Mario Uribe, tras las rejas

Reuniones documentadas con el extraditado jefe paramilitar Salvatore Mancuso en 2002, en las que se habrían fijado pactos para favorecerlo electoralmente; un aumento aparentemente injustificado en las votaciones que obtuvo en ese mismo año, en relación con las de 1998; así como la declaración del confeso ex integrante de las Auc Jairo Castillo Peralta, alias Pitirri, en el sentido de que acudió a las autodefensas para hacerse a unas tierras baratas en Córdoba, fueron las evidencias que llevaron a la Corte Suprema de Justicia a llamar a juicio al ex senador Mario Uribe Escobar y ordenar su recaptura.

En contravía con la decisión que hace 18 meses tomó Guillermo Mendoza Diago como vicefiscal general de la Nación, en la que le otorgó la libertad al ex presidente del partido Colombia Democrática, al considerar que los testimonios de Pitirri y Mancuso eran farragosos, incoherentes y no ofrecían serios motivos de credibilidad, y que no podía concluirse una anormalidad en los guarismos electorales de Uribe Escobar en Córdoba y Antioquia para las elecciones de 2002, pues se trataba de un político con amplia trayectoria que además acompañaba la aspiración presidencial de su primo, Álvaro Uribe Vélez; la Sala Penal de la corporación estableció que sí existen pruebas de sus nexos con grupos armados ilegales.

En consonancia con la condena que le impuso la Corte Suprema al ex senador Álvaro García Romero, en la que le dio plena credibilidad a Pitirri —calificando su testimonio de confiable, apuntando su consistencia en sus versiones y advirtiendo que no existen razones para creer que quisiera “sorprender la buena fe de la justicia” o que hubiera “procedido por antipatías personales”—, el alto tribunal recogió sus detalladas acusaciones en relación con Uribe Escobar. Según Pitirri, el ex congresista se reunió con el ganadero Olegario Otero en la casa de éste, y posteriormente en un hotel en Caucasia (Antioquia) con el objetivo de que las autodefensas ejercieran presión sobre un ganadero para que Uribe pudiera adquirir unas tierras por un bajo precio.

En su defensa, que empezó a configurarse desde septiembre de 2007, cuando la Corte Suprema de Justicia lo llamó a indagatoria, Mario Uribe Escobar ha sostenido a pie juntillas que nunca ha tenido tierras en Caucasia ni en Sucre, como ha querido hacerlo ver Pitirri; que sólo tiene un predio en Sahagún (Córdoba) que adquirió en 1991 y que, con el paso de los años, sólo ha comprado terrenos aledaños a esta finca. En un segundo punto, Salvatore Mancuso, en audiencias de versión libre ante la Fiscalía, señaló que se había reunido con Uribe Escobar en el año 2002 en dos ocasiones en Tierralta (Córdoba), a instancias de su colaboradora Eleonora Pineda, condenada por parapolítica.

De acuerdo con Mancuso, Eleonora le dijo que había hecho un pacto político con Mario Uribe, que le iba a ayudar en municipios de Córdoba y que Uribe le iba a corresponder colaborándole con su caudal electoral en otras zonas del departamento. Mancuso le pidió que acordara un encuentro pero, según él, lo que quería era hablar con Uribe sobre “el apoyo político a nuestras aspiraciones de lanzar un proceso de negociación”. En ese punto en particular se ha centrado la discusión en la investigación en contra de Mario Uribe. En agosto de 2008, el vicefiscal consideró que la declaración de Mancuso era dubitativa y confusa, y que no existían evidencias sobre los motivos reales del encuentro entre el mafioso y el ex senador.

Mucha agua ha corrido bajo el puente desde entonces. En criterio de la Corte Suprema, esos encuentros no pretendían solamente buscar un interlocutor para concretar un acuerdo de paz entre las autodefensas y el Gobierno, sino que además pudieron representarle a Uribe Escobar un respaldo electoral de los paramilitares. Eleonora Pineda y el propio Mario Uribe sostuvieron que la reunión con Mancuso sí se dio, pero después de las elecciones del 10 de marzo de 2002 y, en consecuencia, alegan que es absurdo que se asocie con un interés político para favorecerse y garantizar su llegada al Legislativo. La Corte se ubica en la otra orilla.

El accidentado proceso ha estado lleno de toda suerte de especulaciones. En abril de 2008, el fiscal delegado ante la Corte Ramiro Marín ordenó su detención. Cuatro meses después, el vicefiscal Mendoza, aunque lo dejó vinculado al expediente, decretó su libertad por falta de pruebas. El caso avanzó con lentitud, pero súbitamente, en septiembre del año pasado, la Corte Suprema retomó la competencia y en menos de cinco meses resolvió acusarlo por el delito de concierto para delinquir agravado. Al cierre de esta edición, agentes del CTI de la Fiscalía hicieron efectiva en Medellín la orden de captura en contra de Mario Uribe, ex presidente del Congreso.