Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
La historia del conflicto colombiano muestra que los grupos armados ilegales han utilizado el término “limpieza social” para justificar sus macabros crímenes. A lo largo y ancho del territorio nacional se conocen historias sobre “toques de queda” impuestos por paramilitares, guerrilleros o de las llamadas bandas emergentes. El año pasado, en Bogotá circularon panfletos con la consigna “por una sociedad libre de gays” y en cientos de poblaciones se impusieron a sangre y fuego determinados tipos de conductas, como adoptar “buenos ejemplos” y “estudiar más”.
Homosexuales, prostitutas y supuestos ladrones se convirtieron en el blanco de dicha estrategia de terror, que utilizó herramientas como la práctica de violaciones masivas, descuartizamientos, empalamientos y otros horrores escalofriantes. Según un informe entregado en febrero por la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, los paramilitares aseguran haber perpetrado 30.470 asesinatos en los últimos 15 años, muchos de éstos contra la comunidad LGBT (lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas).
Y fue ante esa ineludible realidad que el Gobierno Nacional pretendió incluir en el proyecto de ley de víctimas y de restitución de tierras la reparación a las parejas del mismo sexo, intención que fue borrada de tajo en la ponencia radicada la semana pasada en el Congreso y que, en criterio del abogado Mauricio Albarracín, activista gay, demuestra el “talante homofóbico” de la unidad nacional y asegura la primera demanda contra la iniciativa por no incluir a todas las víctimas sin discriminación.
En efecto, el proyecto inicial del Gobierno —sugerido por el Partido Liberal— incluía en la definición de víctimas a las parejas del mismo sexo, en concordancia con la sentencia C-029 de 2009, en la cual se amplió la protección de los derechos de parejas del mismo sexo a quienes sufrieran daños en su calidad de víctima, por ejemplo en lo relacionado con la Ley de Justicia y Paz, la Ley de Desplazamiento Forzado y los beneficios y derechos de las personas secuestradas o desaparecidas.
Pero según reveló Albarracín, el Partido Conservador exigió retirar a las parejas del mismo sexo y por esta razón no serán consideradas como víctimas. “En otras palabras, si un gay o lesbiana perdió a su pareja como consecuencia del conflicto armado, no tendrá reconocimiento en la ley de víctimas, cuyo trámite se inicia este martes en la Comisión Primera de la Cámara. Incluso, algunos representantes como Guillermo Rivera, Jorge Gómez y Alfonso Prada firmaron la ponencia y salvaron su voto sobre este artículo”, dijo.
Para el también abogado Felipe Montoya, demandante ante la Corte Constitucional a favor del matrimonio civil de las parejas del mismo sexo, este hecho entra a ratificar que en el Congreso siguen primando los argumentos religiosos y moralistas y se marcha de acuerdo con lo que diga la Iglesia católica. “Hay sectores que plantean que el tema del matrimonio civil gay debe resolverse en el Legislativo, pero allí ni siquiera son capaces de reconocer algo tan elemental. Es un acto de homofobia y lo curioso es que se eliminó la frase del artículo, pero se dejó en la exposición de motivos”, indicó Montoya.
Esta última situación es el argumento que tienen los conservadores para defender la postura de haber sacado a las parejas del mismo sexo en la definición de víctimas. Según el representante Óscar Bravo, miembro de dicha colectividad y uno de los coordinadores de ponentes, “simplemente esa parte ya está en los enunciados generales, donde se rechaza cualquier discriminación de sexo o raza, así que no vimos necesidad de repetir el tema. No hay que ser tan explícito, estamos acordes con el avance de los fenómenos sociales, la gente es libre de tener ese tipo de actitudes”, explicó.
Sin embargo, en un país que en términos jurídicos es severamente apegado a la letra, sin duda el asunto no es tan de poca monta. Y así lo expresa el representante liberal Guillermo Rivera, también coordinador de ponentes, quien reconoció que el haber sacado a las parejas del mismo sexo es inconstitucional, que tuvieron que aceptar esta situación para que no se siguiera retrasando la presentación de la ponencia, pero que en la discusión de este martes se presentará una proposición para volver a la propuesta inicial.
Lo curioso es que algunos miembros de la Comisión Primera de la Cámara, que deberán abordar desde este martes la discusión del proyecto, ni siquiera sabían de la modificación. Como el representante Camilo Abril Jaimes, de Cambio Radical, quien hizo un llamado para que se retome el texto inicial que presentaron el Gobierno y el liberalismo, “teniendo en cuenta que no debe haber una diferenciación de víctimas por carácter religioso o sexual”. De cualquier manera, el Congreso tiene la palabra.
El antes y el después
Proyecto del Gobierno“El presente proyecto, con el objetivo de otorgar igualdad real y en consonancia con la realidad actual de nuestro país y los estándares internacionales, también incorpora el reconocimiento de los derechos de las parejas del mismo sexo en la definición de víctima a fin de no mitigar sus prerrogativas a la atención y reparación integral”.Artículo 21: “Son víctimas el cónyuge, compañero o compañera permanente, o pareja del mismo sexo y familiar en primer grado de consanguinidad, primero civil de la víctima directa, cuando a ésta se le hubiere dado muerte o estuviere desaparecida”.Ponencia radicada“Artículo 3: (...) Son víctimas el cónyuge, compañero o compañera permanente y familiar en primer grado de consanguinidad, primero civil de la víctima directa, cuando a ésta se le hubiere dado muerte o estuviere desaparecida”.