Los puntos de la reforma a la salud que nadie ha visto

¿Qué tiene de bueno la reforma a la salud? A los líderes de asociaciones médicas que este diario les ha hecho esta pregunta han contestado con un seco “nada”. Los voceros de los pacientes también se han declarado en desacuerdo total con este proyecto, mientras otros sectores, como el de clínicas y hospitales, y EPS, han resaltado, por ejemplo, la propuesta que busca crear un fondo único para el manejo de los recursos, que tendría como nombre Salud Mía.

Entre la marejada de críticas a la reforma a la salud ha quedado opacada una propuesta que quiere ponerle freno a la industria farmacéutica y a los elevados precios de los medicamentos.

En el proyecto de ley que cursa en el Congreso —cuya suerte probablemente se definirá esta semana, cuando la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes resuelva una ponencia negativa y vote si aprueba o no archivarlo—, existen tres artículos que le pondrían límites a este mercado, que durante una década estuvo sin regulación.

Uno de ellos establece que se elimine la Comisión Nacional de Precios y Medicamentos y Dispositivos Médicos, que es hoy la que fija las reglas del juego y está conformada por los ministros de Salud y Comercio, así como un representante de la Presidencia.

Al desaparecer esta comisión se acabaría una pugna histórica entre los ministerios de Comercio y Salud, que a la hora de fijar los precios de los fármacos perseguían intereses diferentes: mientras el primero se concentraba en la industria, el segundo tenía como fin único la salud pública. Si la reforma a la salud fuera aprobada, esta tarea quedaría sólo en manos del Minsalud.

Este proyecto también plantea que la regulación de precios de medicamentos “incorporará información de precios de referencia internacional”, lo que quiere decir que las medidas que ha venido tomando este Gobierno para regular la industria pasarían a tener rango de ley. Además se establece que los precios serán establecidos antes de su entrada al mercado (hoy no ocurre así), lo que de entrada les dejaría las reglas del juego claro a las farmacéuticas.

Y una medida más: la reforma a la salud crea un mecanismo para atacar los excesos en el otorgamiento de patentes, que está en manos de la Superintendencia de Industria y Comercio. Si esta propuesta pasara a ser una realidad, antes de entregar una patente la Superindustria necesitaría un concepto técnico del Ministerio de Salud sobre “la patentabilidad de las invenciones en salud” .

Si el Congreso no le da su aval a la reforma a la salud, ¿qué pasaría con estas medidas? El ministro de Salud, Alejandro Gaviria, señala que aunque el control de precios podría seguirse haciendo a través de decretos, se quedarían sin herramientas para llevar a cabo los otros cambios: la Comisión Nacional de Precios tendría que permanecer como está hoy, y la exigencia de un concepto previo para entregar patentes también quedaría sin piso.

“Nadie ha dicho que existe una serie de artículos progresistas que tratan de lidiar un problema que todos los países están enfrentando. Aquí están desabasteciendo medicamentos como el metrotexate para introducir fármacos que valen 100 veces más. Si los países no se protegen los sistemas de salud, éstos no van a ser viables. Y nadie quiere dar ese debate”, dice Gaviria.

¿Qué tiene de bueno la reforma a la salud? A los líderes de asociaciones médicas que este diario les ha hecho esta pregunta han contestado con un seco “nada”. Los voceros de los pacientes también se han declarado en desacuerdo total con este proyecto, mientras otros sectores, como el de clínicas y hospitales, y EPS, han resaltado, por ejemplo, la propuesta que busca crear un fondo único para el manejo de los recursos, que tendría como nombre Salud Mía.

Entre la marejada de críticas a la reforma a la salud ha quedado opacada una propuesta que quiere ponerle freno a la industria farmacéutica y a los elevados precios de los medicamentos.

En el proyecto de ley que cursa en el Congreso —cuya suerte probablemente se definirá esta semana, cuando la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes resuelva una ponencia negativa y vote si aprueba o no archivarlo—, existen tres artículos que le pondrían límites a este mercado, que durante una década estuvo sin regulación.

Uno de ellos establece que se elimine la Comisión Nacional de Precios y Medicamentos y Dispositivos Médicos, que es hoy la que fija las reglas del juego y está conformada por los ministros de Salud y Comercio, así como un representante de la Presidencia.

Al desaparecer esta comisión se acabaría una pugna histórica entre los ministerios de Comercio y Salud, que a la hora de fijar los precios de los fármacos perseguían intereses diferentes: mientras el primero se concentraba en la industria, el segundo tenía como fin único la salud pública. Si la reforma a la salud fuera aprobada, esta tarea quedaría sólo en manos del Minsalud.

Este proyecto también plantea que la regulación de precios de medicamentos “incorporará información de precios de referencia internacional”, lo que quiere decir que las medidas que ha venido tomando este Gobierno para regular la industria pasarían a tener rango de ley. Además se establece que los precios serán establecidos antes de su entrada al mercado (hoy no ocurre así), lo que de entrada les dejaría las reglas del juego claro a las farmacéuticas.

Y una medida más: la reforma a la salud crea un mecanismo para atacar los excesos en el otorgamiento de patentes, que está en manos de la Superintendencia de Industria y Comercio. Si esta propuesta pasara a ser una realidad, antes de entregar una patente la Superindustria necesitaría un concepto técnico del Ministerio de Salud sobre “la patentabilidad de las invenciones en salud” .

Si el Congreso no le da su aval a la reforma a la salud, ¿qué pasaría con estas medidas? El ministro de Salud, Alejandro Gaviria, señala que aunque el control de precios podría seguirse haciendo a través de decretos, se quedarían sin herramientas para llevar a cabo los otros cambios: la Comisión Nacional de Precios tendría que permanecer como está hoy, y la exigencia de un concepto previo para entregar patentes también quedaría sin piso.

“Nadie ha dicho que existe una serie de artículos progresistas que tratan de lidiar un problema que todos los países están enfrentando. Aquí están desabasteciendo medicamentos como el metrotexate para introducir fármacos que valen 100 veces más. Si los países no se protegen los sistemas de salud, éstos no van a ser viables. Y nadie quiere dar ese debate”, dice Gaviria.