El director del Instituto de Desarrollo Rural (Incoder), Rodolfo Campo Soto; Javier Romero Mercado, director de Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura, y Gisella Torres Arenas, interventora de la Dirección de Seguimiento Presupuestal del Ministerio, hacen parte del listado de 30 funcionarios que serán llamados a interrogatorio por la Fiscalía por la escandalosa entrega de millonarios subsidios no reembolsables a poderosas familias de la Costa, dentro del controvertido programa de Agro Ingreso Seguro.
La semana pasada un fiscal anticorrupción había citado a interrogatorio a 41 de los beneficiarios de estos polémicos giros, pues se descubrió que fueron acreedores de dos o más subsidios aparentemente de manera irregular. Detalles reveladores de cómo accedieron a los programas de financiamiento del sistema de riego y drenaje de Agro Ingreso Seguro (AIS) ya le fueron entregados a la justicia por Juan Manuel Dávila Fernández de Soto y su padre Juan Manuel Dávila Jimeno, quienes declararon el viernes pasado. Pero al margen de lo que expliquen los beneficiarios, la Fiscalía tiene en el radar a 11 funcionarios del Ministerio de Agricultura que serán llamados a interrogatorio.
El Espectador conoció los avances del expediente y constató que además de éstos, la Fiscalía ya identificó a 19 funcionarios del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) que también deberán comparecer para rendir sus explicaciones. Tres millonarios convenios firmados por el entonces ministro Andrés Felipe Arias y el IICA, entre 2007 y 2009, por un valor $287 mil millones, para desarrollar las convocatorias del Ministerio y entregar los subsidios, son los que enredan a estas 30 personas. Incluido el director del Incoder, Rodolfo Campo, quien también suscribió el convenio de 2008, en el que se entregaron $140 mil millones.
Todos serán citados a interrogatorio esta semana, pues la Fiscalía ya descubrió que los subsidios que debían apoyar al campesino o pequeño productor, supuestamente para paliar el impacto del TLC con Estados Unidos —que ni siquiera ha entrado en vigencia—, terminaron en manos de acaudalados empresarios que, para simular la legalidad de sus actuaciones, incorporaron en sus proyectos a varios miembros de la misma familia con contratos de arrendamiento que eran suscritos a última hora para llenar los requisitos de ley. Personajes todos con un denominador común: empresarios de influyentes familias del Magdalena que aportaron dineros a la reelección del presidente Uribe.
Las anomalías acontecieron en las barbas de los funcionarios del Ministerio de Agricultura y del IICA, sin oposición alguna.
En el despacho del fiscal general (e), Guillermo Mendoza, se encuentra un pormenorizado informe que resalta que el IICA no tenía la experiencia ni las capacidades para haber ejecutado los tres millonarios convenios que suscribió con el Ministerio. En actas presentadas por el IICA quedó constancia de que subcontrataron con firmas de interventoría para hacerles seguimiento y evaluación a los proyectos presentados por los beneficiarios del programa de AIS. Si el IICA no estaba preparado para desarrollar estos programas, ¿por qué el Ministerio le entregó semejante tajada del presupuesto nacional? Es apenas una de las preguntas que se hace la Fiscalía.
También indaga la justicia por qué en algunos casos el IICA transgredió los términos de referencia de los tres convenios para ajustarlos a su presupuesto, lo que podría constituir una violación de la Ley de Contratación Estatal. La tesis del ente acusador es que el artículo 355 de la Carta Política de 1991 prohíbe la entrega de los subsidios que se ‘feriaron’ en AIS, pero, además, la Corte Constitucional, en la sentencia C-507 de 2008, tumbó la norma que facultaba al Gobierno a entregar apoyos económicos sin contraprestación alguna por parte del beneficiario.
Una de las principales dificultades de la investigación ha sido la inmunidad que tiene el IICA por ser un organismo adscrito a la Organización de Estados Americanos (OEA) y por eso la Fiscalía busca aclarar por qué el Ministerio de Agricultura no abrió licitación para entregar los $287 mil millones de los programas de riego y drenaje y, en cambio, por medio de convenios adjudicó los dineros al IICA. Entidad que, según las primeras pesquisas, no tenía la capacidad para vigilar los proyectos presentados por los beneficiarios.
Con estas evidencias, el fiscal Guillermo Mendoza se apresta a tomar decisiones en el caso del ex ministro Arias y el ministro Andrés Fernández, quien capoteó hace poco una moción de censura en su contra. Esta vez, sin embargo, el escenario parece distinto.
FUNCIONARIOS LLAMADOS A INTERROGATORIO POR LA FISCALÍA
Incoder
1. Rodolfo Campo Soto (Gerente Incoder)
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
2. Javier Romero Mercado (Director de Desarrollo Rural)
3. Alba Sánchez Ríos (Interventora financiera de la Dirección de Planeación y Seguimiento Presupuestal MADR)
4. Gissella Torres Arenas (Interventora financiera de la Dirección de Planeación y Seguimiento Presupuestal MADR)
5. Diana Jimena Pereira Bonilla (Directora Política sectorial)
6. Nohora Beatriz Iregui G. (Directora Cadenas Productivas)
7. Carolina Camacho Vergara (Directora Política Sectorial)
8. Agustín Herrera (Grupo de Expertos)
9. Jairo Mesa Guerra
10. Juan Camilo Salazar Rueda
11. Fernando Arbeláez Soto
12. Marcela Ureña Gomez
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura
13. Iván Fernando Esteban Céspedes (Director Programa AIS)
14. Daniel Montoya López (Coordinador Convenio AIS)
15. Luis Fernando Restrepo (Coordinador Convenios IICA AIS)
16. Miguel Valenzuela
17. Diego Pérez
18. Juan Sebastián Díaz
19. Ana Linda Torres
20. Helio Duarte Toloza
21. Juan David Castaño Alzate
22. María Mercedes Álvarez
23. Lucía Patricia Muñoz
24. Juan Pablo Díaz
25. Diego Fernando Pérez
Del comité de grupo de expertos
26. Jairo Cano Gallego (Coordinador Técnico)
27. Jairo Velásquez Barrera
28. José Irían Tobón
29. Carlos Polo Jiménez
30. Agustín Herrera