A través de acciones legales, la Asociación Nacional de Entidades de Vigilancia Privada (Andevip), que agremia a 400 empresas y unos 120 vigilantes, está empeñada en demostrarles a los organismos judiciales que la multinacional Prosegur, una de las más grandes del país, con presencia en 25 ciudades y 10.000 trabajadores, no puede operar en Colombia porque sus dueños y capital son extranjeros y la ley colombiana lo prohíbe. Por eso instauró acciones de cumplimiento y de nulidad que hoy estudia el Consejo de Estado.
El abogado Evaristo Rodríguez, en calidad de vocero de Andevip, les pidió a las autoridades que se niegue a Prosegur la renovación de la licencia de funcionamiento —que en este momento está en trámite—, porque, dice, desde el 11 de abril de 1994 se promulgó el Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada (Ley 356 de ese año), que negó la posibilidad de que las empresas que prestan un servicio tan sensible como ese puedan tener socios o inyecciones de capitales provenientes del extranjero.
Rodríguez explicó que en agosto de 2011 la firma española Prosegur Compañía de Seguridad S. A. compró por 18 millones de euros la sociedad Inversiones BIV, socia mayoritaria de la firma Vimarco. Esta empresa era de propiedad de los hermanos Jorge y Joaco Berrío, este último exgobernador de Bolívar. Ambos resultaron enredados en el escándalo de la pirámide de DMG, porque cerca de $1.000 millones de la captadora salieron de Putumayo con destino a Cartagena dos días antes de las elecciones de 2007, en las que resultó elegido Joaco Berrío. El dinero fue decomisado por las autoridades y enredó a los hermanos Berrío en distintas investigaciones que inició la Fiscalía. Justo por esa época se concretó la venta a la multinacional, según el informe anual de 2011 de Prosegur en España.
De acuerdo con el denunciante, la razón social de Vimarco se cambió a Prosegur y al mismo tiempo se suscribió un contrato de uso de marca para que la nueva empresa operara. Además insistió en que, como el mercado de la vigilancia está ligado a la utilización de la fuerza y el manejo de armas, la Corte Constitucional determinó que esta actividad involucra elevadas dosis de riesgo, y la exclusión de capital extranjero facilita a las autoridades la inspección y vigilancia. Con esta artillería, Andevip pretende que la multinacional salga de operación. Lo que hay detrás, en últimas, es la disputa por un negocio de $6 billones, el dinero que esta actividad registra anualmente en Colombia.
El vocero de Prosegur, el exprocurador Carlos Gustavo Arrieta, señaló que lo que hay detrás de estas denuncias es un problema comercial, pues las multinacionales han avanzado en tecnología de punta y formalización, y por eso las compañías colombianas se sienten rezagadas y amenazadas. También resaltó que toda la operación de compra de acciones en Colombia se hizo de forma transparente, con el acompañamiento de las autoridades en la materia y bajo la interpretación normativa que amparaba entonces este tipo de negocios con capital indirecto de un socio extranjero.
Arrieta agregó que es inaudito que una compañía con amplia trayectoria internacional en el servicio de vigilancia y seguridad privada no cuente con el aval de la Superintendencia de Seguridad y de otros organismos competentes. Además, sostuvo que la Superintendencia de Seguridad y Vigilancia ha sido la encargada de aplicar las normas contenidas en el Estatuto de Vigilancia y que si algo se hubiera hecho mal, ya estarían sancionados. Aún más: el exprocurador manifestó que cualquier controversia sobre la inyección de capitales y socios foráneos en este negocio quedó saldada luego de que se promulgara el Estatuto de Inversión Extranjera, “que aceptó la inversión”.
El vocero de Prosegur concluyó que la inversión indirecta extranjera no está prohibida y que bajo esta figura se formalizó el negocio para que la multinacional española se hiciera al 94% del control de la firma colombiana que hasta 2011 era de propiedad de los hermanos Joaco y Jorge Berrío. En últimas desestimó los reclamos de Andevip, dijo que hay por lo menos otras cuatro o cinco multinacionales que operan en Colombia de una forma muy similar y con capital extranjero, y puso la discusión en el terreno de unos pequeños empresarios que en franca lid se sienten amenazados por una firma con presencia en 17 países.
Otro vocero de la compañía indicó que ya hay acciones penales en contra de Andevip por sus denuncias temerarias. No obstante, esta agremiación está convencida de que Prosegur está violando la ley, que la norma es muy clara y que esta multinacional le está haciendo conejo al país. El debate de fondo es si los capitales extranjeros pueden entrar o no a un mercado tan complejo como el de la seguridad privada. El Consejo de Estado tendrá la última palabra.