Como en los tiempos del proceso 8.000, vuelve y juega el argumento predilecto de altos funcionarios del Estado cuando se conocen graves hechos que afectan sus instituciones: “Todo fue a mis espaldas”. En esta ocasión está documentado que el coordinador de asuntos de inteligencia política y social del DAS, Jaime Fernando Ovalle Díaz, envío un memorando a todos los directores seccionales pidiéndoles información de las relaciones de los líderes del Polo Democrático Alternativo con organizaciones al margen de la ley. La directora del organismo, María del Pilar Hurtado, se limitó a decir que fue un acto individual de un funcionario ya despedido.
No obstante, el episodio tiene hoy con los nervios de punta a los grupos de oposición política porque, más allá de las responsabilidades de la directora del DAS o de la Casa de Nariño, los términos mismos de los memorandos dejan entrever el interés del máximo organismo de inteligencia del país de situar al principal partido de oposición del Gobierno como una organización proclive a grupos al margen de la ley. De hecho, en una de tales cartas se pide información para tratar de establecer “vínculos entre el Congreso nacional del PDA con organizaciones terroristas” y se habla de eventuales proyecciones estratégicas para desestabilizar al Gobierno.
En cuanto al memorando específico en el que se pide a todos los directores seccionales del DAS información sobre las actividades del senador Gustavo Petro Urrego, más allá de quien dio la orden o si el Gobierno tuvo que ver con ella, los términos del documento, según los entendidos, son de por sí muy graves. No sólo se pide información privilegiada de vínculos o nexos del senador Petro con organizaciones al margen de la ley, sino reportes de contactos con personas que se presten como testigos para declarar contra el Gobierno. Palabras más, palabras menos, inteligencia del Estado para detectar a eventuales testigos de la parapolítica o escándalos similares.
Por eso, el miércoles en el Congreso, bien fueran opositores o defensores del Gobierno, nadie dudó en calificar el hecho como grave para la democracia. Por ejemplo, el senador Samuel Arrieta, del partido Convergencia Ciudadana —integrante de la coalición uribista—, aunque recordó la manida frase del pasado manifestando que estaba seguro de que lo sucedido se hizo “a espaldas” del Presidente, sí calificó el hecho como gravísimo. Acto seguido recogió el mismo argumento para advertir que, en cambio, “la directora del DAS, María del Pilar Hurtado, no puede señalar que a sus espaldas un funcionario de su confianza mande a investigar a un congresista de la oposición”.
De igual modo, el senador Armando Benedetti, también integrante de la alianza uribista, manifestó que más que la renuncia de la directora del DAS lo que se debe es investigar lo sucedido. El miércoles, ni la Fiscalía ni la Procuraduría habían emitido comentario alguno sobre el asunto. En cuanto al DAS, se informó que ya se adelanta una investigación interna y que el funcionario que expidió el memorando ya fue destituido, aunque sigue en la institución hasta que las averiguaciones concluyan. Se trata de un investigador con 15 años de trayectoria en la entidad, quien supuestamente expidió el memorando a nombre propio. Ni siquiera su jefe inmediato lo sabía.
En su defensa, la directora del DAS expresó que en el organismo existe una directiva que determina los protocolos para recolectar información y que ésta no se cumplió. María del Pilar Hurtado hizo referencia a la directiva expedida el 29 de enero de 2007, según la cual toda información en la institución debe regirse por los principios de centralización, concentración, unificación, estandarización y canalización. Una directriz para evitar la duplicidad de tareas, desgaste de recursos y optimización de procesos, que simple y llanamente se desconoció por completo.
Eso explica la dura reacción de la oposición. Por ejemplo, la senadora Piedad Córdoba señaló que las denuncias tanto del senador Petro como del senador Alexánder López tienen que ver con la idea que se le está vendiendo a la opinión pública de que ellos son de las Farc. En el mismo sentido se pronunció el senador Parmenio Cuéllar, quien se declaró amenazado y resaltó que el memorando del DAS lo que quiere decir en el fondo es que a los miembros de la oposición los consideran como personas al margen de la ley. Cuéllar reclamó la renuncia de la directora del DAS, pero aclaró que mientras el aparato político del presidente Uribe esté funcionando, todo lo que se haga desde el Gobierno “estará bien”.
El maremágnum político causado por las denuncias del senador Petro generó reacciones de todo tipo y en los círculos de opinión ya se están comparando las persecuciones con la situación que antecedió al aniquilamiento de la Unión Patriótica, el movimiento político surgido de los acuerdos de paz entre el gobierno de Belisario Betancur y las Farc, en los años 80. “Perseguir a un senador de la República es un hecho propio de un estado policivo y amerita una investigación de fondo que devele qué hay detrás de todo eso”, expresó el vocero del Partido Liberal en la Cámara de Representantes, Carlos Arturo Piedrahíta. A su vez, la también representante María Isabel Urrutia calificó como “lamentable” que quien haga oposición sea espiado por el Gobierno: “Esperemos que no se repita lo de la Unión Patriótica”.
El nuevo escándalo en el DAS revive recientes reclamos expresados por magistrados de la propia Corte Suprema de Justicia, quienes denunciaron haber sido objeto de seguimientos por parte de miembros de la institución de inteligencia. Asimismo, recuerda el revuelo creado en torno a la figura de su ex director Jorge Noguera (hoy en libertad), que dio origen al escándalo de la parapolítica. Precisamente las acusaciones contra Noguera propiciaron su abrupta salida. Lo reemplazó Andrés Mauricio Peñate, quien a su vez le entregó el cargo a María del Pilar Hurtado.
De todas formas el Polo Democrático, más allá de las decisiones internas en el DAS, anunció que llevará el caso ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y que el mismo Gustavo Petro le enviará un documento al secretario general de la entidad, José Miguel Insulza, para alertarlo sobre lo que él considera una violación de la carta democrática del organismo interamericano por parte de algunos funcionarios del Estado colombiano. “Esto demuestra el seguimiento y los ataques contra quienes piensan diferente al Gobierno, contra quienes somos de la oposición”, concluyó el congresista.
Seguimientos del DAS a un senador
En el país se está construyendo un camino parecido al que se vivió hace 20 años, cuando comenzó el exterminio de los integrantes de la Unión Patriótica. Así se expresó el senador Alexánder López, cuyo partido, el Polo Democrático, está en busca de tomar determinaciones por la persecución que sienten por parte del Estado.
“Yo vengo advirtiendo desde el año 2003 la preocupación por los seguimientos que me hace el DAS”, le dijo López a El Espectador. “Tan es así, que ya la Fiscalía llamó a indagatoria a unos miembros del Ejército y a Carlos Potes, ex director de Emcali, por la supuesta ‘Operación Dragón’, gestada para asesinarme”.
Según aseveró el parlamentario, toda la información de la ‘Operación Dragón’ reposa en los archivos del DAS: “Mis sitios de desplazamiento, el tipo de blindaje de mi vehículo, el número de escoltas, el tipo de armamento, frecuencias, lugar de residencia, todo”. López también dijo que, en varias oportunidades, ha detectado a agentes del DAS filmándolo y siguiéndolo. “Lo que más me preocupa ahora es el montaje que le quieren hacer a mis asesores”.
López también cuestiona que el DAS haya divulgado un video de una reunión suya con los corteros de caña: ¿Qué hace el DAS filmando a un senador de la República que no está judicializado? El congresista cuenta que hace unos 15 días se reunió con la directora del DAS, María del Pilar Hurtado, para manifestarle su desconfianza hacia el director del DAS en el Valle, y ahora que Hurtado le dio la razón al senador Gustavo Petro y sus denuncias, López considera que Hurtado debería renunciar a su cargo y ser investigada también.