El presidente Álvaro Uribe siguió echándole leña al fuego a su enfrentamiento con el Poder Judicial. Luego de que el martes pasado hablara de la existencia de un “roscograma” en la justicia, refiriéndose al clientelismo que supuestamente existe en el sector —lo que provocó la reacción de las altas cortes que le pidieron claridad en las denuncias y le devolvieron la pedrada diciendo que el verdadero clientelismo existía entre el Ejecutivo y el Legislativo—, ayer en un nuevo desayuno en Palacio con la coalición de Gobierno en el Congreso, convocado para hablar sólo de la reforma política, se volvió a poner el tema sobre la mesa.
Sin embargo, antes que retractaciones o análisis a las respuestas de la Rama Judicial, esta vez la discusión giro en torno a buscar la manera de “reglamentar” o, dado el caso, eliminar para todos esa costumbre —“cultural”, según el presidente del Senado, Hernán Andrade—, de que entre instituciones y poderes se intercambien y compartan nombramientos. “La cuestión aquí es o todos en la cama o todos en el suelo. O establecemos un impedimento general para parlamentarios, justicia y Ejecutivo, o levantamos las inhabilidades”, agregó Andrade.
Así las cosas, y si se quiere seguir en la línea de los refranes populares, todo parece indicar que lo que el uribismo quiere aplicar cabe perfectamente en aquella frase que dice: “Untado un dedo, untada toda la mano”. Porque según lo dicho por varios de los congresistas asistentes al desayuno, como la senadora Adriana Gutiérrez, en Colombia siempre ha habido clientelismo, “entonces eso lo podemos reglamentar de manera clara, abierta y con transparencia. Lo que pasa es que ahora se quiere presentar como una discusión entre poderes, pero hay algo claro: si hay pérdida de investidura para los congresistas por tráfico de influencias, pues que lo haya para todos los poderes”.
El destape es evidente, al menos por los lados del Congreso. El mismo Andrade, al ser preguntado sobre si tenía familiares “colocados” en el Ejecutivo, confesó que su esposa trabaja en el Invima, “donde entró tras un proceso meritocrático”. El congresista ve como positivo el hecho de que el tema se haya puesto de cara a la opinión pública y se arme el debate. “Es que los familiares nuestros tienen derecho a trabajar”, concluyó. Por cierto, parte del agua sucia, si es que así se puede llamar, salpicó también al fiscal Mario Iguarán, quien ayer tuvo que reconocer que su hermano, Alfredo Ángel, es actualmente jefe de presupuesto de la Rama Judicial, cargo al que llegó, según dijo, “por sus propios méritos hace más de un año a través del Consejo Superior de la Judicatura”.
¿Estigmatización a la justicia?
Mientras tanto, en la otra orilla siguen las reacciones, la más dura de ellas del procurador general Edgardo Maya, quien consideró que la utilización del término “roscograma” por parte del presidente Uribe forma parte de una campaña de desprestigio contra el Poder Judicial. “Lo que se quiere es estigmatizar la Rama Judicial”, dijo, aclarando eso sí que en el
Ministerio Público no se ha violado el régimen de prohibiciones con nombramientos de familiares o personas cercanas a los magistrados de la Corte Suprema, que lo postuló, o del Congreso, que lo eligió. Maya aprovechó también para devolverle la pelota al Gobierno: “El clientelismo afecta de manera global al Estado. En el Ejecutivo también nombran familiares de magistrados, en los cargos diplomáticos, en las embajadas y hay familiares de parlamentarios nombrados en institutos descentralizados”.
Precisamente mientras el Procurador se despachaba, en la reunión de la Casa de Nariño el asunto sobre su elección y sus funciones también era abordado por el uribismo en pleno. Lo que se plantea ahora es que ya que éste es nombrado de una terna propuesta por la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y el Presidente de la República, y una de sus principales gestiones es investigar a los senadores, que a su vez lo eligen, se debe evitar que después el Procurador devuelva el favor del nombramiento. Por eso, se va a proponer que sea elegido de una terna presentada sólo por el Primer Mandatario y elegido por el Senado. Y perdería la facultad de investigar disciplinariamente a los congresistas, cuya función la cumpliría en una primera instancia la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y, en una segunda, la Sala Administrativa de esa misma corporación.
Volviendo a lo del “roscograma”, el presidente de la Corte Constitucional, Humberto Sierra Porto, enfatizó que el debate en torno al clientelismo en la justicia es bienvenido, pero a su vez pidió extenderlo al Congreso de la República, a los gobiernos regionales y locales, y a la misma Rama Ejecutiva. En su concepto, el problema es de todos: “No le huimos a la discusión, bienvenida ella sea y creo que eso es sano para el país. Pero también hablemos del clientelismo de los congresistas, de la administración publica, en los órganos de control”, agregó Sierra Porto.
Y congresistas de la oposición también contraatacaron. La senadora Gloria Inés Ramírez, del Polo, manifestó que el “dichoso roscograma” es nacional y se da entre todos los poderes, incluso entre el Ejecutivo y el Judicial, que son los que ahora están enfrentados. Ramírez le hizo un llamado al Presidente para que explique la forma como reparte los ministerios, que según ella, se hace como cuota a los partidos que lo apoyan. “Cada uno de los ministerios está en manos de un determinado grupo político. Por eso digo que el Presidente no tiene la capacidad moral para cuestionar a la justicia por la supuesta repartición clientelista de puestos, subrayó.
Para algunos analistas el asunto está como la canción: “Tongo le dio a Borondongo, Borondongo le dio a Bernabé…”, y hasta el presidente del Senado, Hernán Andrade, confesó que al comienzo de la reunión de ayer hubo “una risa maliciosa en torno al tema del ‘roscograma’” y el senador Carlos Ferro, otro de los asistentes, reveló que en algún momento el presidente Uribe había dicho que era más fácil saber quién filtró la noticia sobre la utilización de los lemas de la ‘Operación Jaque’, que saber quién le dijo a la prensa lo del “roscograma”. De todas maneras, dijo Andrade con ironía, todos los “derechos de autor” sobre la palabra son del presidente Álvaro Uribe.
Habla Hernando Torres, presidente del Consejo Superior de la Judicatura
“Estamos dispuestos a examinar”
¿Cómo recibe el Consejo Superior de la Judicatura la palabra ‘roscograma’?
Lo único que puedo decir es que, a propósito de la Constitución de 1991, se instauró la carrera judicial. Los jueces y los magistrados son nombrados de listas de elegibles por concurso público. La Judicatura ha hecho 19 concursos y
eso ha implicado cerca de 62 convocatorias para seleccionar jueces, magistrados y empleados. Todos los magistrados de los tribunales superiores provienen de ese tipo de concursos; el 85% de los jueces también proviene de listas de elegibles de concursos públicos. Si llega a haber vacantes, hacemos concursos públicos. Los magistrados de la Corte Constitucional se eligen de una terna propuesta entre el Presidente, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. La Corte Suprema y el Consejo de Estado son de conformación del Consejo Superior de la Judicatura con convocatorias públicas.
¿Pero existe o no el clientelismo en la Rama Judicial?
Nosotros informamos cómo hacemos las cosas, porque estamos dispuestos a mejorar o examinar las críticas que se hacen. No sólo porque somos parte del Estado o de la rama, sino por toda la estructura. Si eventualmente se llega a presentar el clientelismo, siempre estaremos abiertos a las críticas que se formulen, pero necesitamos ver en concreto de qué se trata, con qué argumentos y en qué escenarios se presentan.
Por ejemplo, ¿algún amigo o conocido suyo ha sido nombrado dentro del Poder Judicial?
Yo llevo trabajando 30 años en el Poder Judicial y he conocido mucha gente que concursa, que entra y sale, pero esa no es responsabilidad de uno. Esa es responsabilidad de cada quien. Hay que tener en cuenta que en el Poder Judicial hay 4.500 nominadores. Es decir, cada juez nombra y cada magistrado nombra, porque así es la estructura del Poder Judicial. No es como en el Ejecutivo que un ministro nombra a todos los de su despacho o los institutos descentralizados a su cargo. En el Poder Judicial cada uno es nominador y hay 4.500 nominadores. Obviamente los seleccionados salen de listas y concursos, porque existen reglas estipuladas en la Constitución, hay una ley estatutaria y están los mismos reglamentos.
¿Cree que el presidente Uribe debe ser más preciso en su denuncia?
En lo que insisto es en que nosotros estamos abiertos a examinar y ver si hay, eventualmente, alguna irregularidad o alguna incompatibilidad normativa o que se está afectando el servicio público. Repito, estamos dispuestos a examinar lo pertinente cuando conozcamos un poco los escenarios.