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En razón a las irregularidades detectadas en la Sociedad Solidaria de Salud (Solsalud), desde hace un mes la Superintendencia de Salud ordenó su intervención forzosa para liquidarla. Sin embargo, a través de varias acciones de tutela se ha tratado de frenar un proceso que, en procura de garantizar transparencia en los manejos de esta EPS, el Estado adelanta desde marzo de 2012. Ahora se conocen los resultados de una auditoría privada que confirma cómo además de las anomalías detectadas, la EPS está relacionada con el escándalo de la firma comisionista Interbolsa.
La historia de los líos de Solsalud se inició a comienzos de 2012, cuando la Superintendencia descubrió, entre otras irregularidades, que la EPS no estaba cumpliendo con varias obligaciones económicas, no daba confiabilidad en sus estados financieros y presentaba reiterados incumplimientos a las órdenes del Estado. Desde entonces comenzó una intensa pelea en los estrados judiciales para neutralizar la acción de la Superintendencia de Salud. El mecanismo utilizado ha sido la tutela, en especial para proteger supuestos derechos de los trabajadores de Solsalud.
Cuando se inició la crisis, esta EPS contaba con más de un millón de afiliados en el régimen subsidiado y aproximadamente 162.000 en el régimen contributivo. Desde su intervención forzosa para administrar, en marzo de 2012, se estima que han salido de sus puestos de trabajo unas 350 personas. Este dilema de carácter laboral se ha convertido en el talón de Aquiles de la intervención y, al mismo tiempo, en el argumento principalmente utilizado para frenar una acción definitiva del Estado frente al futuro de la EPS.
La última decisión tuvo lugar la semana anterior, cuando un juez civil de Neiva ordenó revocar la resolución de la Superintendencia que ordenó la liquidación de Solsalud, por supuesta violación al debido proceso. Esta determinación no ha sido notificada al organismo oficial que, en contraste, cree que su obligación es seguir adelante con el proceso porque la EPS ha incurrido en múltiples conductas que vulneran el derecho a la salud, al tiempo que se ha descubierto que, en términos razonables, no tiene capacidad de recuperarse.
Se trata de una intensa confrontación entre la EPS y la Supersalud. Consultado el superintendente Gustavo Morales sobre este caso, resaltó que Solsalud se había convertido en la caja menor de un grupo de personas que la controlaban a través de su junta directiva y que la única fórmula viable para terminar con esta situación era la intervención para liquidar. Además, el superintendente ha insistido en que la EPS hacía contratos de cesión de créditos a empresas de factoring que pertenecían a los mismos dueños de la entidad sometida a vigilancia estatal.
A los hallazgos de la Superintendencia se suman ahora los de una firma de auditoría privada que detectó cómo Solsalud, en cumplimiento de contratos de cesión de crédito, le tuvo que cancelar millonarias sumas a la cuestionada firma comisionista Interbolsa. En concreto, se encontró que, entre enero de 2010 y diciembre de 2012, hubo 55 transacciones entre Solsalud y siete IPS (clínicas y hospitales). Estos negocios fueron identificados como desembolsos a la cuenta recaudadora de Interbolsa por valor de $8.395 millones.
Según el documento de auditoría, conocido por El Espectador, las transacciones se hicieron en cumplimiento de cesiones de derechos económicos a las siguientes entidades: Clínica La Candelaria, Hospiucis S.A., Consorcio Hospigroup, Serviclínicos Dromédica S.A., Operaciones Clínicos Hospitalarios S.A., Clínica Pie de Cuesta S.A. y Unión Temporal Clinigroup. Del total de giros realizados a entidades relacionadas con pagos a Interbolsa, el 63% se hizo por concepto de anticipos. A diciembre de 2012 estaban pendientes de legalización más de $3.000 millones.
Aunque en noviembre de 2012, el agente especial interventor de Solsalud tomó la decisión de despedir al gerente financiero, Eduardo Villamizar Mora, precisamente por no justificar el porqué de los pagos a Interbolsa, lo que descubre ahora el informe de auditoría privada es que este mismo personaje es accionista mayoritario de Factor Center, la empresa que actuó como intermediaria financiera en las transacciones identificadas entre Solsalud y las entidades relacionadas con pagos a Interbolsa.
En resumen, además de los problemas detectados en Solsalud desde su intervención para administrar en 2012, cuando ya se había advertido que desde su nacimiento esta EPS estuvo ligada al movimiento político Convergencia Ciudadana del excongresista Luis Alberto Gil, condenado por la Corte Suprema de Justicia en el escándalo de la parapolítica, ahora tiene el problema de sus nexos con Interbolsa. Por ahora, la Superintendencia sigue en firme con el proceso de liquidación, salvo que se persista en las acciones de tutela que buscan dilatarlo.