'No soy un funcionario sin control': Ordóñez

En medio de la interminable controversia por la sanción de 15 años de destitución e inhabilidad impuesta al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, y horas antes de que el Tribunal Superior de Bogotá suspendiera su fallo sancionatorio, el procurador Alejandro Ordóñez dio una rueda de prensa en la que cuestionó la actitud del burgomaestre y además rechazó que se pretenda que “haya funcionarios públicos que no tengan control disciplinario”.

Usted ha criticado la actitud del alcalde...

La actitud de rebeldía frente a la institucionalidad puede tener implicaciones que serán calificadas y valoradas en su momento.

¿Qué pasa con la solicitud de medidas cautelares?

Los ciudadanos pueden acudir al sistema interamericano para solicitar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le solicite al Gobierno la protección de algún derecho que considere fue desconocido. Es indudable que para que eso acontezca debe primero agotarse el derecho interno; es decir, que los instrumentos que el derecho interno haya diseñado se utilicen. Eso procedería en estados que carecen de instituciones para proteger esos derechos, pero aquí existen los instrumentos.

¿Cree que, como muchos dicen, usted le dio un golpe a la democracia con este fallo?

Aquí no hay funcionarios públicos que no puedan ser controlados. Todos los funcionarios en Colombia tienen controles, controles de legalidad, sociales, políticos. Qué grave para la institucionalidad, qué grave para la democracia, pretender que haya funcionarios públicos que no tengan control disciplinario ni penal, que estén por encima de la Constitución y de la ley. Lo que afecta a la democracia es pretender que haya funcionarios públicos que estén por encima de la institucionalidad.

Eso desfigura el ordenamiento jurídico, eso caricaturiza el ordenamiento, eso sería lo que pondría en riesgo a la democracia: erigirse en funcionarios sin control. Aquí no se está pidiendo un régimen de inmunidad, sino uno de impunidad en el que se actúa sin que ello tenga consecuencias en el ordenamiento.

¿Qué decir a quienes critican este fallo al compararlo con la sanción que se le impuso a Samuel Moreno?

Lo de Samuel Moreno es radicalmente diferente. Ese caso se dio en 2010 y las pruebas que se conocían en ese momento determinaban que lo de Moreno era una omisión de carácter administrativo en el ejercicio de sus funciones y eso, de acuerdo con la ley, sólo permitía la sanción que recibió. Acá los hechos son diferentes, porque sí se conocieron todas las pruebas y las conductas sancionables eran faltas graves. Ese fue el escenario diferente.

Las pruebas que se tenían en 2010 eran de omisión; las pruebas de corrupción en el caso de Samuel Moreno se conocieron casi tres años después de la decisión de la Procuraduría. Cuando los testigos Emilio Tapia, Julio Gómez y el señor Álvaro Dávila fueron a la Procuraduría en 2011 no denunciaron lo que denunciaron en la Fiscalía dos años después. Nosotros le hemos solicitado 178 pruebas a la Fiscalía para que obren en el proceso disciplinario que venimos adelantando por esos actos.

¿Qué le dice a quienes consideran que usted es un funcionario sin control?

Mire, yo no fui constituyente; fue la Constitución del 91 la que fortaleció la Procuraduría. Yo no fui legislador; fueron los legisladores de 2002 quienes diseñaron el sistema disciplinario. Yo no he participado en el diseño de la Procuraduría. Y además, el procurador tiene controles. Mi juez penal es la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y mi juez administrativo es el Consejo de Estado, y como cualquier funcionario mis actos están sometidos a esos controles. De hecho, hay muchas investigaciones disciplinarias y penales en mi contra.

¿Ganaron los superpoderes del procurador?

No. Es la institucionalidad la que indudablemente se fortalece. Pero esa decisión también tendrá que ser sometida a los controles correspondientes. Debemos tener la disposición de someternos a esos controles.

¿No cree que hubiera sido mejor para la democracia esperar a la revocatoria del mandato del alcalde Petro?

Es que son procedimientos que no se interfieren. Son autónomos. Yo no puedo decir caprichosamente: entonces no prosigo con la decisión, porque estoy cometiendo una omisión en una falta disciplinaria. Administrativamente son procedimientos paralelos, y si uno actúa el otro no.

¿Qué dice a quienes señalan que hubo un complot contra Petro?

Pues que esas reuniones hay que investigarlas. Ese eventual complot hay que investigarlo, si lo hubo. Jamás me reuní con alguien para hablar de ese tema.

Se ha planteado la posibilidad de reformar la Procuraduría. ¿Vale la pena reformar el Ministerio Público?

Para mejorarla, claro. ¿Qué institución no puede modificarse para mejorarse? Desde luego. Pero la fortaleza de la Procuraduría está precisamente en que con sus funciones es la garantía de las garantías constitucionales y la protectora de los derechos de los colombianos.

Procuraduría respeta suspensión de destitución

Tras la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que suspendió provisionalmente la destitución del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, la Procuraduría emitió un comunicado en el que se señala que aunque el magistrado que adoptó la decisión no conoció el fallo sancionatorio, afirma que la respeta, al tiempo que informa que remitirá a la Subsección A de la Sección Segunda de ese tribunal “los argumentos que dan claridad a los aspectos objeto de la medida provisional, así como de la acción de tutela que deberá resolver el fondo del asunto”.

En medio de la interminable controversia por la sanción de 15 años de destitución e inhabilidad impuesta al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, y horas antes de que el Tribunal Superior de Bogotá suspendiera su fallo sancionatorio, el procurador Alejandro Ordóñez dio una rueda de prensa en la que cuestionó la actitud del burgomaestre y además rechazó que se pretenda que “haya funcionarios públicos que no tengan control disciplinario”.

Usted ha criticado la actitud del alcalde...

La actitud de rebeldía frente a la institucionalidad puede tener implicaciones que serán calificadas y valoradas en su momento.

¿Qué pasa con la solicitud de medidas cautelares?

Los ciudadanos pueden acudir al sistema interamericano para solicitar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le solicite al Gobierno la protección de algún derecho que considere fue desconocido. Es indudable que para que eso acontezca debe primero agotarse el derecho interno; es decir, que los instrumentos que el derecho interno haya diseñado se utilicen. Eso procedería en estados que carecen de instituciones para proteger esos derechos, pero aquí existen los instrumentos.

¿Cree que, como muchos dicen, usted le dio un golpe a la democracia con este fallo?

Aquí no hay funcionarios públicos que no puedan ser controlados. Todos los funcionarios en Colombia tienen controles, controles de legalidad, sociales, políticos. Qué grave para la institucionalidad, qué grave para la democracia, pretender que haya funcionarios públicos que no tengan control disciplinario ni penal, que estén por encima de la Constitución y de la ley. Lo que afecta a la democracia es pretender que haya funcionarios públicos que estén por encima de la institucionalidad.

Eso desfigura el ordenamiento jurídico, eso caricaturiza el ordenamiento, eso sería lo que pondría en riesgo a la democracia: erigirse en funcionarios sin control. Aquí no se está pidiendo un régimen de inmunidad, sino uno de impunidad en el que se actúa sin que ello tenga consecuencias en el ordenamiento.

¿Qué decir a quienes critican este fallo al compararlo con la sanción que se le impuso a Samuel Moreno?

Lo de Samuel Moreno es radicalmente diferente. Ese caso se dio en 2010 y las pruebas que se conocían en ese momento determinaban que lo de Moreno era una omisión de carácter administrativo en el ejercicio de sus funciones y eso, de acuerdo con la ley, sólo permitía la sanción que recibió. Acá los hechos son diferentes, porque sí se conocieron todas las pruebas y las conductas sancionables eran faltas graves. Ese fue el escenario diferente.

Las pruebas que se tenían en 2010 eran de omisión; las pruebas de corrupción en el caso de Samuel Moreno se conocieron casi tres años después de la decisión de la Procuraduría. Cuando los testigos Emilio Tapia, Julio Gómez y el señor Álvaro Dávila fueron a la Procuraduría en 2011 no denunciaron lo que denunciaron en la Fiscalía dos años después. Nosotros le hemos solicitado 178 pruebas a la Fiscalía para que obren en el proceso disciplinario que venimos adelantando por esos actos.

¿Qué le dice a quienes consideran que usted es un funcionario sin control?

Mire, yo no fui constituyente; fue la Constitución del 91 la que fortaleció la Procuraduría. Yo no fui legislador; fueron los legisladores de 2002 quienes diseñaron el sistema disciplinario. Yo no he participado en el diseño de la Procuraduría. Y además, el procurador tiene controles. Mi juez penal es la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y mi juez administrativo es el Consejo de Estado, y como cualquier funcionario mis actos están sometidos a esos controles. De hecho, hay muchas investigaciones disciplinarias y penales en mi contra.

¿Ganaron los superpoderes del procurador?

No. Es la institucionalidad la que indudablemente se fortalece. Pero esa decisión también tendrá que ser sometida a los controles correspondientes. Debemos tener la disposición de someternos a esos controles.

¿No cree que hubiera sido mejor para la democracia esperar a la revocatoria del mandato del alcalde Petro?

Es que son procedimientos que no se interfieren. Son autónomos. Yo no puedo decir caprichosamente: entonces no prosigo con la decisión, porque estoy cometiendo una omisión en una falta disciplinaria. Administrativamente son procedimientos paralelos, y si uno actúa el otro no.

¿Qué dice a quienes señalan que hubo un complot contra Petro?

Pues que esas reuniones hay que investigarlas. Ese eventual complot hay que investigarlo, si lo hubo. Jamás me reuní con alguien para hablar de ese tema.

Se ha planteado la posibilidad de reformar la Procuraduría. ¿Vale la pena reformar el Ministerio Público?

Para mejorarla, claro. ¿Qué institución no puede modificarse para mejorarse? Desde luego. Pero la fortaleza de la Procuraduría está precisamente en que con sus funciones es la garantía de las garantías constitucionales y la protectora de los derechos de los colombianos.

Procuraduría respeta suspensión de destitución

Tras la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que suspendió provisionalmente la destitución del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, la Procuraduría emitió un comunicado en el que se señala que aunque el magistrado que adoptó la decisión no conoció el fallo sancionatorio, afirma que la respeta, al tiempo que informa que remitirá a la Subsección A de la Sección Segunda de ese tribunal “los argumentos que dan claridad a los aspectos objeto de la medida provisional, así como de la acción de tutela que deberá resolver el fondo del asunto”.