'Pedimos que Drummond se haga responsable de sus enfermos'

A las denuncias que ha tenido que enfrentar la Drummond en las últimas semanas por contaminación ambiental en la bahía de Santa Marta, han empezado a sumarse las de trabajadores que aseguran haberse enfermado como resultado de su trabajo en la minería de carbón. Advierten que la empresa no reconoce sus patologías como enfermedades profesionales y que muchos han terminado despedidos.
Aníbal Pérez, presidente de la Asociación de Trabajadores Enfermos de Drummond, asegura que de los cerca de 4.500 empleados que tiene la compañía alrededor de dos mil están afiliados a esta organización, quince de ellos con cáncer de pulmón. Calcula que sólo en Santa Marta hay 800 trabajadores enfermos. “Hemos empezado a decirle al Estado que los trabajadores están en condiciones infrahumanas en la compañía. Tenemos problemas de columna, tendinitis, enfermedades respiratorias, problemas psiquiátricos, entre otras enfermedades y cada día se suman más y más”, señala.
Drummond le dijo a El Espectador que las estadísticas que la asociación ha dado a conocer no son ciertas y que hasta el momento no ha tenido ningún acercamiento con los enfermos. Además, que la compañía “no es la encargada de calificar las enfermedades profesionales de los trabajadores, pues esto es una responsabilidad del sistema general de seguridad social, del que hacen parte fondos de pensiones, juntas de calificación de invalidez, ARL y EPS, entre otros”.
Los asociados señalan que la empresa tiene una responsabilidad directa, ya que no cuenta con un programa de seguridad industrial “adecuado” para los empleados. Prueba de ello, dicen, es que en los 18 años que lleva la compañía en el país 25 empleados han perdido la vida en su trabajo y se han reportado más de 8 mil accidentes laborales.
La Asociación de Trabajadores Enfermos de Drummond fue creada en 2010 por un grupo de empleados que fueron despedidos, según ellos, luego de sufrir algún accidente laboral. Desde entonces han sido múltiples las demandas, quejas y solicitudes que han tramitado pero pocos los resultados. Sin embargo, luego de que fueran publicados los hallazgos de una investigación de la Contraloría General en el que se alerta sobre los riesgos en el transporte del mineral en Santa Marta, el grupo encontró un argumento para que sean tenidas en cuenta sus denuncias.
El informe no sólo advierte que en Santa Marta no se están siguiendo los métodos adecuados de cargue de carbón, causando contaminación con partículas y polvillo de carbón. Además revela que las mediciones de la calidad de aire no son confiables, debido a que las estaciones no están ubicadas correctamente. Según la Contraloría “los datos proporcionados por la actual red de monitoreo de calidad de aire operada por Corpamag no reflejan la realidad de la calidad del aire y denotan una mala cuantificación de la contaminación”.
Para la Asociación, los hallazgos del ente de control confirman que las cifras de calidad del aire que se han tenido en cuenta hasta ahora pueden estar por debajo de la contaminación real. Con estas mediciones era imposible que prosperaran las demandas de los empleados afectados por enfermedades respiratorias, explica lo ratifica el abogado Alejandro Arias.
De acuerdo con el Ministerio de Salud, no hay ningún indicio de que la actividad de extracción y transporte de carbón genere un impacto en la salud pública a toda la población. En cuanto a los trabajadores es el Ministerio de Trabajo el que tiene la competencia por tratarse de enfermedades profesionales. Este diario se comunicó con el Ministerio pero no fue posible acceder a la información.
Por ahora, los empleados afectados piden que la empresa reconozca sus enfermedades y que los indemnice por los daños. Así lo resume Pérez: “Buscamos que la Drummond sea sancionada por no tener un programa de seguridad industrial adecuado. Pedimos una indemnización y que la compañía se haga responsable de los enfermos con patologías que adquirieron trabajando”.

A las denuncias que ha tenido que enfrentar la Drummond en las últimas semanas por contaminación ambiental en la bahía de Santa Marta, han empezado a sumarse las de trabajadores que aseguran haberse enfermado como resultado de su trabajo en la minería de carbón. Advierten que la empresa no reconoce sus patologías como enfermedades profesionales y que muchos han terminado despedidos.
Aníbal Pérez, presidente de la Asociación de Trabajadores Enfermos de Drummond, asegura que de los cerca de 4.500 empleados que tiene la compañía alrededor de dos mil están afiliados a esta organización, quince de ellos con cáncer de pulmón. Calcula que sólo en Santa Marta hay 800 trabajadores enfermos. “Hemos empezado a decirle al Estado que los trabajadores están en condiciones infrahumanas en la compañía. Tenemos problemas de columna, tendinitis, enfermedades respiratorias, problemas psiquiátricos, entre otras enfermedades y cada día se suman más y más”, señala.
Drummond le dijo a El Espectador que las estadísticas que la asociación ha dado a conocer no son ciertas y que hasta el momento no ha tenido ningún acercamiento con los enfermos. Además, que la compañía “no es la encargada de calificar las enfermedades profesionales de los trabajadores, pues esto es una responsabilidad del sistema general de seguridad social, del que hacen parte fondos de pensiones, juntas de calificación de invalidez, ARL y EPS, entre otros”.
Los asociados señalan que la empresa tiene una responsabilidad directa, ya que no cuenta con un programa de seguridad industrial “adecuado” para los empleados. Prueba de ello, dicen, es que en los 18 años que lleva la compañía en el país 25 empleados han perdido la vida en su trabajo y se han reportado más de 8 mil accidentes laborales.
La Asociación de Trabajadores Enfermos de Drummond fue creada en 2010 por un grupo de empleados que fueron despedidos, según ellos, luego de sufrir algún accidente laboral. Desde entonces han sido múltiples las demandas, quejas y solicitudes que han tramitado pero pocos los resultados. Sin embargo, luego de que fueran publicados los hallazgos de una investigación de la Contraloría General en el que se alerta sobre los riesgos en el transporte del mineral en Santa Marta, el grupo encontró un argumento para que sean tenidas en cuenta sus denuncias.
El informe no sólo advierte que en Santa Marta no se están siguiendo los métodos adecuados de cargue de carbón, causando contaminación con partículas y polvillo de carbón. Además revela que las mediciones de la calidad de aire no son confiables, debido a que las estaciones no están ubicadas correctamente. Según la Contraloría “los datos proporcionados por la actual red de monitoreo de calidad de aire operada por Corpamag no reflejan la realidad de la calidad del aire y denotan una mala cuantificación de la contaminación”.
Para la Asociación, los hallazgos del ente de control confirman que las cifras de calidad del aire que se han tenido en cuenta hasta ahora pueden estar por debajo de la contaminación real. Con estas mediciones era imposible que prosperaran las demandas de los empleados afectados por enfermedades respiratorias, explica lo ratifica el abogado Alejandro Arias.
De acuerdo con el Ministerio de Salud, no hay ningún indicio de que la actividad de extracción y transporte de carbón genere un impacto en la salud pública a toda la población. En cuanto a los trabajadores es el Ministerio de Trabajo el que tiene la competencia por tratarse de enfermedades profesionales. Este diario se comunicó con el Ministerio pero no fue posible acceder a la información.
Por ahora, los empleados afectados piden que la empresa reconozca sus enfermedades y que los indemnice por los daños. Así lo resume Pérez: “Buscamos que la Drummond sea sancionada por no tener un programa de seguridad industrial adecuado. Pedimos una indemnización y que la compañía se haga responsable de los enfermos con patologías que adquirieron trabajando”.