Lupa al otorgamiento de avales políticos

A pesar de que insisten en que en estas elecciones presentarán candidatos libres de manchas, los partidos políticos le dieron largas al llamado que hizo la Misión de Observación Electoral (MOE) para retirarles el aval a tres de sus candidatos. Mientras desde el   liberalismo se explica  que mantendrá en su lista a la aspirante al Senado Arlet Casado de López, los directores de Cambio Radical y el Partido de la U señalaron que van a estudiar la petición de la MOE.

La decisión se originó después de que esta ONG les solicitó reconsiderar los avales a “Raimundo Méndez Bechara (Partido de la U, Cámara por Córdoba), Antonio Guerra de la Espriella (Senado, Partido Cambio Radical) y Arlet Casado de López (Senado, Partido Liberal), como una forma de mostrarle a la ciudadanía que han adoptado medidas para impedir la relación, directa o indirecta, entre grupos armados al margen de la ley y la política”.

Según Rafael Pardo Rueda, director y candidato del liberalismo a la Presidencia, su colectividad rechaza cualquier tipo de vínculos entre los aspirantes y los paramilitares, y agregó que en el caso de la candidata Casado López, siempre le han dado el apoyo, incluso antes de que su esposo, Juan Manuel López Cabrales, fuera condenado por la Corte Suprema de Justicia a 74 meses de prisión por sus nexos con las autodefensas.

El trasfondo de la situación radica en que Casado López hereda el caudal político de su esposo, quien con 140 mil votos en 2006 fue el principal elector del país.

De ahí que la flexibilidad de Pardo Rueda en este caso contraste con la verticalidad que mantuvo cuando horas antes se dio a conocer la pérdida de la personería jurídica del movimiento ADN. “Celebro la decisión del Consejo Nacional Electoral de suspender la personería jurídica a la Alianza Democrática Nacional (ADN) y espero que este sea el punto de partida para otras decisiones por parte de los organismos de investigación frente a grupos políticos cuyos recursos y apoyos son de dudosa procedencia”, dijo en ese momento Pardo.

De acuerdo con la determinación del CNE, la suspensión de la personería se dio porque se pudo comprobar que las actas para crear ADN fueron firmadas por los ex congresistas Vicente Blel y Jorge Castro, en momentos en que se encontraban detenidos, precisamente por sus vínculos con los paramilitares.

Por otra parte, Germán Vargas Lleras, director de Cambio Radical y a quien la MOE le solicitó revisar el caso de Antonio Guerra de la Espriella, que se encuentra investigado por la Corte Suprema de Justicia por nexos con el paramilitarismo, indicó que analizaría la situación. “Espero que nuestras listas sean intachables. Queremos analizar el tema y cabe anotar que hemos rechazado decenas de solicitudes. Buscamos integrar una lista de calidad y el próximo lunes definiremos el asunto”.

En la petición se expresa que al no avalarlo, Guerra de la Espriella “se podrá concentrar, en su calidad de ciudadano, en el desarrollo de su defensa ante las autoridades competentes y no en calidad de candidato o de senador electo. De esta forma se evitarían las suspicacias sobre la calidad de las listas que ustedes someterán a consideración de la ciudadanía en las elecciones del 14 de marzo”.

Frente al tema, el propio candidato al Senado explicó que desde hace un año y medio se le abrió una investigación debido al relato de un desmovilizado, pero que hasta el momento no se ha podido comprobar ningún vínculo con grupos al margen de la ley, pues jamás ha tenido relaciones con organizaciones armadas ilegales, al tiempo que dijo poner a disposición de la opinión pública su vida política.

Una situación muy similar se presenta en el Partido de la U con el caso del candidato a la Cámara de Representantes por Córdoba, Raimundo Méndez Bechara. El director encargado de este movimiento, Ricardo Arias Mora, aseveró que lo justo era analizar el tema y que a partir de octubre han negado avales, al estudiar las hojas de vida de los candidatos que los solicitaron. El argumento de la MOE es que, de acuerdo con los medios, Méndez Bechara “es apoyado por Reginaldo Montes, condenado por vínculos con grupos armados ilegales, y por su tía  Mara Bechara, de quien se tienen grabaciones en las que conversa con Salvatore Mancuso, jefe paramilitar extraditado por el Gobierno colombiano”.

El reciclaje de los clanes familiares vinculados con la parapolítica será uno de los que centrará  parte de la atención en estos comicios, que tienen entre sus objetivos renovar un Congreso salpicado de escándalos y en el que 30% de sus integrantes terminaron con nexos con grupos armados ilegales.

Pero la voz de la MOE no es aislada. En la misma dirección han lanzado alertas la Procuraduría, algunas campañas y diversas ONG, como Transparencia por Colombia. Precisamente su directora, Elisabeth Ungar Bleier, ha hecho diversos llamados. “Definitivamente no aprendimos la lección y estamos pagando la ausencia de una reglamentación en los topes y de sanciones o responsabilidad política de los partidos por avalar candidatos relacionados con grupos al margen de la ley”.

Las alarmas están encendidas, pero en últimas son los electores quienes definen qué tipo de Legislativo busca que los represente.