Polémica por orden de captura contra Juan Manuel Santos

Al tiempo que las autoridades colombianas no ahorran esfuerzos por conmemorar el primer año de la ‘Operación Jaque’, que el 2 de julio de 2008 permitió la libertad de 15 secuestrados de las Farc, las autoridades ecuatorianas no bajan la guardia en sus señalamientos contra el Estado colombiano, por la realización de la ‘Operación Fénix’, desarrollada el 3 de marzo del mismo año, en acción en la que perdió la vida el jefe guerrillero Raúl Reyes y 24 personas más que lo acompañaban en su campamento en Ecuador.

La última evidencia de esta confrontación pública llegó por cuenta del juez primero penal de la provincia de Sucumbíos (Ecuador), Daniel Méndez, quien expidió una orden de captura contra  el ex ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, a quien responsabilizan del operativo militar realizado en territorio del vecino país, razón por la cual las relaciones diplomáticas entre Colombia y Ecuador llevan 16 meses interrumpidas, y ahora sujetas a las demandas judiciales.

No obstante, la súbita orden de captura del juez ecuatoriano, ésta fue desestimada por todos los sectores políticos en Colombia, y lo que se advierte es un consenso alrededor de que una pugna de carácter diplomático no puede saldarse por la vía judicial. En otras palabras, tanto especialistas  como voceros de la clase política consideran que, más allá de la provocación inmersa en la decisión, el asunto no pasará a mayores. Lo que sí sigue grave es el tono de las relaciones entre Ecuador y Colombia.

El ex canciller Rodrigo Pardo calificó la decisión como “una medida politizada, de la misma línea agresiva que tiene el presidente Correa hacia Colombia”. En su opinión, el hecho de que se produzca esta medida cuando se cumple un año de la ‘Operación Jaque’, ratifica que se trata de una decisión politizada. Y puntualizó el ex canciller: “Existen acuerdos diplomáticos para afrontar este tipo de situaciones y Ecuador sencillamente los está desconociendo”.

En la misma línea se pronunció la ex canciller María Emma Mejía, quien tachó la decisión adoptada como absurda. “No me imagino a un juez de Bogotá llamando a un ministro de defensa ecuatoriano. Donde debe moverse el vecino país es en las instancias internacionales, como de hecho ha quedado planteado”, insistió la ex funcionaria, quien cree que si el gobierno de Ecuador interpuso una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es en esa instancia donde Colombia jurídicamente está obligada a dar respuesta.

A su vez, el ex canciller Augusto Ramírez Ocampo recordó que Ecuador ya ha tramitado dos denuncias internacionales, una sobre el tema de las fumigaciones y otra en busca de indemnizaciones. Ramírez no descarta que la decisión del juez al ordenar la captura de Santos, lo haga concertado con el Poder Ejecutivo. No obstante, aclaró el ex canciller, ni Juan Manuel Santos es un súbdito ecuatoriano ni este tipo de situaciones pueden saldarse en escenarios distintos a la OEA o el Grupo de Río, como se determinó en su momento.

Consultado acerca de si la Interpol puede proceder a la captura de Santos, en acatamiento a una petición del Estado ecuatoriano, el ex canciller Ramírez desestimó esta opción y recordó que la petición de una orden de detención a la Interpol es un procedimiento administrativo y quien requiere es el Estado. “En el caso de que Santos estuviera en Colombia, tendría que ser judicializado por la Policía, y está claro, en palabras del mismo Uribe, que no permitirá que se le ponga una mano al ministro”.

Sin embargo, el director del Departamento de Derecho Procesal de la Universidad Javeriana, Julio Andrés Sampedro, estima que a pesar de las consideraciones políticas, lo que hizo un juez ecuatoriano está dentro de su potestad. “Un juez puede ordenar la captura de cualquiera, lo que pasa es que para hacerla efectiva, tendría que hacerse en territorio ecuatoriano”, aclaró el experto, quien considera que de todos modos se advierte un trasfondo político evidente que deja dudas sobre la forma como actuó el juez.

De todos modos, y más allá de las disquisiciones jurídicas o diplomáticas, en los terrenos de la política, la medida ha sido recibida con rechazo. Prueba de ello es la declaración del presidente del Partido Conservador, senador Efraín Cepeda, quien calificó de una medida contraria a los vientos que soplan en el mundo y que ordenan cerrar filas en contra de los grupos terroristas. La colectividad conservadora rechazó tajantemente la petición de un juez ecuatoriano y exaltó a Santos como un dirigente que lo que hizo fue ayudar a lograr la paz.

Jaime Dussán Calderón, presidente del Polo Democrático y claro opositor del Gobierno, en consonancia con la voz predominante en Colombia, calificó la medida del juez ecuatoriano como “un acto ridículo, poco serio y al que no hay que ponerle cuidado. Son los organismos internacionales los que tienen que tomar determinaciones en este caso, pero el juez ecuatoriano no tiene jurisdicción para hacerlo”. Algo parecido al comentario del fiscal Mario Iguarán: “Es una medida exótica, atrevida y agresiva”.

Por supuesto el gobierno Uribe no se ha quedado callado y ayer mismo en Washington al defender la gestión del ex ministro Juan Manuel Santos, recordó que si no se hubiese actuado contra el campamento de alias Raúl Reyes, no se hubieran creado las condiciones para adelantar la ‘Operación Jaque’. El presidente Uribe Vélez reiteró que el Gobierno de Colombia no permitirá que toquen al ministro Santos, y con ello dejó en claro que se le va a dar toda la protección y todas las medidas jurídicas para preservarlo de la medida judicial.

En cuanto al involucrado, el propio Santos, desde Londres expidió una declaración en la que señaló que se trata de “una agresión más de las tantas que ciertas autoridades del Ecuador vienen haciendo no contra Juan Manuel Santos, sino contra Colombia”. De todos modos, la decisión adoptada por el juez Daniel Méndez volvió a alterar el curso de las relaciones diplomáticas entre Colombia y Ecuador, y el hecho es que en menos de dos semanas, Ecuador demandó a Colombia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ahora lo hace contra el ministro Santos.