Los líos "verdes" de Dilma Rousseff

Blindar el medio ambiente y progresar. Ése parece ser el objetivo de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, que en junio recibió a los representantes de más de 190 países en la cumbre medioambiental Río+20. Hablaron, en ese entonces, de progresar sin dañar el medio ambiente, de fomentar la calidad de vida sin depreciar los recursos naturales. Sin embargo, sus esfuerzos para conciliar esos dos temas parecen estar en problemas.

Ahora la Quinta Sala del Tribunal Federal de la Primera Región ordenó suspender la construcción de la presa de Belo Monte, en el estado Pará, que el gobierno de Rousseff apoya como parte de su Plan de Aceleración Económica (PAC) para reducir el déficit energético. Las razones del tribunal fueron concisas: el área de influencia de la presa —500 kilómetros cuadrados de zona inundable— pertenece a las comunidades indígenas, a quienes el Gobierno no consultó como era debido.

La presa de Belo Monte sería la tercera más grande del mundo, luego de Tres Gargantas, en China, e Itaipú, en la frontera entre Brasil y Paraguay. Cerca de 12.000 millones de euros serán invertidos en la obra, que comenzaría a funcionar en 2015 si, de algún modo, los abogados de Norte Energía, la empresa potentada de la presa, logran desatar este nudo jurídico. La presa producirá 11.000 megavatios de energía a toda marcha y 4.600 en promedio.

Las obras, que iniciaron en marzo del año pasado, aún no se han detenido. Fuentes de Norte Energía dijeron a El País de España que la empresa no había recibido ninguna notificación. La decisión podría ser apelada ante el Tribunal Supremo de Brasil. De cualquier modo, si no obedece a la suspensión del tribunal, Norte Energía enfrentaría multas de hasta US$250.000 diarios. Y ése no es el único lío alrededor de la construcción de la presa de Belo Monte.

“Las comunidades deben ser respetadas”

El magistrado Antonio de Souza Prudente, cabeza del tribunal que tomó la decisión sobre la presa, arguyó: “No podemos aceptar esta dictadura que vemos en Brasil. Se hace una obra y se pregunta después. Las comunidades indígenas necesitan ser oídas y respetadas”. Ésa fue, en general, una de las razones para ordenar la suspensión de las obras. El Gobierno no tiene una cifra exacta de cuántos indígenas viven en la zona —muchas tribus, incluso, se encuentran lejos del contacto con las grandes ciudades—, pero sabe que parte de ese territorio pertenece a las etnias Jurura y Arara.

De Souza aseguró que el Gobierno designó a entidades —como el Instituto Brasileño de Medio Ambiente (Ibama)— que no eran adecuadas para realizar las consultas previas y que la Constitución brasileña protege los territorios indígenas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también rechazó el proyecto por la misma razón. Algunas comunidades indígenas han presentado sus quejas y argumentado que el Gobierno no los ha buscado. Incluso, alegan que parte de los 500 kilómetros cuadrados inundables son terrenos agrícolas, uno de los principales sustentos de las etnias. Cuando los indígenas protestaron el año pasado, en plena discusión del proyecto, dijeron que cerca de 50.000 tendrían que desplazarse de sus hogares.

El tribunal también se basó en una petición del Ministerio Público del estado de Pará, que aseguró que el Supremo Tribunal Federal, por entonces en cabeza de Ellen Gracie, había avalado el proyecto en un “decisión unilateral” que no tuvo en cuenta la opinión de los demás miembros de la corte. De Souza apuntó también que hay irregularidades en el paso del proyecto por el Senado al carecer de estudios previos y consultas más amplias.

¿Daños ambientales?

Pero, después de tanta discusión política, ¿cuáles serían las verdaderas consecuencias de la construcción de la presa? ¿Por qué, si es solo un problema político o constitucional, los ambientalistas entraron en la discusión?

La presa es construida sobre el río Xingú, afluente del río Amazonas. Varios estudios —citados por El País— aseguran que esto provocaría duros altibajos en el nivel del río y que su circulación normal se vería afectada. La consecuencia inmediata, teniendo en cuenta que las tierras vecinas al río son utilizadas para agricultura y que los indígenas utilizan la pesca como actividad económica, sería el declive financiero de estas comunidades.

El gobierno de Rousseff, sin embargo, continúa apoyando el proyecto. Su objetivo es que en una década el consumo de energía per cápita en Brasil crezca 60%. El Ibama aprobó el proyecto de junio de 2011, a pesar de las denuncias de ambientalistas e indígenas, argumentando que “incluyó exigencias que garantizan ganancias sociales y ambientales”.

La empresa Norte Energía respondió en un comunicado: “El primer perjudicado con una eventual paralización de las obras será Brasil. Traerá consecuencias negativas e imprevisibles para la matriz energética brasileña y será necesario activar las centrales termoeléctricas, mucho más contaminantes y con costos mucho más elevados”.

Rousseff, cara y sello

El papel de Rousseff en los últimos meses ha sido ambiguo. Poco antes de iniciar las sesiones en Río+20, cuyo informe final no convenció del todo a la comunidad ambiental, Rousseff tuvo que decidir si avalaba o no un proyecto que pretendía reformar la ley forestal de 1965, que protegía determinadas áreas naturales de la deforestación. El proyecto —que permitiría que más de 70 millones de hectáreas fueran arrasadas— fue aprobado por el Senado brasileño y luego llegó a la oficina de Rousseff, que vetó buena parte del articulado. Pero la pretensión de algunos sectores políticos, asociados al sector agrícola, sigue en pie.

En ese entonces, Rousseff salvó su imagen, aunque los ambientalistas siguieron con su petición de que vetara el articulado completo. Ahora, Rousseff se ha mostrado reacia a las protestas contra la presa. De hecho, cuando iniciaron las manifestaciones en contra del proyecto y los comentarios de organizaciones ambientales, como The Nature Conservancy (TNC), Rousseff aseguró que no detendría la construcción de la presa, pues es un objetivo principal de su Gobierno.

El Ibama exigió a Norte Energía que, además de proveer energía al pueblo brasileño, el proyecto debe traer bienestar a los pobladores de la zona. El consorcio, por su parte, prometió una inversión de 43 millones de euros como parte de una “compensación ambiental”. Quienes están en contra de la presa dicen todo lo contrario: nada de lo que intente compensar podrá ser recuperado.

*Con información de El País de España

Blindar el medio ambiente y progresar. Ése parece ser el objetivo de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, que en junio recibió a los representantes de más de 190 países en la cumbre medioambiental Río+20. Hablaron, en ese entonces, de progresar sin dañar el medio ambiente, de fomentar la calidad de vida sin depreciar los recursos naturales. Sin embargo, sus esfuerzos para conciliar esos dos temas parecen estar en problemas.

Ahora la Quinta Sala del Tribunal Federal de la Primera Región ordenó suspender la construcción de la presa de Belo Monte, en el estado Pará, que el gobierno de Rousseff apoya como parte de su Plan de Aceleración Económica (PAC) para reducir el déficit energético. Las razones del tribunal fueron concisas: el área de influencia de la presa —500 kilómetros cuadrados de zona inundable— pertenece a las comunidades indígenas, a quienes el Gobierno no consultó como era debido.

La presa de Belo Monte sería la tercera más grande del mundo, luego de Tres Gargantas, en China, e Itaipú, en la frontera entre Brasil y Paraguay. Cerca de 12.000 millones de euros serán invertidos en la obra, que comenzaría a funcionar en 2015 si, de algún modo, los abogados de Norte Energía, la empresa potentada de la presa, logran desatar este nudo jurídico. La presa producirá 11.000 megavatios de energía a toda marcha y 4.600 en promedio.

Las obras, que iniciaron en marzo del año pasado, aún no se han detenido. Fuentes de Norte Energía dijeron a El País de España que la empresa no había recibido ninguna notificación. La decisión podría ser apelada ante el Tribunal Supremo de Brasil. De cualquier modo, si no obedece a la suspensión del tribunal, Norte Energía enfrentaría multas de hasta US$250.000 diarios. Y ése no es el único lío alrededor de la construcción de la presa de Belo Monte.

“Las comunidades deben ser respetadas”

El magistrado Antonio de Souza Prudente, cabeza del tribunal que tomó la decisión sobre la presa, arguyó: “No podemos aceptar esta dictadura que vemos en Brasil. Se hace una obra y se pregunta después. Las comunidades indígenas necesitan ser oídas y respetadas”. Ésa fue, en general, una de las razones para ordenar la suspensión de las obras. El Gobierno no tiene una cifra exacta de cuántos indígenas viven en la zona —muchas tribus, incluso, se encuentran lejos del contacto con las grandes ciudades—, pero sabe que parte de ese territorio pertenece a las etnias Jurura y Arara.

De Souza aseguró que el Gobierno designó a entidades —como el Instituto Brasileño de Medio Ambiente (Ibama)— que no eran adecuadas para realizar las consultas previas y que la Constitución brasileña protege los territorios indígenas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también rechazó el proyecto por la misma razón. Algunas comunidades indígenas han presentado sus quejas y argumentado que el Gobierno no los ha buscado. Incluso, alegan que parte de los 500 kilómetros cuadrados inundables son terrenos agrícolas, uno de los principales sustentos de las etnias. Cuando los indígenas protestaron el año pasado, en plena discusión del proyecto, dijeron que cerca de 50.000 tendrían que desplazarse de sus hogares.

El tribunal también se basó en una petición del Ministerio Público del estado de Pará, que aseguró que el Supremo Tribunal Federal, por entonces en cabeza de Ellen Gracie, había avalado el proyecto en un “decisión unilateral” que no tuvo en cuenta la opinión de los demás miembros de la corte. De Souza apuntó también que hay irregularidades en el paso del proyecto por el Senado al carecer de estudios previos y consultas más amplias.

¿Daños ambientales?

Pero, después de tanta discusión política, ¿cuáles serían las verdaderas consecuencias de la construcción de la presa? ¿Por qué, si es solo un problema político o constitucional, los ambientalistas entraron en la discusión?

La presa es construida sobre el río Xingú, afluente del río Amazonas. Varios estudios —citados por El País— aseguran que esto provocaría duros altibajos en el nivel del río y que su circulación normal se vería afectada. La consecuencia inmediata, teniendo en cuenta que las tierras vecinas al río son utilizadas para agricultura y que los indígenas utilizan la pesca como actividad económica, sería el declive financiero de estas comunidades.

El gobierno de Rousseff, sin embargo, continúa apoyando el proyecto. Su objetivo es que en una década el consumo de energía per cápita en Brasil crezca 60%. El Ibama aprobó el proyecto de junio de 2011, a pesar de las denuncias de ambientalistas e indígenas, argumentando que “incluyó exigencias que garantizan ganancias sociales y ambientales”.

La empresa Norte Energía respondió en un comunicado: “El primer perjudicado con una eventual paralización de las obras será Brasil. Traerá consecuencias negativas e imprevisibles para la matriz energética brasileña y será necesario activar las centrales termoeléctricas, mucho más contaminantes y con costos mucho más elevados”.

Rousseff, cara y sello

El papel de Rousseff en los últimos meses ha sido ambiguo. Poco antes de iniciar las sesiones en Río+20, cuyo informe final no convenció del todo a la comunidad ambiental, Rousseff tuvo que decidir si avalaba o no un proyecto que pretendía reformar la ley forestal de 1965, que protegía determinadas áreas naturales de la deforestación. El proyecto —que permitiría que más de 70 millones de hectáreas fueran arrasadas— fue aprobado por el Senado brasileño y luego llegó a la oficina de Rousseff, que vetó buena parte del articulado. Pero la pretensión de algunos sectores políticos, asociados al sector agrícola, sigue en pie.

En ese entonces, Rousseff salvó su imagen, aunque los ambientalistas siguieron con su petición de que vetara el articulado completo. Ahora, Rousseff se ha mostrado reacia a las protestas contra la presa. De hecho, cuando iniciaron las manifestaciones en contra del proyecto y los comentarios de organizaciones ambientales, como The Nature Conservancy (TNC), Rousseff aseguró que no detendría la construcción de la presa, pues es un objetivo principal de su Gobierno.

El Ibama exigió a Norte Energía que, además de proveer energía al pueblo brasileño, el proyecto debe traer bienestar a los pobladores de la zona. El consorcio, por su parte, prometió una inversión de 43 millones de euros como parte de una “compensación ambiental”. Quienes están en contra de la presa dicen todo lo contrario: nada de lo que intente compensar podrá ser recuperado.

*Con información de El País de España