“No es cierto que esté pasando de agache”

La introversión, la seriedad y la discreción del procurador general Edgardo Maya Villazón le sirvieron para ganarse la buena fama que tiene en los medios. Características que no lo salvaron de una lluvia de críticas que le cayó a su gestión en los últimos días por dos hechos: que no hubiera denunciado desde el primer momento la presunta intervención en política del Presidente en la campaña electoral que acaba de terminar. Y que le hubiera pedido a la Corte Constitucional estudiar de nuevo la exequibilidad de la reforma laboral.

Los críticos del primer caso lo calificaron como débil y afirmaron que no había actuado con la suficiente decisión e independencia. Los del segundo, lo llamaron populista, aseguraron que se le había ido la mano y que se estaba metiendo en materias que no eran de su competencia. Restan aún otras objeciones que no se han ventilado en público sino más bien en los pasillos por donde circula el poder bogotano.

Una de ellas tiene que ver con la supuesta falta de solidaridad del órgano de control con la Corte Suprema ante el ataque el Jefe de Estado contra ese tribunal y algunos de sus magistrados. Y la otra, con la aparente ausencia de la Procuraduría en las investigaciones por la parapolítica.

Los más duros observadores creen que el Procurador está semiparalizado porque aspira a otros cargos en el futuro -el período de Maya termina en poco más de un año- y hay quien dice que quiere hacerse reelegir por segunda vez, lo cual haría que se quedara doce años en el cargo, los mismos a los que aspiraría Álvaro Uribe. Por último, en el campo de la parapolítica, lo señalan de no querer hacer mucho, presuntamente porque algunos de sus parientes políticos tienen investigaciones pendientes por ese tema.

En vez de los procesos que adelanta la Procuraduría -algunos de los cuales están a punto de reventar-, centré mis preguntas en los asuntos que le han vuelto un tanto incómoda su relación con ciertos columnistas. Cuando le hablé de su parentela de Valledupar, respondió sin inmutarse, con la calma que lo caracteriza. Pero eso sí, aprovechó para contestarles a sus contradictores y a los que cuchichean a su paso. Negó que estuviera interesado en su reelección, pero tuve la sensación de que dejó una rendija abierta, por si acaso. Y finalmente aseguró que, pase lo que pase, no se dejará neutralizar.

C.O.- La más reciente de las críticas contra usted surgió por no haberle llamado la atención al Presidente. ¿Por qué no lo hizo en cuanto Uribe habló, sin mencionarlo, de un candidato?

E.M.- La polarización política que se ha vivido en los últimos tiempos impide que muchos reconozcan todo lo que se hace. La verdad es que la Constitución del 91 despojó a la Procuraduría de la competencia para investigar al Presidente. La famosa amonestación que ha sido recordada en estos días, y que le hizo el procurador Aramburo al presidente Lleras Restrepo en 1970, estaba fundada en que él era competente para investigar disciplinariamente al Jefe de Estado. Con la nueva Carta, esa competencia le fue trasladada a la Comisión de Acusación. Por eso le solicité a ella que investigara al Presidente.

C.O.- Dicen que usted sólo pidió investigar al Primer Mandatario una vez que salieron publicadas las críticas contra la Procuraduría. ¿Cómo respondería esa objeción?

E.M.- De la siguiente manera: nadie había solicitado investigación en el momento en que el Presidente se desplazaba en un avión desde los Estados Unidos hacia Colombia, cuando llamó a la convención de Cambio Radical. Inmediatamente pedí que la Comisión de Acusación lo investigara. No recuerdo que entonces alguien hubiera salido a reconocer la rapidez de la Procuraduría. La última solicitud se hizo en el momento oportuno. Yo no actúo por mandatos de la prensa.

C.O.- ¿Por qué la opinión mediática parece creer que la Procuraduría ha sido más enérgica con el alcalde de Medellín por otro caso de supuesta parcialidad política?

E.M.- Tal vez por la notoriedad pública de Sergio Fajardo. Pero también actuamos en el caso de Caldas con el ministro de Hacienda, con el viceministro del Medio Ambiente, el director de Acción Social y el embajador ante República Dominicana. Y ahí sí nadie dice nada. La de Fajardo es una investigación preliminar por una queja que formularon 14 parlamentarios de Antioquia.

C.O.- Parece haber consenso sobre la hipocresía que subyace en la prohibición para los funcionarios de participar en política. ¿Está de acuerdo con la modificación de esa norma?

E.M.- Hace rato que vengo calificando esa prohibición como una farsa, como lo es también la medida sobre los topes electorales, puesto que no hay institución pública que tenga la capacidad para contener los gastos de las campañas. Creo que llegó el momento de que el Congreso reglamente la intervención en política de los servidores públicos. Sin embargo, hay que advertir que mientras la norma esté vigente es obligatorio su cumplimiento y tenemos que hacerla respetar.

C.O.- ¿Qué sugiere hacer con los topes?

E.M.- Al Consejo Electoral le entregan unas cuentas de gastos, pero todo el mundo sabe que en las campañas políticas existe la denominada "contabilidad negra", donde se ocultan muchos costos. Hay que revisar el tema de los topes, así como otros elementos electorales: la negociación de los avales. La suplantación por las encuestas, de los programas y el debate de ideas. El voto preferente, que se ha convertido en una lucha de caníbales entre los mismos miembros de un partido. En fin, es necesaria una reorganización estructural del sistema electoral.

C.O.- ¿No le parece extraño que haya revivido el fenómeno de la quema de oficinas de la Registraduría y de las urnas y votos en más de 25 poblaciones, precisamente cuando se supone que la seguridad democrática está funcionando?

E.M.- Ha revivido la violencia electoral después de más de medio siglo, es cierto. Además del levantamiento de las poblaciones, hay más de 30 dirigentes o aspirantes a cargos públicos que fueron asesinados. Se ha avanzado mucho en seguridad, pero todavía hace falta un buen trecho.

C.O.- La segunda crítica contra usted viene de la rama judicial. En voz baja algunos magistrados dicen que el Procurador no apoyó la independencia de la Corte Suprema y de sus fallos, cuando surgió el enfrentamiento con el Presidente. ¿Es cierto?

E.M.- La Procuraduría ha considerado que estas controversias causan daño. En el país, la confrontación no les hace bien a las instituciones. Y para el exterior, el mensaje es malísimo.

C.O.- ¿No cree que al Presidente se le fue la mano en virulencia contra la Corte Suprema y algunos de sus magistrados?

E.M.- No deben presentarse esta clase de manifestaciones y menos en esa forma, las que, reitero, perjudican nuestras instituciones democráticas.

C.O.- Sus respuestas son diplomáticas y evasivas. Por ahí se dice que, como su período termina a finales del año entrante, tiene ganas de una segunda reelección. ¿Es cierto?

E.M.- No hablemos de segunda reelección, sino de tercera elección. No he pensado en ningún momento en un nuevo período como Procurador. Lo importante es terminar el actual y entregarle resultados al país.

C.O.- ¿Está seguro de que no quiere permanecer en el cargo?

E.M.- Hoy no tengo aspiración alguna de continuar como Procurador General. Tengo otros planes para el futuro.

C.O.- ¿Cómo cuáles?

E.M.- Aspiro a llegar a una de las altas cortes para terminar mi vida profesional como abogado.

C.O.- ¿Cuál de las cortes le gustaría?

E.M.- Si tuviera la posibilidad de escoger, me gustaría ser magistrado de la Corte Constitucional.

C.O.- Y hablando de reelecciones, ¿qué piensa de una tercera administración del presidente Uribe?

E.M.- Le correspondería a la Procuraduría rendir concepto sobre la exequibilidad o inexequibilidad de esa nueva reforma constitucional. Precisamente por eso no puedo opinar nada más.

C.O.- ¿Cómo son sus relaciones con el Presidente?

E.M.- La posición de la Procuraduría ha sido muy clara: este es un ente autónomo e independiente; no hacemos parte del gobierno pero sí somos parte del Estado; y creo que es igualmente grave que un órgano de control sea gobiernista o antigobiernista. He tratado a toda costa de que las relaciones con el Ejecutivo sean de mutuo respeto y de colaboración, para bien de la función pública.

C.O.- Puede que hoy haya cambiado el tipo de relaciones con la Casa de Nariño, pero no puede negar que hubo momentos difíciles.

E.M.- No he estado pendiente de si los momentos son favorables o desfavorables. En cualquier caso, quien quiera que sea el titular de la Procuraduría, ésta debe cumplir sus funciones constitucionales y legales, así sus actuaciones causen molestia. Por mandato legal, a la entidad a mi cargo le toca defender los derechos humanos, el orden jurídico, los intereses colectivos, entre otros. Y no puede evadir el cumplimiento de esas obligaciones.

C.O.- ¿Cuál es su opinión sobre los continuos enfrentamientos del Presidente con los opositores políticos, con los periodistas, con las Cortes etc. etc.?

E.M.- Es una condición personal del Presidente en su ejercicio de poder, condición con la cual uno puede estar de acuerdo o no. Hay que decir que el Ejecutivo debe respetar la separación de los poderes y buscar la colaboración armónica de las instituciones para el éxito de la misión del propio Estado. De mi parte, como Procurador tengo que vigilar que siempre haya sometimiento a la Constitución y a la ley.

La parapolítica

C.O.- El tercer motivo de críticas a su gestión: se dice que usted ha pasado de ‘agache' en el tema de la parapolítica. Usted ya se declaró impedido en un caso...

E.M.- No es verdad que haya pasado de ‘agache' en este tema. Estamos en plena actividad y entregando resultados. Actualmente tenemos 37 investigaciones contra servidores públicos por razones de presunta participación en parapolítica. No se ha producido la primera sentencia en la jurisdicción ordinaria y ya la Procuraduría destituyó al ex gobernador de Sucre, Salvador Arana, y lo sancionamos con inhabilidad para ejercer cargos públicos durante los próximos veinte años. Estamos actuando y vamos a seguir haciéndolo. Me declaré impedido ante el Congreso de la República en un caso, es verdad, pero no me aceptaron el impedimento.

C.O.- Lo importante es qué tan impedido se siente usted...

E.M.- El único impedimento que yo creía que tenía, fue el que le manifesté al Congreso. En cuanto a los demás casos, la Procuraduría seguirá cumpliendo con su deber y entregando resultados. No tengo ninguna otra clase de impedimento real que no me deje actuar en los procesos de la parapolítica, como lo demostraré hasta el último día en que sea Procurador.

C.O.- En el caso de algunos parientes políticos, aunque no sea legalmente, ¿no cree que está impedido por su compromiso emocional?

E.M.- Si me tocara actuar personalmente, me declararía impedido. Pero como están actuando unos procuradores judiciales en forma autónoma, los procesos siguen a su cargo y ellos no están impedidos. Tengo claro que mi obligación es la de tener la honestidad de no interrumpir las funciones de la justicia. Enfáticamente le digo que nadie en el país puede afirmar que el Procurador haya obstaculizado algún proceso. Por el contrario, si ha habido una colaboración eficaz en los procesos que hay en las Cortes y las fiscalías, ésa es la de esta institución.

C.O.- ¿Los procuradores judiciales que conocen esos casos actúan con total y absoluta independencia frente a su jefe?

E.M.- Puede tener la certeza de que quienes han intervenido en esos procesos tienen plena soberanía de sus atribuciones.

C.O.- Todos sabemos que su ciudad natal es Valledupar. Se han hecho incluso chistes con el cuento de que allá todos viven en la misma cuadra...

E.M.- Es posible que todos vivan en la misma cuadra. Pero no todos hemos hecho lo que otros hicieron. Menos, quienes tenemos la responsabilidad de juzgar la conducta de los servidores públicos que estuvieron involucrados en esos hechos.

C.O.- Perdóneme le repito: ¿Qué le respondería a la gente que en privado dice que a usted lo ‘neutralizaron' con el tema de la parapolítica en el Cesar?

E.M.- No existe ni la más remota posibilidad de que haya algo en este mundo que neutralice mis funciones como Procurador General de la Nación.

Críticas por concepto sobre la reforma laboral

C.O.- La última crítica que le han hecho a usted se refiere a la petición de revisar la exequibilidad de la reforma laboral por no lograr el objetivo de crear más puestos de trabajo. Por hacer esa propuesta lo llamaron a populista.

E.M.- Los neoliberales tienen justificación para todo. Ellos pertenecen a una especie de iglesia que se ha formado en el país y no permiten que nada se toque ni revise, como si fuera sagrado. La reforma laboral se implantó para crear empleo, pero como no lo logró, de acuerdo con importantes académicos, ahora salen a explicarle a la opinión pública que la reforma era necesaria porque evitó que las empresas despidieran a muchos trabajadores. ¡Valiente argumento! Los neoliberales tienen respuesta para todo.

C.O.- ¿Qué les contesta a aquellos que dicen que, de acuerdo con esa teoría, la Corte Constitucional tendría entonces que revisar todas sus sentencias?

E.M.- Ese es un chiste producto de la ignorancia. En este caso en concreto, la ley estableció que había que revisar si había dado los resultados buscados, que eran 700 mil nuevos empleos. Por eso la Corte, aunque sabía que era un retroceso, decretó su exequibilidad en aras del bienestar que iba a producir. Ahora admite la demanda presentada por un ciudadano, lo que significa que no considera que hubo cosa juzgada, y le dio traslado al Procurador para que expresara su concepto. Lo que viene es la nueva decisión de la Corte, a la cual deben someterse todos. Estaremos atentos a que no se vaya a alterar la prueba estadística que sustenta la demanda y el concepto. En todo caso, fregaron a los trabajadores más pobres, porque los de salario alto no trabajan horas extras, dominicales ni festivos.