Son muchos los argumentos jurídicos con los que el alcalde Gustavo Petro y sus seguidores pretenden dejar sin piso el fallo disciplinario que lo destituyó e inhabilitó por 15 años. La estrategia en contra de la decisión de la Procuraduría encara hoy una nueva etapa: la internacional. El mismo Petro estará este miércoles en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos explicando lo que para él es un fallo injusto. Al tiempo, sus seguidores van robusteciendo el arsenal jurídico para tumbar el fallo de primera instancia o dilatar al máximo la decisión final del Ministerio Público.
Que la Constitución no le permite a la Procuraduría destituir al alcalde mayor de Bogotá y que el único facultado para ello es el presidente de la República, fue el primer argumento que esgrimió Petro para intentar tumbar la decisión que lo sacaría del Palacio Liévano antes de que el procurador resuelva el recurso de reposición que, seguramente, será interpuesto por la defensa del alcalde antes de que finalice 2013. En la Casa de Nariño ya le salieron al paso y negaron, de plano, que el presidente Juan Manuel Santos tenga poder para discernir sobre una eventual destitución.
El ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, concluyó que Santos no tiene atribuciones para destituir al alcalde, sino para hacer cumplir las decisiones del procurador. “El presidente no va a entrar en esta controversia”, afirmó en declaraciones a Noticias Uno. Petro respondió en W Radio que “si el proceso de decisión del Gobierno es ayudar a dar un golpe de Estado, sabiendo que el alcalde va a ganar la pelea jurídica después, cuando se venza el periodo del mandato, que digan la verdad: que pueden hacer la consulta, esperar el resultado, pero que quieren ayudarle al procurador a tumbar el alcalde".
Sin el salvavidas del Gobierno, la defensa y amigos de la causa de Petro empiezan a buscar más caminos. El abogado Jorge Eliécer Molano presentó una acción ante la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado para que se suspenda al procurador Alejandro Ordóñez mientras la Fiscalía indaga una presunta extralimitación en sus funciones y verifica si el fallo con el que se destituyó e inhabilitó al alcalde de Bogotá fue desproporcionado. Para ello, los dos altos tribunales tendrían que nombrar representantes ad hoc, toda vez que intervinieron en el nombramiento de Ordóñez al frente del Ministerio Público.
Incluso, ayer en la Plaza de Bolívar recolectaron firmas para sustentar un derecho de petición que le exige al procurador que se declare impedido para decidir sobre la reposición que interpondrá la defensa del alcalde. Según el documento, al cual tuvo acceso este diario, Ordóñez habría violado los artículos 84 y 87 del Código Único Disciplinario. El derecho de petición, que parece más una diatriba contra Ordóñez, dice que el procurador ve en Gustavo Petro “un enemigo político de temer” y que “es evidente” que desde que Petro modeló el esquema de aseo, el Ministerio Público tuvo una posición “contraria” a éste, pero favorable a los privados.
Mientras esas estrategias se diseñan a las afueras del Palacio Liévano, el mismo alcalde Petro llegará hoy a Washington a reunirse mañana con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y personajes de influencia en el Departamento de Estado y el Congreso de los Estados Unidos. La idea es generar atención y solidaridad en esas esferas pues, como lo dijo el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, el mandatario sólo podrá interponer una demanda ante la Comisión cuando se hayan agotado todas las instancias judiciales en Colombia. Y para eso falta mucho.