Los verdaderos dueños del Tayrona
Más del 90% del parque está en manos de 261 personas. Recuperarlo le costaría al Estado 1 billón de pesos. No hacerlo significa que los propietarios podrán seguir reclamando permisos ecoturísticos.
Pablo Correa/Juan David Torres
En los videoclips de la campaña Colombia es Pasión el Parque Nacional Tayrona, resguardado por la Sierra Nevada de Santa Marta y bañado por las aguas cristalinas del mar Caribe, es promocionado como uno de esos destinos donde “el riesgo es que te quieras quedar”.
Un eslogan perfecto para resumir su atractivo turístico, pero también la actitud de decenas de personas que han intentado quedarse con un pedazo de este encantador rincón de playas blancas, atolones rocosos, manglares exuberantes, matorrales y donde sobrevive uno de los últimos relictos del bosque seco tropical del mundo.
A pesar de haber sido declarado área protegida en 1969, y por lo tanto patrimonio natural de todos los colombianos, la verdad es que hoy más del 90% del parque está en manos de particulares y después de cuarenta años nada hace pensar que las cosas vayan a cambiar.
Por el contrario, el comercio ilegal de predios que se ha gestado, el tráfico de estupefacientes, el turismo sexual, la pesca sin control, así como el deseo de muchos de sus propietarios de sacar algún provecho económico a través de proyectos ecoturísticos, sólo tienden a empeorar la situación.
Según datos oficiales del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), de 2007, son 59 los dueños del parque, al menos los que tienen predios constituidos legalmente. Se supone que estos propietarios estaban allí cuando el Estado tomó la decisión de declarar área protegida al Tayrona. Pero una investigación jurídica adelantada en 2008 por el abogado Filipo Burgos demostró que eran muchos más, pues los originales se habían loteado en algunos puntos y otros habían entrado a ocupar zonas sin propiedad clara. Hoy, podrían ser unas 261 las personas que reclaman algún derecho sobre la tierra.
Recuperarla legalmente, según un cálculo aproximado, podría costar al país cerca de un billón de pesos. Más o menos la cantidad invertida en la autopista Bogotá-Villavicencio. Una cifra que asusta a las directivas de la Unidad de Parques Nacionales, acostumbradas a resolver problemas con un modesto presupuesto de $25.000 millones para el mantenimiento de los 55 parques que existen en el país.
Pero no es sólo un asunto de dinero. Sanear el Parque Tayrona es desenredar una madeja de problemas como la que envuelve al predio Gairaca, Neguanje, Cinto y Guachaquita. Ubicado en el centro del Parque, abarca un 70% de toda el área protegida. Hasta hoy, nadie ofrece una explicación precisa de por qué ningún gobierno ha sido capaz de devolvérselo al Estado.
Historia de un predio
En 1980, es decir, once años después de la declaración oficial del parque, un abogado de nombre José Castillo Blanco vendió este predio a Antonio Nel Zúñiga y Alfredo Díaz Granados, miembros de dos familias bien conocidas entre los samarios.
El Inderena había ocupado el terreno durante una década. Tres casas construidas allí servían a los funcionarios del gobierno para ejercer sus labores administrativas. Pero Castillo argumentó que le pertenecía desde 1953, época en que lo ganó en una batalla jurídica para uno de sus clientes y éste se lo cedió. Pasarían dos años para que lograra demostrar que la venta era legítima y que él era el dueño. Lo hizo al presentar un título de la Corona española que había revoloteado de mano en mano a lo largo de la historia.
Nada pudo hacer el Inderena para demostrar que se trataba de una transacción ilegal. Una sentencia de la Corte Suprema de Justicia le daba la razón a Castillo y por ende a sus dos nuevos propietarios.
En noviembre de ese año, Alfredo Díaz Granados Caballero vendió a Victoria Carrillo de Aguilera el 49% de la propiedad. Y su socio, Antonio Nel Zúñiga, vendió 51% a Inversiones y Construcciones Zuca Ltda. Transacciones que nuevamente se hacían bajo la mirada cómplice de las autoridades, violando las restricciones impuestas por la declaración de un Parque Nacional.
En 1993, Canel Hermanos Ltda. se hacen con una parte del predio. Hoy, esa gran tajada del parque, que incluye quizás las más bellas playas de toda la costa colombiana, figuran a nombre de Victoria Carrillo, al parecer la madre de la esposa de Carlos Alberto Zúñiga Caballero.
A Antonio Nel y Carlos Alberto Zúñiga Caballero, la Fiscalía les incautó el 50 por ciento de las acciones que tenían en una empresa, Gradesa, que según el Departamento de Estado de EE.UU. mantuvo vínculos con paramilitares. Los Zúñiga fueron investigados por los delitos de concierto para delinquir, usurpación de tierras y desplazamiento forzado de comunidades negras de Curvaradó y Jiguamiandó, en el Bajo Atrato chocoano.
Según la ambientalista y exrepresentante a la Cámara de Representantes Alegría Fonseca, la puerta para el desarrollo de proyectos ecoturísticos en esta zona del parque o en cualquier otra no se cerró cuando el presidente Juan Manuel Santos anunció que se daba por muerto el proyecto de un hotel de siete estrellas.
No le faltan razones para pensar así. El 26 de julio de 2004, un documento Conpes trazó las directrices para el desarrollo de servicios ecoturísticos en los parques nacionales. Una resolución expedida por el Ministerio de Ambiente el mismo año determinó 13 zonas en las que se podrían desarrollar proyectos ecoturísticos en el Tayrona. Parecía el remedio para incrementar los recursos destinados a la protección ambiental. Pero hoy todo apunta a que al abrir esa puerta en realidad se complicó aún más la posibilidad de aclarar la propiedad sobre el Tayrona, un parque que a pesar de todo les sigue ofreciendo a sus visitantes instantes de contemplación y descanso.
Ecoturismo en el Tayrona
El 17 de diciembre de 2004 la directora de la Unidad de Parques Nacionales, Julia Miranda, firmó la resolución 0234, por la cual se determinaba la zonificación del Parque Nacional Natural Tayrona y su “régimen de usos y actividades”.
Con la resolución, el parque quedó dividido en 25 zonas y se autorizó realizar actividades recreativas en 13 sectores, entre ellos las conocidas playas de Cañaveral, Arrecifes, Cabo-piscina.
En total, se destinaron 11.131 metros de playa para este fin y una capacidad total de carga por día para 6.900 personas.
El 4 de julio de 2005 el Gobierno entregó en concesión el parque a la Unión Temporal Parque Tayrona, conformada por la prestigiosa agencia de viajes Aviatur, la Cámara de Comercio de Santa Marta y Alnuva.
Técnicamente quien demuestre propiedad sobre alguna de estas áreas puede solicitar una licencia ambiental para poner en marcha algún tipo de proyecto ecoturístico.
El parque más visitado
Colombia es uno de los países más ricos en diversidad biológica del mundo. Esa diversidad está representada en 56 áreas naturales del Sistema de Parques Nacionales.
El porcentaje del territorio colombiano que se conserva en los parques nacionales naturales de Colombia es del 9,98% del territorio terrestre y el 1,30% del territorio marino.
La resolución Nº 0292 del 18 de agosto de 1969 permitió la creación del Parque Tayrona con una extensión de 15.000 hectáreas (12.000 terrestres y 3.000 marinas).
Ubicado en el litoral Caribe a 34 km de Santa Marta vía Riohacha, departamento del Magdalena, es el parque que más visitantes recibe cada año.
Actualmente una empresa privada, Aviatur, administra un hotel dentro del parque bajo la modalidad de concesión.
En los videoclips de la campaña Colombia es Pasión el Parque Nacional Tayrona, resguardado por la Sierra Nevada de Santa Marta y bañado por las aguas cristalinas del mar Caribe, es promocionado como uno de esos destinos donde “el riesgo es que te quieras quedar”.
Un eslogan perfecto para resumir su atractivo turístico, pero también la actitud de decenas de personas que han intentado quedarse con un pedazo de este encantador rincón de playas blancas, atolones rocosos, manglares exuberantes, matorrales y donde sobrevive uno de los últimos relictos del bosque seco tropical del mundo.
A pesar de haber sido declarado área protegida en 1969, y por lo tanto patrimonio natural de todos los colombianos, la verdad es que hoy más del 90% del parque está en manos de particulares y después de cuarenta años nada hace pensar que las cosas vayan a cambiar.
Por el contrario, el comercio ilegal de predios que se ha gestado, el tráfico de estupefacientes, el turismo sexual, la pesca sin control, así como el deseo de muchos de sus propietarios de sacar algún provecho económico a través de proyectos ecoturísticos, sólo tienden a empeorar la situación.
Según datos oficiales del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), de 2007, son 59 los dueños del parque, al menos los que tienen predios constituidos legalmente. Se supone que estos propietarios estaban allí cuando el Estado tomó la decisión de declarar área protegida al Tayrona. Pero una investigación jurídica adelantada en 2008 por el abogado Filipo Burgos demostró que eran muchos más, pues los originales se habían loteado en algunos puntos y otros habían entrado a ocupar zonas sin propiedad clara. Hoy, podrían ser unas 261 las personas que reclaman algún derecho sobre la tierra.
Recuperarla legalmente, según un cálculo aproximado, podría costar al país cerca de un billón de pesos. Más o menos la cantidad invertida en la autopista Bogotá-Villavicencio. Una cifra que asusta a las directivas de la Unidad de Parques Nacionales, acostumbradas a resolver problemas con un modesto presupuesto de $25.000 millones para el mantenimiento de los 55 parques que existen en el país.
Pero no es sólo un asunto de dinero. Sanear el Parque Tayrona es desenredar una madeja de problemas como la que envuelve al predio Gairaca, Neguanje, Cinto y Guachaquita. Ubicado en el centro del Parque, abarca un 70% de toda el área protegida. Hasta hoy, nadie ofrece una explicación precisa de por qué ningún gobierno ha sido capaz de devolvérselo al Estado.
Historia de un predio
En 1980, es decir, once años después de la declaración oficial del parque, un abogado de nombre José Castillo Blanco vendió este predio a Antonio Nel Zúñiga y Alfredo Díaz Granados, miembros de dos familias bien conocidas entre los samarios.
El Inderena había ocupado el terreno durante una década. Tres casas construidas allí servían a los funcionarios del gobierno para ejercer sus labores administrativas. Pero Castillo argumentó que le pertenecía desde 1953, época en que lo ganó en una batalla jurídica para uno de sus clientes y éste se lo cedió. Pasarían dos años para que lograra demostrar que la venta era legítima y que él era el dueño. Lo hizo al presentar un título de la Corona española que había revoloteado de mano en mano a lo largo de la historia.
Nada pudo hacer el Inderena para demostrar que se trataba de una transacción ilegal. Una sentencia de la Corte Suprema de Justicia le daba la razón a Castillo y por ende a sus dos nuevos propietarios.
En noviembre de ese año, Alfredo Díaz Granados Caballero vendió a Victoria Carrillo de Aguilera el 49% de la propiedad. Y su socio, Antonio Nel Zúñiga, vendió 51% a Inversiones y Construcciones Zuca Ltda. Transacciones que nuevamente se hacían bajo la mirada cómplice de las autoridades, violando las restricciones impuestas por la declaración de un Parque Nacional.
En 1993, Canel Hermanos Ltda. se hacen con una parte del predio. Hoy, esa gran tajada del parque, que incluye quizás las más bellas playas de toda la costa colombiana, figuran a nombre de Victoria Carrillo, al parecer la madre de la esposa de Carlos Alberto Zúñiga Caballero.
A Antonio Nel y Carlos Alberto Zúñiga Caballero, la Fiscalía les incautó el 50 por ciento de las acciones que tenían en una empresa, Gradesa, que según el Departamento de Estado de EE.UU. mantuvo vínculos con paramilitares. Los Zúñiga fueron investigados por los delitos de concierto para delinquir, usurpación de tierras y desplazamiento forzado de comunidades negras de Curvaradó y Jiguamiandó, en el Bajo Atrato chocoano.
Según la ambientalista y exrepresentante a la Cámara de Representantes Alegría Fonseca, la puerta para el desarrollo de proyectos ecoturísticos en esta zona del parque o en cualquier otra no se cerró cuando el presidente Juan Manuel Santos anunció que se daba por muerto el proyecto de un hotel de siete estrellas.
No le faltan razones para pensar así. El 26 de julio de 2004, un documento Conpes trazó las directrices para el desarrollo de servicios ecoturísticos en los parques nacionales. Una resolución expedida por el Ministerio de Ambiente el mismo año determinó 13 zonas en las que se podrían desarrollar proyectos ecoturísticos en el Tayrona. Parecía el remedio para incrementar los recursos destinados a la protección ambiental. Pero hoy todo apunta a que al abrir esa puerta en realidad se complicó aún más la posibilidad de aclarar la propiedad sobre el Tayrona, un parque que a pesar de todo les sigue ofreciendo a sus visitantes instantes de contemplación y descanso.
Ecoturismo en el Tayrona
El 17 de diciembre de 2004 la directora de la Unidad de Parques Nacionales, Julia Miranda, firmó la resolución 0234, por la cual se determinaba la zonificación del Parque Nacional Natural Tayrona y su “régimen de usos y actividades”.
Con la resolución, el parque quedó dividido en 25 zonas y se autorizó realizar actividades recreativas en 13 sectores, entre ellos las conocidas playas de Cañaveral, Arrecifes, Cabo-piscina.
En total, se destinaron 11.131 metros de playa para este fin y una capacidad total de carga por día para 6.900 personas.
El 4 de julio de 2005 el Gobierno entregó en concesión el parque a la Unión Temporal Parque Tayrona, conformada por la prestigiosa agencia de viajes Aviatur, la Cámara de Comercio de Santa Marta y Alnuva.
Técnicamente quien demuestre propiedad sobre alguna de estas áreas puede solicitar una licencia ambiental para poner en marcha algún tipo de proyecto ecoturístico.
El parque más visitado
Colombia es uno de los países más ricos en diversidad biológica del mundo. Esa diversidad está representada en 56 áreas naturales del Sistema de Parques Nacionales.
El porcentaje del territorio colombiano que se conserva en los parques nacionales naturales de Colombia es del 9,98% del territorio terrestre y el 1,30% del territorio marino.
La resolución Nº 0292 del 18 de agosto de 1969 permitió la creación del Parque Tayrona con una extensión de 15.000 hectáreas (12.000 terrestres y 3.000 marinas).
Ubicado en el litoral Caribe a 34 km de Santa Marta vía Riohacha, departamento del Magdalena, es el parque que más visitantes recibe cada año.
Actualmente una empresa privada, Aviatur, administra un hotel dentro del parque bajo la modalidad de concesión.