Los retos de la educación en la crisis

A lo largo de los ocho meses de la pandemia de COVID-19, el sector de la educación ha asumido con compromiso y entereza los desafíos que implica la enseñanza a través de medios remotos y virtuales, adaptándose a las nuevas circunstancias y cumpliendo sus responsabilidades misionales con pertinencia y calidad. Pero esta ‘normalidad’ en que nos encontramos implica cada día retos de mayor complejidad que ameritan la total dedicación del sector.

Es tarea obligatoria garantizar la continuidad de los procesos formativos, sortear las dificultades de la conectividad y el analfabetismo digital, mantener el interés de los estudiantes, al igual que preservar su salud mental en estas condiciones inéditas de riesgo y distanciamiento interpersonal.

También es fundamental asegurar la formación permanente de los profesores para fortalecer sus competencias pedagógicas y digitales, y que estén dotados del equipamiento tecnológico para asumir las exigencias actuales de la educación virtual y por telepresencia, que les permitan cumplir a cabalidad su misión educadora. A propósito de la conmemoración del Día Mundial del Docente, la Unesco, la OIT y Unicef indicaron, en un pronunciamiento conjunto, que son más de 63 millones los profesores afectados con el cierre de las aulas, situación que ha evidenciado las limitaciones y deficiencias de los sistemas educativos, empeorando las condiciones de aprendizaje de niños y jóvenes con privaciones socioeconómicas y marginalidad. Así mismo, instaron a los gobiernos a tomar medidas urgentes para impedir una “catástrofe educativa”, llamándolos a preservar la financiación de la educación y a invertir, aún más, en la formación de los docentes, haciendo énfasis en el manejo y aplicación de las TIC en los procesos pedagógicos.

Las organizaciones educativas también tienen el compromiso de adecuar sus estructuras a las nuevas realidades para hacer posible la labor educativa y responder ante la sociedad por la misión que asumieron. En este sentido es interesante el planteamiento que al respecto hace el vicepresidente del Instituto de Empresa de Madrid, Juan José Güemes, exponiendo que lo bueno de estas situaciones críticas y disruptivas es que permiten pensar rápido y actuar fuera de lo convencional. Esa institución ideó el concepto de ‘educación líquida’, que “combina lo mejor de los dos mundos: el presencial y el online, pues no se puede prescindir del mundo presencial. Un campus es mucho más que las sesiones académicas y no todas las sesiones académicas se dan de una manera óptima en el mundo online”.

Esta época exigente es la ocasión propicia para que el Gobierno Nacional fortalezca las políticas públicas, reenfocándolas en la búsqueda del equilibrio y cierre de brechas de las condiciones de calidad y cobertura entre las regiones del país.

Un análisis del Banco Mundial sobre el impacto potencial del cierre de las escuelas por la COVID-19 apunta a que representaría la pérdida de 0,6 años de escolaridad, lo que generará que el aprendizaje efectivo de un estudiante puede bajar de 7,9 años a 7,3 años. Es decir, una profundización de las disparidades existentes durante su periodo escolar y en su vida laboral, con repercusiones en el desarrollo social.

Hoy tenemos una oportunidad de oro para realizar los ajustes que estimulen el acceso equitativo a una formación de calidad e impactar positivamente en la educación, la cultura y la calidad de vida de las comunidades. Confiamos en que los recursos aprobados en el presupuesto de la Nación 2021 para la educación, por $47,2 billones (en 2020 fueron $44,1 billones), y el compromiso del personal profesoral, nos permitan afrontar con éxito estos grandes desafíos.

*Rector de la Universidad Simón Bolívar.

A lo largo de los ocho meses de la pandemia de COVID-19, el sector de la educación ha asumido con compromiso y entereza los desafíos que implica la enseñanza a través de medios remotos y virtuales, adaptándose a las nuevas circunstancias y cumpliendo sus responsabilidades misionales con pertinencia y calidad. Pero esta ‘normalidad’ en que nos encontramos implica cada día retos de mayor complejidad que ameritan la total dedicación del sector.

Es tarea obligatoria garantizar la continuidad de los procesos formativos, sortear las dificultades de la conectividad y el analfabetismo digital, mantener el interés de los estudiantes, al igual que preservar su salud mental en estas condiciones inéditas de riesgo y distanciamiento interpersonal.

También es fundamental asegurar la formación permanente de los profesores para fortalecer sus competencias pedagógicas y digitales, y que estén dotados del equipamiento tecnológico para asumir las exigencias actuales de la educación virtual y por telepresencia, que les permitan cumplir a cabalidad su misión educadora. A propósito de la conmemoración del Día Mundial del Docente, la Unesco, la OIT y Unicef indicaron, en un pronunciamiento conjunto, que son más de 63 millones los profesores afectados con el cierre de las aulas, situación que ha evidenciado las limitaciones y deficiencias de los sistemas educativos, empeorando las condiciones de aprendizaje de niños y jóvenes con privaciones socioeconómicas y marginalidad. Así mismo, instaron a los gobiernos a tomar medidas urgentes para impedir una “catástrofe educativa”, llamándolos a preservar la financiación de la educación y a invertir, aún más, en la formación de los docentes, haciendo énfasis en el manejo y aplicación de las TIC en los procesos pedagógicos.

Las organizaciones educativas también tienen el compromiso de adecuar sus estructuras a las nuevas realidades para hacer posible la labor educativa y responder ante la sociedad por la misión que asumieron. En este sentido es interesante el planteamiento que al respecto hace el vicepresidente del Instituto de Empresa de Madrid, Juan José Güemes, exponiendo que lo bueno de estas situaciones críticas y disruptivas es que permiten pensar rápido y actuar fuera de lo convencional. Esa institución ideó el concepto de ‘educación líquida’, que “combina lo mejor de los dos mundos: el presencial y el online, pues no se puede prescindir del mundo presencial. Un campus es mucho más que las sesiones académicas y no todas las sesiones académicas se dan de una manera óptima en el mundo online”.

Esta época exigente es la ocasión propicia para que el Gobierno Nacional fortalezca las políticas públicas, reenfocándolas en la búsqueda del equilibrio y cierre de brechas de las condiciones de calidad y cobertura entre las regiones del país.

Un análisis del Banco Mundial sobre el impacto potencial del cierre de las escuelas por la COVID-19 apunta a que representaría la pérdida de 0,6 años de escolaridad, lo que generará que el aprendizaje efectivo de un estudiante puede bajar de 7,9 años a 7,3 años. Es decir, una profundización de las disparidades existentes durante su periodo escolar y en su vida laboral, con repercusiones en el desarrollo social.

Hoy tenemos una oportunidad de oro para realizar los ajustes que estimulen el acceso equitativo a una formación de calidad e impactar positivamente en la educación, la cultura y la calidad de vida de las comunidades. Confiamos en que los recursos aprobados en el presupuesto de la Nación 2021 para la educación, por $47,2 billones (en 2020 fueron $44,1 billones), y el compromiso del personal profesoral, nos permitan afrontar con éxito estos grandes desafíos.

*Rector de la Universidad Simón Bolívar.