ONU pide a Colombia mayor protección de mujeres víctimas de violencia sexista

El Comité de la ONU para la eliminación de la discriminación de la mujer reclamó al Gobierno de Colombia una mayor protección de las mujeres víctimas de violencia sexista, actos que todavía "se cometen con impunidad", a pesar de estar penados por la ley.

Así se refleja en las conclusiones del 56º periodo de sesiones de este comité, en las que subraya que la violencia de género está penada en Colombia según la ley 1257 de 2008; y reclama que se asegure a las víctimas un acceso adecuado a la protección y medidas de ayuda previstas en dicha ley.

Este comité de expertos consideró necesario que se simplifiquen los procedimientos, se armonicen los diferentes decretos que constituyen el marco normativo de la ley y se mejore la coordinación entre las instituciones responsables de su aplicación.

Según la ONU, todavía persiste en el país "cierta presión" sobre las mujeres víctimas de la violencia para que se reconcilien con el agresor "durante las primeras etapas del proceso administrativo o judicial".

En cuanto a la relación entre violencia contra la mujer y conflictos armados, el comité instó al país a "superar la impunidad" en este contexto, especialmente en los casos de abusos sexuales, y a seguir las leyes internacionales a la hora de perseguir a los responsables.

Para ello, propusieron aumentar el número de jueces y fiscales especializados en violencia sexual, en concreto de mujeres jueces; así como proporcionar a las víctimas un ambiente de seguridad durante y después de la investigación y el juicio.

Ante el eventual acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc, la ONU llamó la atención sobre la necesidad de velar en él por los casos de violencia sexual contra la mujer.

Sobre el tráfico, explotación y prostitución de mujeres, este comité solicitó llevar a cabo "sin más dilación" un estudio de las causas que llevan a estas circunstancias, junto con la recopilación de datos estadísticos para analizarlos en el próximo informe.

En cuanto a la participación en la vida pública, desde la ONU apuntaron al desarrollo de mecanismos que traduzcan la cuota del 30% de mujeres en listas electorales a un aumento real de su representación política; además de promover la participación de mujeres indígenas y afrocolombianas.

El comité también se refirió a la necesidad de atajar la brecha salarial entre hombres y mujeres y la alta tasa de abandono de los estudios universitarios entre mujeres.

A nivel de salud, indicaron que el Estado debe garantizar a las mujeres el acceso legal al aborto y a los posteriores cuidados médicos requeridos; además de promover y hacer accesibles métodos anticonceptivos para evitar, entre otras cosas, contagios de VIH.

El comité también expresó su preocupación por la situación de las mujeres indígenas y afrocolombianas de las zonas rurales, sobre todo de aquellas que se han visto obligadas a desplazarse de sus lugares de origen, ya que sufren muchas más dificultades para acceder a los procesos de restitución de tierras.

Por ello, instan al país a garantizar la protección de las mujeres indígenas víctimas de violencia por parte de grupos armados, así como reconocer totalmente el vínculo entre la violencia de género y sexual con el desplazamiento forzado.

Desde la ONU felicitaron al país por la creación de la Alta Consejería Presidencial para Asuntos de la Mujer; aunque aconsejaron que se dote a este organismo de "rango ministerial" para hacerlo más visible y eficaz.

Además, el comité animó al país a desarrollar "una estrategia integral para superar los estereotipos patriarcales y de género sobre los roles de muejeres y hombres en la sociedad".

El Comité de la ONU para la eliminación de la discriminación de la mujer reclamó al Gobierno de Colombia una mayor protección de las mujeres víctimas de violencia sexista, actos que todavía "se cometen con impunidad", a pesar de estar penados por la ley.

Así se refleja en las conclusiones del 56º periodo de sesiones de este comité, en las que subraya que la violencia de género está penada en Colombia según la ley 1257 de 2008; y reclama que se asegure a las víctimas un acceso adecuado a la protección y medidas de ayuda previstas en dicha ley.

Este comité de expertos consideró necesario que se simplifiquen los procedimientos, se armonicen los diferentes decretos que constituyen el marco normativo de la ley y se mejore la coordinación entre las instituciones responsables de su aplicación.

Según la ONU, todavía persiste en el país "cierta presión" sobre las mujeres víctimas de la violencia para que se reconcilien con el agresor "durante las primeras etapas del proceso administrativo o judicial".

En cuanto a la relación entre violencia contra la mujer y conflictos armados, el comité instó al país a "superar la impunidad" en este contexto, especialmente en los casos de abusos sexuales, y a seguir las leyes internacionales a la hora de perseguir a los responsables.

Para ello, propusieron aumentar el número de jueces y fiscales especializados en violencia sexual, en concreto de mujeres jueces; así como proporcionar a las víctimas un ambiente de seguridad durante y después de la investigación y el juicio.

Ante el eventual acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc, la ONU llamó la atención sobre la necesidad de velar en él por los casos de violencia sexual contra la mujer.

Sobre el tráfico, explotación y prostitución de mujeres, este comité solicitó llevar a cabo "sin más dilación" un estudio de las causas que llevan a estas circunstancias, junto con la recopilación de datos estadísticos para analizarlos en el próximo informe.

En cuanto a la participación en la vida pública, desde la ONU apuntaron al desarrollo de mecanismos que traduzcan la cuota del 30% de mujeres en listas electorales a un aumento real de su representación política; además de promover la participación de mujeres indígenas y afrocolombianas.

El comité también se refirió a la necesidad de atajar la brecha salarial entre hombres y mujeres y la alta tasa de abandono de los estudios universitarios entre mujeres.

A nivel de salud, indicaron que el Estado debe garantizar a las mujeres el acceso legal al aborto y a los posteriores cuidados médicos requeridos; además de promover y hacer accesibles métodos anticonceptivos para evitar, entre otras cosas, contagios de VIH.

El comité también expresó su preocupación por la situación de las mujeres indígenas y afrocolombianas de las zonas rurales, sobre todo de aquellas que se han visto obligadas a desplazarse de sus lugares de origen, ya que sufren muchas más dificultades para acceder a los procesos de restitución de tierras.

Por ello, instan al país a garantizar la protección de las mujeres indígenas víctimas de violencia por parte de grupos armados, así como reconocer totalmente el vínculo entre la violencia de género y sexual con el desplazamiento forzado.

Desde la ONU felicitaron al país por la creación de la Alta Consejería Presidencial para Asuntos de la Mujer; aunque aconsejaron que se dote a este organismo de "rango ministerial" para hacerlo más visible y eficaz.

Además, el comité animó al país a desarrollar "una estrategia integral para superar los estereotipos patriarcales y de género sobre los roles de muejeres y hombres en la sociedad".