Los reparos de la Contraloría a Cerrejón

Durante este año, el presidente de Cerrejón, Roberto Junguito, ha repetido una y otra vez que el proyecto de desviación del río Ranchería, en La Guajira (que pretende la explotación de 530’000.000 de toneladas de carbón que se encuentran debajo del curso de agua), aún está en etapa de estudios de evaluación y prefactibilidad.

Y aunque los ministros de Minas y Ambiente han dicho que a sus despachos nunca ha llegado la propuesta de la empresa, esta semana el senador Jorge Robledo presentó ante el Congreso una serie de actas de reuniones entre la minera y las comunidades indígenas —en formatos del Ministerio del Interior— que muestran cómo desde 2011 se vienen adelantando encuentros con las comunidades, reseñados como “proceso de consulta previa del proyecto de expansión P-500 Iiwo’uyaa”.

“Si no tienen un proyecto terminado, entonces, ¿sobre qué están haciendo consultas? Además se están yendo a comprar indígenas: los preacuerdos firmados incluyen promesas para construir jagüeyes y que la empresa les dé chivos y caballos”, dice Robledo.

Sobre los encuentros con las comunidades, el viceministro del Interior, Aníbal Fernández, explicó que, junto a Cerrejón, ese ministerio tan sólo ha adelantado un proceso de socialización de la propuesta de desviación del río, que le permitirá a la empresa reunir información sobre los impactos socioeconómicos y ambientales de la zona para elaborar la propuesta formal que se le presentará a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). “Esta es una etapa preliminar”, sostuvo.

Pero otra cosa se lee en las actas de las reuniones aprobadas por los indígenas, la empresa y el propio Ministerio del Interior.

En el caso de Manaure, un acta del 12 de mayo de 2012 reseña que el 20 de junio de 2011 se llevó a cabo la preconsulta sobre el proyecto Iiwo’uyaa con algunos indígenas de ese municipio guajiro. Más adelante, el documento dice que el 18 de julio de ese mismo año se abrió formalmente el proceso de consulta previa y que para la fecha del acta (mayo de 2012) se estaba adelantando la etapa de preacuerdos, en la cual la empresa acepta, entre otras cosas, construir molinos, jagüeyes y pozos con motobombas y entregar 150 rollos de alambre de púas, 24 reses y dos tractores. Al final del preacuerdo aparecen las firmas de seis líderes de las comunidades de Acuaru, Jamanare-Waneturumana, Irruanali I, Irruanali II, Uruwamana y El Carmen, de representantes de Cerrejón y del Mininterior.

El Espectador conoció un documento en el que la contralora, Sandra Morelli, se pronunció sobre las 66 actas de este tipo realizadas en La Guajira, a las que el ente de control tuvo acceso. Morelli recordó que, según la Constitución, los procesos de preconsultas deben “limitarse a definir el procedimiento de la consulta previa. En esta etapa no se llega a acuerdos con las comunidades sobre la conveniencia del proyecto, tan sólo se define la manera como se va a adelantar la consulta”. Además catalogó los preacuerdos de Cerrejón como una suplantación del orden jurídico de las consultas y dijo que “estos compromisos buscan alienar el derecho colectivo con prebendas propias de la conquista española”.

Ante el Congreso, el ministro de Ambiente, Juan Gabriel Uribe, concluyó: “Puede que el proyecto de desviación del río Ranchería se esté estudiando, pero la fuerte oposición que he visto por parte del Congreso y de algunas comunidades me hace pensar que no parece viable”.

El Espectador se comunicó con Martha Benavides, directora de comunicaciones de Cerrejón para conocer el punto de vista del vocero Juan Carlos Restrepo pero al cierre de esta edición no había sido posible recibir su respuesta.

Durante este año, el presidente de Cerrejón, Roberto Junguito, ha repetido una y otra vez que el proyecto de desviación del río Ranchería, en La Guajira (que pretende la explotación de 530’000.000 de toneladas de carbón que se encuentran debajo del curso de agua), aún está en etapa de estudios de evaluación y prefactibilidad.

Y aunque los ministros de Minas y Ambiente han dicho que a sus despachos nunca ha llegado la propuesta de la empresa, esta semana el senador Jorge Robledo presentó ante el Congreso una serie de actas de reuniones entre la minera y las comunidades indígenas —en formatos del Ministerio del Interior— que muestran cómo desde 2011 se vienen adelantando encuentros con las comunidades, reseñados como “proceso de consulta previa del proyecto de expansión P-500 Iiwo’uyaa”.

“Si no tienen un proyecto terminado, entonces, ¿sobre qué están haciendo consultas? Además se están yendo a comprar indígenas: los preacuerdos firmados incluyen promesas para construir jagüeyes y que la empresa les dé chivos y caballos”, dice Robledo.

Sobre los encuentros con las comunidades, el viceministro del Interior, Aníbal Fernández, explicó que, junto a Cerrejón, ese ministerio tan sólo ha adelantado un proceso de socialización de la propuesta de desviación del río, que le permitirá a la empresa reunir información sobre los impactos socioeconómicos y ambientales de la zona para elaborar la propuesta formal que se le presentará a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). “Esta es una etapa preliminar”, sostuvo.

Pero otra cosa se lee en las actas de las reuniones aprobadas por los indígenas, la empresa y el propio Ministerio del Interior.

En el caso de Manaure, un acta del 12 de mayo de 2012 reseña que el 20 de junio de 2011 se llevó a cabo la preconsulta sobre el proyecto Iiwo’uyaa con algunos indígenas de ese municipio guajiro. Más adelante, el documento dice que el 18 de julio de ese mismo año se abrió formalmente el proceso de consulta previa y que para la fecha del acta (mayo de 2012) se estaba adelantando la etapa de preacuerdos, en la cual la empresa acepta, entre otras cosas, construir molinos, jagüeyes y pozos con motobombas y entregar 150 rollos de alambre de púas, 24 reses y dos tractores. Al final del preacuerdo aparecen las firmas de seis líderes de las comunidades de Acuaru, Jamanare-Waneturumana, Irruanali I, Irruanali II, Uruwamana y El Carmen, de representantes de Cerrejón y del Mininterior.

El Espectador conoció un documento en el que la contralora, Sandra Morelli, se pronunció sobre las 66 actas de este tipo realizadas en La Guajira, a las que el ente de control tuvo acceso. Morelli recordó que, según la Constitución, los procesos de preconsultas deben “limitarse a definir el procedimiento de la consulta previa. En esta etapa no se llega a acuerdos con las comunidades sobre la conveniencia del proyecto, tan sólo se define la manera como se va a adelantar la consulta”. Además catalogó los preacuerdos de Cerrejón como una suplantación del orden jurídico de las consultas y dijo que “estos compromisos buscan alienar el derecho colectivo con prebendas propias de la conquista española”.

Ante el Congreso, el ministro de Ambiente, Juan Gabriel Uribe, concluyó: “Puede que el proyecto de desviación del río Ranchería se esté estudiando, pero la fuerte oposición que he visto por parte del Congreso y de algunas comunidades me hace pensar que no parece viable”.

El Espectador se comunicó con Martha Benavides, directora de comunicaciones de Cerrejón para conocer el punto de vista del vocero Juan Carlos Restrepo pero al cierre de esta edición no había sido posible recibir su respuesta.