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Dos días después de finalizada la VI Cumbre de las Américas, en la que varios países latinoamericanos expusieron a Estados Unidos sus propuestas para cambiar las maneras de combatir el narcotráfico y encomendaron a la OEA la misión de explorar esos nuevos enfoques, el Gobierno norteamericano revela su nuevo plan para menguar la actividad policial en su lucha antidrogas y enfocarse en programas de tratamiento y prevención. Además, el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS) publica un informe que ratifica la posición de varios Estados de Latinoamérica, según los cuales la llamada guerra contra las drogas “amenaza la seguridad internacional” y en 40 años no ha logrado sus objetivos.
El anunció de la Estrategia Nacional para el Control de Drogas de 2012 en Estados Unidos empieza a verse como un avance en la búsqueda de nuevos modos para luchar contra este problema, diferentes al prohibicionismo y al enfrentamiento militar que ha sido implementado por el país norteamericano. El director de la Oficina de Control Antinarcóticos estadounidense, Gil Kerlikowske, afirma que el país busca "romper el ciclo de uso de drogas, crimen y encarcelamiento", para lo que usará programas de "intervención en el mercado" de estupefacientes que ya funcionan a nivel local. La base para este nuevo enfoque es que la drogadicción deja de ser considerada como un crimen y empieza a comprenderse como "una enfermedad del cerebro que puede ser prevenida y tratada". "Las políticas obsoletas como el encarcelamiento masivo de los infractores no violentos son reliquias del pasado que ignoran la necesidad de enfocar nuestro problema de drogas con un equilibrio entre la salud pública y la seguridad", ha señalado Kerlikowske.
Estados Unidos busca integrar el tratamiento de los drogadictos en el sistema básico de salud, a través de medidas como la formación a personal médico para atender casos de sobredosis o la expansión de servicios relacionados con la adicción en centros de atención primaria. El nuevo plan también subraya su apoyo a los tribunales que el Gobierno Obama creó en 2010 para tratar asuntos de drogas, y que según sus datos, logran integrar cada año a cerca de 120 mil personas en programas de tratamiento en lugar de enviarlas a la cárcel. Según Kerlikowske, el enfoque en materia de salud pública "no puede llegar en mejor momento", dado que el abuso de drogas es hoy la primera causa de muerte accidental en Estados Unidos, por encima de los accidentes de tráfico.
La estrategia, sin embargo, no deja la puerta abierta a propuestas “extremas” -palabra de Kerlikowske- como la legalización y la despenalización, consideradas por países de Centroamérica y Colombia. "Si haces legal una sustancia que es ilegal, su consumo va a aumentar. Y viendo los devastadores efectos de la droga, a nivel de salud y de seguridad, hacer que estén más disponibles no tiene mucho sentido", afirma Kerlikowske. El zar antidrogas también afirmó que los expresidentes que han puesto sobre la mesa el debate de la legalización "ya no tienen cargos de responsabilidad en lo que respecta la seguridad de la gente. Y ahora que están fuera de sus cargos llegan a esa conclusión, que yo creo que es errónea". Se refería a exmandatarios como el colombiano César Gaviria, el mexicano Vicente Fox o el brasileño Fernando Henrique Cardoso, quienes han impulsado el debate en el continente. Sin embargo, Kerlikowske no fue muy claro en su respuesta cuando se le preguntó por la posición del actual presidente de Guatemala, Otto Pérez, quien hace menos de un mes lanzó la idea de la despenalización para detener la violencia y la corrupción del narcotráfico que azotan a su país.
Además del nuevo plan de EE.UU., un informe revelado hoy por el Instituto Internacional de Estudios estratégicos (IISS) sirve como eco del debate sostenido en la Cumbre de las Américas. El documento, llamado “Drogas, inseguridad y Estados fallidos: los problemas de la prohibición", acaba de ser presentado en Londres y concluye que después de 40 años de confrontación militar contra las redes del narcotráfico no sólo no se ha detenido la producción, tráfico y consumo de estupefacientes, sino que se ha provocado un aumento de la violencia y la inestabilidad en todo el mundo. El fracaso de la cruzada contra el narcotráfico se puede constatar echando una mirada a Latinoamérica: Colombia, aunque ha disminuido su territorio sembrado con coca y la capacidad armada de los carteles del narcotráfico, sigue siendo uno de los principal productores de cocaína en el mundo, aunque su potencial productor, según la estrategia presentada hoy en Estados Unidos, ya ha sido superada por el de Perú. En México, donde el Presidente Felipe Calderón lanzó una ofensiva militar contra los carteles del narcotráfico en 2006, desde entonces han muerto más de 50 mil personas y no se ha menguado la capacidad de organizaciones delictivas como Los Zetas. Al contrario, los carteles mexicanos se han expandido hacia Centroamérica, donde actúan en países con gobiernos más débiles que les dan mayor margen de operación, controlan las principales rutas de la droga que se dirige a Estados Unidos y han hecho de la región la más violenta del mundo según la ONU. Pero el ejemplo más sobresaliente del fracaso en la lucha contra las drogas es el de Estados Unidos, el país que impulsó esta cruzada sigue siendo el principal consumidor de cocaína en el mundo –por tanto el sustento de quienes producen y distribuyen la droga en el resto del planeta- y hasta ahora se niega a cambiar su enfoque represivo y prohibicionista contra el narcotráfico, aunque según datos el consumo de drogas en el país se ha reducido un tercio en los últimos 30 años y el uso de la cocaína ha disminuido casi en un 40% desde 2006.
Los que han llevado la peor parte de esa guerra creada por el gobierno norteamericano no han sido los estadounidenses, sino los países en desarrollo que se han visto amenazados por el desplazamiento de los productores y narcotraficantes que huyen de la presión militar en busca de nuevas rutas para mantener su negocio multimillonario. No sólo es este el caso de Centroamérica, sino también el de otras áreas como el África Subsahariana. Nigel Inkster, director de Amenazas Transnacionales y Riesgos Políticos del IISS y coautor, junto con la investigadora Virginia Comolli, del informe presentado hoy, afirma que "esto tiene graves implicaciones para el desarrollo y la gobernabilidad de esos países”. Lo que ha generado la represión ha sido una metástasis del narcotráfico, la cura ha sido peor que la enfermedad. El problema del consumo descontrolado en Estados Unidos, aunque también en Europa, está a la base del problema de la producción y distribución. Palabras de Inkster: "La prohibición ha fracasado en reducir el consumo mundial de drogas e involuntariamente ha regalado este comercio de miles de millones de dólares a criminales organizados". El modelo represivo "ha creado una amenaza importante contra la seguridad internacional".
La negativa de Estados Unidos a cambiar su modelo prohibicionista, considerado obsoleto por muchos, parece entrar en una cuenta regresiva. El informe del IISS llama a hacer un "debate mundial urgente" para estudiar todas las alternativas posibles al régimen actual, incluidas la legalización y la despenalización. "El enfoque que trata la droga como un problema que hay que resolver debe ser sustituido por otro que considere la droga como un asunto que se debe gestionar", estimó Inkster, advirtiendo que el cambio podría "implicar un mínimo de daños colaterales". En todo caso, dice el experto que el tema debe integrarse en el debate mundial sobre el desarrollo económico y seguridad internacional, y los Estados consumidores deben "asumir una mayor responsabilidad" y proveer asistencia a los países afectados por la violencia. "Si actuamos de esta manera, no vamos a terminar con el crimen organizado, por supuesto. Pero las drogas ofrecen oportunidades a la criminalidad que no existirían en otros casos”.
No obstante, aunque en la Cumbre de las Américas se habló por primera vez de manera oficial sobre alternativas para luchar contra el narcotráfico, no se deben esperar muchos avances al respecto, según Inkster, durante este año electoral en Estados Unidos, en el que a la Casa Blanca no le conviene alterar la continuidad de sus políticas. Así, el debate sobre la nueva lucha contra las drogas apenas comienza.