Al participar en la última ceremonia de ascensos de la Policía Nacional, en junio de 2010, el entonces presidente Álvaro Uribe prometió que al entregar su mandato desempolvaría su carné de abogado para defender a los miembros de las Fuerzas Militares.
No propiamente ante los tribunales, hoy el exmandatario está asumiendo la función de escudero y, aprovechando la influencia política que aún mantiene en un sector del Congreso, durante las últimas semanas se ha dedicado a poner sobre la mesa una serie de propuestas que benefician a los miembros de la Fuerza Pública, la más reciente —hecha ayer— en torno a un tema controversial que divide opiniones: la retoma del Palacio de Justicia.
Tras una reunión con senadores de la Comisión Primera de Asuntos Constitucionales de los partidos de la U y Conservador, Uribe propuso que en el articulado del proyecto, denominado Marco legal para la paz, se incluya un inciso que garantice la excarcelación de los militares que participaron en casos emblemáticos, como el del Palacio.
“Yo les dije a los parlamentarios que hay que darles un alivio a militares como los que participaron en la retoma del Palacio de Justicia y que aprovecharan el proyecto para incluir un artículo nuevo que permita, en un examen caso por caso, que el Gobierno considere que les pueda brindar un beneficio de excarcelación”, afirmó el exmandatario.
En su propuesta, Uribe agregó que ese nuevo artículo significaría “darles una solución a los integrantes de las Fuerzas Armadas sin nivelarlos con los terroristas, sin comprometerlos como parte de las hostilidades, porque su función es la defensa de la institucionalidad”.
Una idea que no es nueva. En 2007, cuando el gobierno Uribe buscaba un marco jurídico para la excarcelación de miembros de las Farc y de quienes hubiesen tenido vínculos con los paramilitares —como opción para buscar la paz— se habló también de excarcelación sin levantamiento de las responsabilidades penales. Según Uribe, en el proceso de paz de Irlanda del Norte, el gobierno británico aceptó excarcelar unas gentes del Ira condenadas por las mayores atrocidades, pero no les levantaron la responsabilidad final, lo que implica un antecedente importante.
Precisamente en febrero pasado, cuando se conoció la ratificación por parte del Tribunal Superior de Bogotá de la condena a 30 años del coronel Alfonso Plazas Vega, por las desapariciones tras la retoma del Palacio de Justicia en 1985, se abrió un debate en el que incluso terció el procurador Alejandro Ordóñez. “Sí debe haber una iniciativa de perdón para los militares del Palacio de Justicia y nadie se puede escandalizar por ello”, dijo.
La teoría de Uribe, según lo explicó por ese entonces en una entrevista para CNN, es que se adelante una reforma constitucional que implique la excarcelación de Plazas Vega, sin que se archive el proceso judicial. “Una especie de excarcelación sin levantar la condena y darle una nueva oportunidad judicial”, señaló. Y hoy el proyecto del marco legal para la paz podría abrir esa posibilidad.
Argumentos que ya generan rechazo en el Congreso. El representante a la Cámara Germán Navas Talero, del Polo Democrático, dijo que es precisamente la condición de fuerza estatal la que los obliga a cumplir con la ley sin ningún tipo de excepción. “Insisto, la paz se hace entre un Estado y los contradictores que se han alzado en rebelión. El marco legal para la paz no puede darles los mismos beneficios a los militares que violaron su juramento y compromiso legal”, agregó.
En la arena jurídica la respuesta tampoco se hizo esperar. Jorge Molano, abogado de las víctimas del Palacio de Justicia, advirtió que “lo sucedido en la retoma es un crimen de lesa humanidad y las normas internacionales prohíben cualquier tipo de amnistía o indulto, por lo tanto, esa propuesta va en contravía del Derecho Internacional Humanitario e implicaría que Colombia incumpla sus deberes ante los tribunales internacionales”.
Sin embargo, lo claro es que la idea tuvo buena acogida entre los congresistas que asistieron al encuentro con Uribe. Por ejemplo, el senador Roy Barreras, coautor del marco legal para la paz, manifestó que “el Palacio de Justicia es una herida que no se ha cerrado todavía” y que la justicia transicional debe corregir un error histórico en cuanto que a los autores de la toma se les indultó y a los militares que acudieron a la recuperación se les condenó casi a cadena perpetua”.
Por los lados del Gobierno, aunque por el momento no ha habido pronunciamientos sobre la idea de Uribe, se ve con buenos ojos el hecho de que el exmandatario haya cedido en su postura crítica frente al proyecto del marco legal y que ahora, antes que pedir su hundimiento, prefiera hacer propuestas.
Por ejemplo, tras la mencionada reunión de ayer, el expresidente aceptó que en la iniciativa se les dé vocería política a miembros de la guerrilla, aunque hizo la salvedad de que ella fuera sólo para quienes hayan sido combatientes rasos, nunca a sus máximos comandantes. “Uribe dijo no a los guerrilleros de cúpula, no a los mandos medios y sí a los simples milicianos rasos, a los que no tienen mando”, comentó el senador conservador Hernán Andrade.
El planteamiento del exmandatario es que se incluya un parágrafo en el proyecto que diga: “No podrán ser elegidos ni nombrados para cargos del Estado quienes se desmovilicen y hubieran sido responsables de delitos diferentes al delito político o al homicidios culposo”. Por ahora, lo que tienen decidido los legisladores es decirles “no a los de arriba, pero sí a los de clase media o rango medio y sí a los de abajo”, en cuanto a una futura participación política de desmovilizados de los grupos armados ilegales.
En la reforma a la justicia militar
Al margen de la polémica que ha generado la propuesta de excarcelación de miembros de la Fuerza Pública, de incluirse esta iniciativa en el articulado del marco legal para la paz iría en contravía de otro proyecto que está haciendo trámite en el Congreso. Se trata de la reforma a la justicia penal militar y, según conoció El Espectador, la ponencia para cuarto debate de este acto legislativo incluye un artículo transitorio que plantea: “Los procesos penales que se adelanten contra los miembros de la Fuerza Pública por los delitos enunciados en el artículo 3° del presente acto legislativo, y que se encuentren en la justicia ordinaria, continuarán en ésta”.