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Hace cuatro meses estalló el escándalo de Agro Ingreso Seguro (AIS). Fiscalía y Procuraduría entraron a investigar posibles delitos o faltas disciplinarias dos meses después. Hasta el momento, beneficiarios del sector privado, intermediarios, funcionarios del Ministerio de Agricultura, entre otros, han aportado sus explicaciones en largos interrogatorios. Lo que empieza a ratificarse por reportes de inteligencia financiera son los abultados patrimonios familiares y empresariales de beneficiarios del programa.
El primero de tales informes acaba de llegar a la Unidad de Lavado de Activos de la Fiscalía General y consta de 58 folios y un CD con archivos en medio magnético. El reporte describe la composición accionaria, ingresos, cuentas corrientes, CDT, información catastral, transacciones notariales, reportes de aseguradoras y giros al exterior de dos de las empresas que fueron beneficiarias de la Línea Especial de Crédito de AIS: Industrias Normandy y la Central Lechera de Manizales (Celema).
Las dos prestigiosas firmas están vinculadas a la familia de la ex senadora caldense Adriana Gutiérrez, quien en octubre de 2009, en medio del escándalo de AIS, admitió a los medios de comunicación que sí se habían acogido a las líneas de crédito del programa. “AIS es una línea de crédito concebida para fomentar algunos sectores agropecuarios que pertenecen a la oferta exportadora del país. Cualquier ciudadano que tenga inversiones en el agro puede hacerlo”, como le dijo a El Tiempo.
Como quedó registrado en la página web del Ministerio de Agricultura, Héctor Jaramillo Botero, esposo de la ex congresista, recibió recursos por cerca de $226 millones de la Línea de Incentivo a la Capitalización Rural. Del mismo modo, Industrias Normandy, donde también tiene intereses la familia de Adriana Gutiérrez, por la misma línea de crédito recibió $85 millones, mientras que Celema fue beneficiaria de Agro Ingreso Seguro por Línea Especial de Crédito con $350 millones.
En su momento, la ex congresista reconoció que son créditos baratos con tasas del DTF -2 puntos para los empresarios medianos y grandes, y DTF -4 puntos para los pequeños agricultores. “Lo mismo hicieron cerca de 360 mil familias”, insistió. Lo que hasta ahora se conoce es que las empresas de su familia manejan unos millonarios ingresos y patrimonios abultados y que, aún así, accedieron a beneficios que inicialmente estaban destinados a los pequeños agricultores para paliar el impacto del TLC con Estados Unidos.
El informe conocido por El Espectador lo dice todo. La empresa Industrias Normandy, constituida en 1986 en Manizales para la producción, transformación, procesamiento, importación, exportación y comercialización de todo tipo de alimentos, a 31 de diciembre de 2008 reportó ingresos por valor de $14.879 millones y egresos del orden de $8.893 millones. A su vez, Celema, a la misma fecha, dio a conocer ingresos de $56.655 millones y $44.455 millones de egresos.
Y hay otras particularidades: Industrias Normandy es una sólida empresa que entre julio de 2003 y septiembre de 2009 registró 32.752 operaciones financieras, distribuidas en 20.303 depósitos por un valor de $28.703 millones. Además, entre marzo de 2007 y enero de 2008 realizó ocho transacciones de egreso en moneda extranjera por un total de $60 millones, con el concepto de “giros enviados desde Colombia en divisas hacia los Estados Unidos”.
Por su parte, Celema, en cuya junta directiva aparecen familiares directos de la ex congresista, presenta 35 operaciones en moneda extranjera por un valor de $8.392 millones, realizados entre marzo de 2005 y abril de 2009, distribuidas en 11 transacciones de ingreso y 24 egresos provenientes de España, Estados Unidos y Finlandia. Son rendimientos de inversión financiera, retorno de utilidades, amortización de créditos y otros conceptos de naturaleza técnica.
El informe entregado a la Fiscalía va más allá. Al abordar la composición de socios de la Central Lechera de Manizales (Celema), constituida desde 1959 en la capital de Caldas y cuyo objeto social es la comercialización, pasteurización y procesamiento de leche para el consumo humano, se advierte que en general forman parte de ésta otra serie de empresas con excelentes rendimientos financieros en actividades afines al mismo grupo económico.
Por ejemplo, con el 35% de la participación de Celema aparece la firma Inversiones Arango de Gómez y Compañía, con certificación de existencia y representanción legal en Cali, dedicada a “actividades auxiliares de la administración financiera NCP”. Una sólida firma que en 2008 registró una operación de ingreso en moneda extranjera por $479 millones provenientes de Estados Unidos, bajo el concepto de retorno de la inversión financiera-sector privado.
Asimismo, con el 28% de la participación en Celema está la firma Gutiérrez Buenos Aires y Compañía, domiciliada en Manizales y dedicada a la “actividad mixta agrícola y pecuaria”. A éstas se suman la empresa Fabiola Botero y Compañía, con el 16%, dedicada a actividades inmobiliarias con bienes propios; Giga y Compañía, que se ocupa de los mismos fines de la anterior; y en menor proporción accionaria las empresas Gaviria Botero, Gutiérrez e Hijos y Los Guaduales.
Respecto a esta última empresa, existe un hecho particular: fue relacionada en febrero de 2009 en el informe de inteligencia financiero “2901-Kapital”, adelantado por la UIAF del Ministerio de Hacienda con destino a la Fiscalía General de la Nación. Precisamente en 2007 Los Guaduales presentó un depósito de $10 millones y entre 2005 y 2007 dos transacciones notariales por valor total de $1.400 millones realizadas en Manizales. La primera de ellas producto de la constitución de una sociedad y la segunda por una compraventa.
Como puede deducirse del reporte allegado a la Fiscalía, tanto Celema como Industrias Normandy, empresas cercanas a la familia de la ex congresista Adriana Gutiérrez, son sólidas económicamente y poseen suficiente músculo financiero para apalancar cualquier crédito. Nadie discute la legalidad de las firmas, su trayectoria comercial o sus capitales, pero los críticos del programa de AIS advierten que estos créditos de los cuales fueron beneficiarios, supuestamente estarían destinados a pequeños productores del campo.
“Caldas sabe que mi familia está vinculada al sector agroindustrial y mis parientes que han accedido a esos créditos lo han hecho de manera legal en la banca comercial, sin privilegios, pero demostrando que tienen la capacidad para pagarlos”, resaltó la ex senadora Gutiérrez al ser interrogada en octubre del año pasado por el diario El Tiempo. Con el reporte conocido por la Fiscalía se ratifica que evidentemente en dos de las empresas en las que tiene intereses su familia existen suficientes recursos.
El caso de las compañías Industrias Normandy y Central Lechera de Manizales (Celema) es el primero que documentan las autoridades financieras con destino a las investigaciones que adelanta la Fiscalía por el escándalo de Agro Ingreso Seguro. Se sabe que todas las grandes empresas que fueron beneficiarias de líneas de crédito de AIS serán objeto del mismo rastreo económico, tributario y catastral, entre otros aspectos.
Entre tanto, en lo que tiene que ver con las pesquisas que adelanta la Fiscalía, este diario conoció que funcionarios del Instituto Interamericano para la Cooperación Agrícola (IICA), entidad encargada por el Ministerio de Agricultura para entregar los subsidios de riego y drenaje que hoy son objeto de investigación, señalaron que el programa AIS lejos estaba de beneficiar a pequeños productores, porque tan sólo para presentar las propuestas debía tenerse un capital no menor de $20 millones para pagar estudios de suelos y otras proyecciones que ajustaran los requisitos exigidos por el Gobierno.
Los líos jurídicos de la ex senadora Adriana Gutiérrez
En 2002, Adriana Gutiérrez fue elegida como representante a la Cámara por el departamento de Caldas con 75.349 votos. Cuatro años más tarde, como candidata del Partido de la U y con 64.169 sufragios, Gutiérrez se convirtió en senadora de la República.
Un año después, la Corte Suprema abrió una investigación preliminar contra la congresista en el marco de la parapolítica. El alto tribunal recibió varios correos que se cruzaron Iván Roberto Duque, alias ‘Ernesto Báez’, y la ex parlamentaria, que si bien no tenían ningún contenido incriminatorio, sí generaron bastante suspicacia entre los investigadores del caso.
En el expediente también figura una fotografía en la cual la ex senadora posó junto a la ex concejal de La Dorada (Caldas) Maribel Gálvez, quien posteriormente se desmovilizó como integrante de las Autodefensas del Magdalena Medio.
En enero de 2009, Gutiérrez renunció a su curul por considerar que, en su caso, la Corte había prejuzgado. El ministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga, ha testificado dos veces a su favor ante dicha corporación.