País sin humanidad

Sandra* es víctima por partida triple. El primer dolor lo sintió cuando integrantes de un grupo armado se llevaron a su esposo de una finca en Córdoba. El segundo, cuando esa misma noche tuvo que salir desplazada, con siete hijos y lo que alcanzó a recoger en una maleta, porque los mismos hombres que nunca le devolvieron al hombre de su vida amenazaron con llevarse a su pequeña de 11 años.

El tercer dolor, el más reciente, ocurrió hace poco, cuando tratando de habituarse a su nueva vida de madre cabeza de hogar, le llegó una oferta para trabajar como cocinera en su tierra natal. Lo que parecía una oportunidad para volver a empezar terminó en una pesadilla cuando uno de sus patrones, miembro de un grupo armado, abusó sexualmente de ella y le advirtió que si no “cooperaba” se acordara “de que tenía una hija muy bonita”.

La historia de Sandra aparece en el informe que publicó este miércoles el CICR (Comité Internacional de la Cruz Roja) sobre la situación humanitaria del país. En éste se advierte que la violencia sexual dejó a 117 nuevas víctimas en 2012, la mayoría de Nariño, Chocó, Arauca, Antioquia y Cauca.

Según el CICR, de las víctimas que atendió el organismo, sólo cuatro llegaron durante las 72 horas posteriores a la violación. Las demás, las pocas que se atreven a denunciar, lamentablemente, llegan a un centro hospitalario entre un mes y medio y dos meses después de sucedidos los hechos.

Precisamente, el principal problema que enfrentan las víctimas de violencia sexual es la dificultad de acceso a servicios de salud, así como garantías de seguridad y protección. “Los casos de violencia sexual tienen que ser tratados en todas las situaciones como casos de emergencia médica y, en ningún caso, puede exigirse una denuncia como condición para acceder a servicios médicos o psicológicos”, dice el informe y agrega que, aun disponiendo de información, las víctimas no logran acceder a los servicios de salud por falta de infraestructura y personal médico en sus lugares de origen o porque, existiendo hospitales, éstos no cuentan con los implementos necesarios para atender la emergencia.

Viviana Rodríguez, investigadora de la organización Sisma Mujer, coincide en que en Colombia hay una precaria atención para mujeres abusadas: “Falta mucha conciencia en los hospitales. Las atienden como si se tratara de una emergencia médica, cuando debe seguirse un protocolo de prevención de contaminación por enfermedades de transmisión sexual, hacerse una revisión a nivel físico y psicológico y brindar información sobre cómo pueden restablecer sus derechos”.

Algo más que preocupa a la investigadora de Sisma es que en el informe del CICR se evidencia que cuando las mujeres denuncian que fueron abusadas por miembros de la llamadas bacrim (bandas criminales), se les niega el registro al Sistema Nacional de Atención y Reparación de Víctimas y la atención que merecen, ya que estas bandas no son reconocidas en la ley 1448, aunque la Corte Constitucional ya hizo dos pronunciamientos el año pasado en los que aclara que “hay más víctimas que las que se entienden de la ley 1448”.
El informe recalca que la violencia sexual va mucho más allá de la relación sexual forzada o del acceso carnal violento. “Incluye también otras graves conductas, como prostitución y desnudez forzadas, esclavitud sexual, fertilización, esterilización o interrupción forzada del embarazo, relaciones sexuales con menores de 14 años y actos sexuales abusivos”, advierte, y añade que la violencia sexual está conectada con otros problemas humanitarios, como el desplazamiento forzado, el despojo de tierras, la desaparición forzada y el reclutamiento de menores.

Sobre este último, dice el documento del CICR, durante 2012 el organismo pudo desvincular del conflicto armado a 33 menores de edad, como la hija de doña Flor, una campesina de Nariño que creía haber perdido completamente a su niña de 11 años cuando la vio partir con un grupo al margen de la ley hace cinco años, y a quien recuperó recientemente gracias al apoyo de la Cruz Roja Internacional.

Según el organismo internacional, “los menores son especialmente vulnerables en situaciones de conflicto armado y violencia. Sufren por violaciones directas de sus derechos y están expuestos continuamente a los peligros derivados de las hostilidades, violencia sexual o amenazas”. Peor aún, padecen consecuencias indirectas, como la falta de acceso a la educación o a oportunidades. “Los jóvenes con pocos años de escolaridad, con mínimas opciones laborales o que crecen separados de sus familias por causa de la guerra son más propensos a convertirse en víctimas”, manifiesta el CICR.

De otro lado, el documento sobre situación humanitaria en Colombia deja claro que, a pesar de los esfuerzos del Sistema Nacional de Salud por mejorar la prestación
de servicios, en el último año persistieron las dificultades logísticas y administrativas para acceder a la salud, sobre todo en zonas de conflicto: el CICR documentó 75 infracciones y 13 incidentes que obstaculizaron el desarrollo de las actividades de salud.

En ocasiones, el acceso se dificultó porque no había una ambulancia disponible para recoger o trasladar al paciente. En otras, porque el médico que lo recibió no estaba capacitado para intervenir ante la gravedad del caso. En otras más, porque faltaba una autorización para asignarle una cama en un hospital de mayor nivel. “Se trata de fallas no exclusivas de zonas de conflicto, pero que en estos lugares se agudizan y pueden significar la diferencia entre la vida y la muerte”, recalca el organismo.

A las fallas de acceso a los servicios se suman las dificultades que enfrenta el personal de salud para cumplir con su labor. Los reportes de amenazas y ataques contra el personal de salud y la infraestructura sanitaria, denominados Misión Médica en Colombia, siguieron en aumento durante 2012. Estos actos incluyeron, por ejemplo, destrucción de puestos de salud, heridas, amenazas de muerte y privación de la libertad del personal médico, robo de medicamentos o vehículos e, incluso, bajar de las ambulancias a pacientes que eran trasladados a centros de salud.

Marc Bosch, coordinador general de Médicos sin Fronteras en Colombia, afirma que en las zonas rurales donde el organismo está presente existen grandes deficiencias en el ámbito del acceso a la salud: “Muchos de los hospitales no están realizando actividades extramurales y la red de atención primaria se ha ido deteriorando. Hay puestos de salud abandonados y el personal es escaso. El conflicto armado y los ataques a la misión médica pueden explicar en parte esta situación, pero para nosotros es evidente que la mayor parte de barreras que limitan el acceso a la salud está relacionada también con el diseño y la implementación del actual sistema de salud”.

Mariée-Jose Sierro, coordinadora de Salud del Comité Internacional de la Cruz Rojas en Colombia, se refiere a estas faltas como un problema epidemiológico que aqueja al país: “No sólo se afecta un médico, sino que la ausencia de éste perjudica a cientos de personas que dependen de su atención. Es como una gran enfermedad”.

*Nombre cambiado por petición de la víctima

Sandra* es víctima por partida triple. El primer dolor lo sintió cuando integrantes de un grupo armado se llevaron a su esposo de una finca en Córdoba. El segundo, cuando esa misma noche tuvo que salir desplazada, con siete hijos y lo que alcanzó a recoger en una maleta, porque los mismos hombres que nunca le devolvieron al hombre de su vida amenazaron con llevarse a su pequeña de 11 años.

El tercer dolor, el más reciente, ocurrió hace poco, cuando tratando de habituarse a su nueva vida de madre cabeza de hogar, le llegó una oferta para trabajar como cocinera en su tierra natal. Lo que parecía una oportunidad para volver a empezar terminó en una pesadilla cuando uno de sus patrones, miembro de un grupo armado, abusó sexualmente de ella y le advirtió que si no “cooperaba” se acordara “de que tenía una hija muy bonita”.

La historia de Sandra aparece en el informe que publicó este miércoles el CICR (Comité Internacional de la Cruz Roja) sobre la situación humanitaria del país. En éste se advierte que la violencia sexual dejó a 117 nuevas víctimas en 2012, la mayoría de Nariño, Chocó, Arauca, Antioquia y Cauca.

Según el CICR, de las víctimas que atendió el organismo, sólo cuatro llegaron durante las 72 horas posteriores a la violación. Las demás, las pocas que se atreven a denunciar, lamentablemente, llegan a un centro hospitalario entre un mes y medio y dos meses después de sucedidos los hechos.

Precisamente, el principal problema que enfrentan las víctimas de violencia sexual es la dificultad de acceso a servicios de salud, así como garantías de seguridad y protección. “Los casos de violencia sexual tienen que ser tratados en todas las situaciones como casos de emergencia médica y, en ningún caso, puede exigirse una denuncia como condición para acceder a servicios médicos o psicológicos”, dice el informe y agrega que, aun disponiendo de información, las víctimas no logran acceder a los servicios de salud por falta de infraestructura y personal médico en sus lugares de origen o porque, existiendo hospitales, éstos no cuentan con los implementos necesarios para atender la emergencia.

Viviana Rodríguez, investigadora de la organización Sisma Mujer, coincide en que en Colombia hay una precaria atención para mujeres abusadas: “Falta mucha conciencia en los hospitales. Las atienden como si se tratara de una emergencia médica, cuando debe seguirse un protocolo de prevención de contaminación por enfermedades de transmisión sexual, hacerse una revisión a nivel físico y psicológico y brindar información sobre cómo pueden restablecer sus derechos”.

Algo más que preocupa a la investigadora de Sisma es que en el informe del CICR se evidencia que cuando las mujeres denuncian que fueron abusadas por miembros de la llamadas bacrim (bandas criminales), se les niega el registro al Sistema Nacional de Atención y Reparación de Víctimas y la atención que merecen, ya que estas bandas no son reconocidas en la ley 1448, aunque la Corte Constitucional ya hizo dos pronunciamientos el año pasado en los que aclara que “hay más víctimas que las que se entienden de la ley 1448”.
El informe recalca que la violencia sexual va mucho más allá de la relación sexual forzada o del acceso carnal violento. “Incluye también otras graves conductas, como prostitución y desnudez forzadas, esclavitud sexual, fertilización, esterilización o interrupción forzada del embarazo, relaciones sexuales con menores de 14 años y actos sexuales abusivos”, advierte, y añade que la violencia sexual está conectada con otros problemas humanitarios, como el desplazamiento forzado, el despojo de tierras, la desaparición forzada y el reclutamiento de menores.

Sobre este último, dice el documento del CICR, durante 2012 el organismo pudo desvincular del conflicto armado a 33 menores de edad, como la hija de doña Flor, una campesina de Nariño que creía haber perdido completamente a su niña de 11 años cuando la vio partir con un grupo al margen de la ley hace cinco años, y a quien recuperó recientemente gracias al apoyo de la Cruz Roja Internacional.

Según el organismo internacional, “los menores son especialmente vulnerables en situaciones de conflicto armado y violencia. Sufren por violaciones directas de sus derechos y están expuestos continuamente a los peligros derivados de las hostilidades, violencia sexual o amenazas”. Peor aún, padecen consecuencias indirectas, como la falta de acceso a la educación o a oportunidades. “Los jóvenes con pocos años de escolaridad, con mínimas opciones laborales o que crecen separados de sus familias por causa de la guerra son más propensos a convertirse en víctimas”, manifiesta el CICR.

De otro lado, el documento sobre situación humanitaria en Colombia deja claro que, a pesar de los esfuerzos del Sistema Nacional de Salud por mejorar la prestación
de servicios, en el último año persistieron las dificultades logísticas y administrativas para acceder a la salud, sobre todo en zonas de conflicto: el CICR documentó 75 infracciones y 13 incidentes que obstaculizaron el desarrollo de las actividades de salud.

En ocasiones, el acceso se dificultó porque no había una ambulancia disponible para recoger o trasladar al paciente. En otras, porque el médico que lo recibió no estaba capacitado para intervenir ante la gravedad del caso. En otras más, porque faltaba una autorización para asignarle una cama en un hospital de mayor nivel. “Se trata de fallas no exclusivas de zonas de conflicto, pero que en estos lugares se agudizan y pueden significar la diferencia entre la vida y la muerte”, recalca el organismo.

A las fallas de acceso a los servicios se suman las dificultades que enfrenta el personal de salud para cumplir con su labor. Los reportes de amenazas y ataques contra el personal de salud y la infraestructura sanitaria, denominados Misión Médica en Colombia, siguieron en aumento durante 2012. Estos actos incluyeron, por ejemplo, destrucción de puestos de salud, heridas, amenazas de muerte y privación de la libertad del personal médico, robo de medicamentos o vehículos e, incluso, bajar de las ambulancias a pacientes que eran trasladados a centros de salud.

Marc Bosch, coordinador general de Médicos sin Fronteras en Colombia, afirma que en las zonas rurales donde el organismo está presente existen grandes deficiencias en el ámbito del acceso a la salud: “Muchos de los hospitales no están realizando actividades extramurales y la red de atención primaria se ha ido deteriorando. Hay puestos de salud abandonados y el personal es escaso. El conflicto armado y los ataques a la misión médica pueden explicar en parte esta situación, pero para nosotros es evidente que la mayor parte de barreras que limitan el acceso a la salud está relacionada también con el diseño y la implementación del actual sistema de salud”.

Mariée-Jose Sierro, coordinadora de Salud del Comité Internacional de la Cruz Rojas en Colombia, se refiere a estas faltas como un problema epidemiológico que aqueja al país: “No sólo se afecta un médico, sino que la ausencia de éste perjudica a cientos de personas que dependen de su atención. Es como una gran enfermedad”.

*Nombre cambiado por petición de la víctima