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El año pasado miles de europeos se expresaron en las calles contra el Acuerdo Comercial Antifalsificación (Acta), un pacto negociado en secreto que proponía incrementar duramente las normas internacionales sobre propiedad intelectual. Su protesta significó un rechazo a las políticas de derechos de autor exportadas desde Hollywood hacia Europa y el mundo, que por intentar controlar las descargas ilegales amenazaban el clima de creatividad y libertad que caracteriza a internet.
Sin embargo, el rechazo del Acta no detuvo la avanzada de las industrias de contenidos para endurecer las normas en todo el mundo y proteger su modelo obsoleto de negocio. Con más frecuencia, los acuerdos de libre comercio internacionales son el escenario perfecto para imponer este tipo de demandas a otros países, aprovechando el secretismo de su negociación y los distintos intereses que sobre ellos convergen.
Los acuerdos de libre comercio como Acta y el Acuerdo Estratégico Transpacífico (TPP), negociado entre Estados Unidos y sus socios comerciales, han traído malas noticias para la política internacional, la internet, la innovación tecnológica y la libertad de expresión. Este sistema basado en obligaciones globales impone a los estados reglas inflexibles y de largo plazo, que son un lastre para el dinámico entorno de la innovación en la internet. Peor aún, muchas de las normas que Estados Unidos termina por exportar a otros países ni siquiera son bien recibidas en ese país.
Como prueba de ello, basta recordar las polémicas suscitadas en Colombia y Chile por la implementación del capítulo de propiedad intelectual de sus TLC con Estados Unidos. Si algo queda claro es que la importación directa de reglas estrictas sobre este tema no es una alternativa viable.
En ambos casos, la sociedad civil ha dejado claro que no está dispuesta a aceptar políticas obsoletas y contraproducentes que no toman en cuenta los intereses de la gente común: la protección de la internet libre y abierta, en la que se respeten el intercambio libre de ideas, la innovación tecnológica y el acceso al conocimiento. En otras palabras, los usuarios de internet no están dispuestos a aceptar la libre importación de modelos fallidos.
Nuestra región afronta estos meses una nueva amenaza. El resultado de las negociaciones del TPP, que incluye a México, Chile, Perú y pronto Colombia, podría volver a reescribir muchas leyes nacionales sobre derechos de autor y potencialmente afectar la libertad de expresión, la privacidad y las condiciones para la innovación en los países firmantes. Agrava este panorama que las negociaciones se lleven a cabo de espaldas a la opinión pública, en mesas de negociación dirigidas por Estados Unidos y donde es corriente aceptar ciertas restricciones a la importación de libros a cambio de beneficios para exportar vegetales.
¿Y qué significaría importar estas reglas para nosotros? Significaría que las empresas que nos prestan servicios en internet, como nuestra red social favorita o nuestra empresa proveedora de conexión, podrían terminar obligadas a echar un vistazo a lo que enviamos y recibimos buscando comportamientos infractores. Significaría que cualquier start up (empresa de nueva creación) tendría que invertir buen dinero contratando expertos en derechos de autor para resolver reclamaciones como si se tratara de un tribunal. Significaría que nuestra conexión a internet podría ser cancelada cualquier día porque el vecino descargó una canción usando nuestra red inalámbrica. Significa que, en suma, tendríamos menos servicios, cada vez más caros y menos libres.
Los estados deben ser capaces de diseñar y poner en práctica la política de innovación que mejor se adapte a la necesidad de sus economías y su gente. De la misma forma en que sería una locura importar un producto malogrado que dañaría a quien lo consuma, no es una buena idea importar un sistema legal que ha demostrado ser restrictivo para la libertad de expresión en su país de origen. Muchas de las disposiciones del TPP restringen nuestra capacidad de innovar y amenazan nuestra libertad. Necesitamos que nuestros estados empiecen a negociar por nosotros y con nosotros, ya no a nuestras espaldas.
*Miguel Morachimo, director de la ONG Hiperderecho @hiperderecho
Katitza Rodriguez, directora internacional de la Fundación Frontera Electrónica (EFF) @KatitzaR