia, oficiales estadounidenses, un belga que había participado en 70 procesos similares alrededor del mundo y un británico que recién había llegado de Afganistán. El comisionado mencionó que la estrategia estaría lista para diciembre de ese año. Sin embargo, fue concreto al afirmar que el proceso de reinserción tomaría más de lo esperado.

Al respecto, el subsecretario de Estado Burns, mencionó que respetaba profundamente lo conseguido por el Gobierno colombiano, pero que se requería de más esfuerzos para contrarrestar el escepticismo de la sociedad civil y de varios congresistas estadounidenses.

Así mismo, destacó la intención de Estados Unidos de mantener su apoyo a Colombia, ratificar el TLC y extender el acuerdo de preferencias arancelarias, ATPDEA. Afirmó, no obstante, que la aprobación de todo esto por parte del congreso estadounidense requería de mejoras en la defensa de los derechos humanos y la aplicación efectiva de la Ley de Justicia y Paz. Por ello su recomendación para Pearl fue que le solicitara a la Fiscalía progresos en la aplicación de esta ley.

Agregó que Colombia y Estados Unidos debían hacer más esfuerzos para comunicar los resultados del programa de Justicia y Paz y que era necesario un compromiso mayor con este programa debido a que, según él, “no se podía tener el palo sin zanahoria”. El reto, dijo, era el de evitar que los desmovilizados reincidieran o se unieran a las Farc.

La reinserción sigue siendo una materia perdida para el Gobierno. Así mismo, apenas cinco personas han sido condenadas bajo la Ley de Justicia y Paz, hecho que recientemente motivó a la fiscal general, Vivianne Morales, a anunciar medidas para reactivar el programa y lograr más sentencias.

Burns no estaba desatinado en sus recomendaciones y su preocupación adquiere relevancia después de que el hoy alto consejero presidencial para la Reintegración, Alejandro Eder, reveló que se desconoce el paradero de por lo menos 8 mil desmovilizados y que muchos de ellos han reincidido e, incluso, se han unido a las bandas criminales.