Es probable que sean pocos los colombianos que están enterados de que el 31 de octubre en la capital del país no sólo se celebra la fiesta de los disfraces. Hace cuatro años, esa fecha fue establecida por el Concejo de Bogotá como el Día de la Biblia, una jornada en la que las comunidades cristianas de la ciudad se dedican al estudio de las Sagradas Escrituras. La iniciativa fue autoría del representante a la Cámara Luis Enrique Salas, que en ese entonces pertenecía al Partido Nacional Cristiano y hoy milita en las huestes de la U.
En aquel momento, Salas, quien es pastor de la Iglesia Cristiana Internacional En tu Presencia, justificó su propuesta diciendo que de esta manera los cristianos tendrían una festividad propia, “tal y como sucede con la Iglesia Católica Romana desde la época colonial”. El proyecto fue aplaudido en los templos bogotanos y difundido por los creyentes en portales de internet.
Salas, quien afirma estar convencido de que “Dios es esencialmente político”, cree que con gestiones como esa le cumple al gremio cristiano, sus electores, “como lo haría cualquier funcionario con su organización de origen”. Sin embargo, no todo el mundo está de acuerdo con darle ese manejo al servicio público. Tanto así, que sobre el tema cursa en la Cámara de Representantes un proyecto de ley, el 180 de 2007, que prohíbe a los pastores y predicadores incursionar en política si no
renuncian a su misión religiosa al menos doce meses antes de iniciar su campaña oficial.
La idea, según el representante liberal Guillermo Santos, uno de los autores de la iniciativa, que fue escrita en conjunto con el parlamentario de Alas Equipo Colombia Pedro Nelson Pardo, es evitar que los púlpitos sean aprovechados para hacer proselitismo. En la exposición de motivos de la propuesta se señala que la personería jurídica a las iglesias “no es otorgada para conformar centros de adiestramiento político”.
Entre otros documentos, los legisladores hacen referencia a un informe de El Espectador, publicado el año pasado, titulado “La política del Señor”, en el que se evidencia el auge de los pastores de templos cristianos, evangélicos y protestantes en el panorama electoral y, más allá, la utilización de las sedes religiosas como escenario para vender sus propuestas de campaña.
Al respecto, Santos dice que aplaude el hecho de que “la religión se esté tomando la política”, pero siempre y cuando sea “en condiciones de igualdad. No es justo que mediante el culto se induzca a los fieles a votar por el candidato del templo”.
Pero el proyecto no se limita a los predicadores que aspiran a ser los elegidos por el pueblo. Si la ley es aprobada, resultarían afectados incluso los pastores que ya son servidores públicos, pues la norma les da un plazo de dos meses para renunciar a su ministerio religioso. La propuesta busca asegurar así que el funcionario se dedique de manera exclusiva a su cargo e impedir “un posible tráfico de influencias” a favor de la organización espiritual a la que pertenece.
¿‘CONEJO’ AL FISCO?
Así las cosas, es claro que el llamado proyecto de ley “a las iglesias” va a pisar más de un callo, especialmente teniendo en cuenta lo fuerte que están las organizaciones religiosas, con representantes en el sector público, como el partido Mira, que cuenta con dos senadores, un representante a la Cámara, tres diputados y 16 concejales. Sólo por mencionar un caso.
Además del control al ejercicio político sobre los altos jerarcas de las comunidades de fieles, la propuesta ordena a la DIAN realizar una auditoría tributaria a las distintas iglesias, confesiones religiosas, sus confederaciones y asociaciones de ministros para determinar de manera precisa el patrimonio de cada una de ellas. Esto porque la ley colombiana exime de impuestos a los templos, previo registro de su patrimonio ante el Ministerio del Interior y Justicia y vía libre del Concejo municipal correspondiente, pero no a los pastores, quienes podrían estar obligados a tributar como personas naturales.
En palabras del representante Santos, estas personas “estarían evadiendo sus obligaciones con el fisco nacional”. Sin embargo, al ser consultado sobre las pruebas que corroboren lo asegurado, el autor del proyecto se limitó a decir que “estamos investigando”.
El concejal de Bogotá por el Mira, Carlos Baena, calificó de “ligeras” las afirmaciones de Santos, y agregó que “esto tiene que
probarlo”. El político, quien también es pastor de la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional, opina además que una norma así “violaría el derecho constitucional que hay de elegir y ser elegido sin limitaciones”. Y va más allá, pues pide a los legisladores que extiendan la ley a todo aquel que tenga a su cargo grupos de personas que sean potencialmente electoras. “Si se va a legislar en contra de las iglesias, entonces que tampoco puedan hacer política los sindicalistas, ni los empresarios, ni los profesores”, afirma.
En igual sentido se pronunció el congresista Luis Enrique Salas, quien dirige una congregación de alrededor de 1.500 fieles. “La sola propuesta de ley está violando la Constitución y la libertad”. Salas asegura no sentirse inhabilitado en su doble condición de pastor y representante y dijo no verle nada de malo a que “desde el púlpito se les pida a los creyentes que voten por uno”. El parlamentario cree tanto en esta idea que se declaró enemigo del proyecto y desde ya está haciendo gestiones para que se hunda en los debates. “Voy a hablar con la bancada uribista y con el ministro del Interior y Justicia, Carlos Holguín, para que la ley no pase”.
Ante tanta polémica, el ponente de la propuesta, el representante Juan Córdoba del Partido Conservador, se curó en salud convocando a una audiencia pública antes de que inicien los debates en las comisiones de Senado y Cámara, a los que podrán asistir todos los interesados en el tema y al que está invitado el Ministro del Interior y Justicia. “De lo que resulte de la reunión sale la ponencia definitiva”, anotó Córdoba.
La petición para este evento se radicó recientemente en el Congreso. Sin embargo, se cree que no se realizará pronto, ya que debido a la reforma política que se está discutiendo, muchos proyectos se encuentran represados. Voces expertas señalan que este tema tiene bastante de largo y de ancho, y que las discusiones estarán como para alquilar balcón.
Hace dos días, unos 300 pastores de Bogotá se reunieron con el alcalde Samuel Moreno Rojas en la sede la iglesia Oasis, de la que es pastor el concejal Gustavo Alonso Páez, y ahí se acordó crear una oficina de asuntos religiosos. “Se buscará que en ella se integren todas las confesiones religiosas existentes en la ciudad”, dijo Moreno.