Por el mínimo vital de agua

Con el propósito de garantizar que todos los colombianos tengan acceso a una cantidad mínima de agua o "mínimo vital" de buena calidad y suficiente para la vida y la salud, la Defensoría del Pueblo puso a consideración del Congreso un novedoso proyecto de ley de inocultables alcances sociales y ecológicos: la protección del derecho humano al agua.

El objetivo fundamental del proyecto de ley es que ningún colombiano pueda ser privado de la cantidad suficiente de agua para satisfacer sus necesidades básicas. Una pretensión sustentada en reconocer que el agua, además de ser un bien ambiental, sustento de la vida presente y futura, debe ser también considerada como un bien económico por su carácter escaso, un bien social que fortalece las relaciones individuales, un bien cultural estrechamente relacionado con el patrimonio y un bien de uso público.

En consecuencia, la propuesta de la Defensoría del Pueblo apunta a que el Estado acepte el reto de extender las coberturas en acueducto, alcantarillado y aseo, especialmente en las zonas rurales y sectores de población con ingresos más bajos; al tiempo que asuma su responsabilidad en el acto de salvaguardar el acceso a la información en este mismo tema. En concreto, frente a este último aspecto, lo que se busca es que las veedurías públicas y comités de control social semejantes adquieran opciones para conocer todos los aspectos relacionados con el recurso hídrico y su cobertura.

Capítulo especial en el proyecto de la Defensoría del Pueblo lo constituye el desarrollo de herramientas para mejorar la calidad del agua. En tal sentido se busca que los acueductos veredales o comunales sean debidamente controlados por autoridades estatales. De manera paralela, se pretende que, a través de las autoridades estatales, se puedan poner en marcha programas de educación sobre mejores prácticas de potabilización de agua e incluso de tratamiento de agua lluvia para que también haga parte de soluciones de saneamiento básico.

Según la Defensoría del Pueblo, en la actualidad el 53% de los habitantes de la áreas rurales del país no cuentan con el servicio público del acueducto y el 82,2% no tiene acceso al servicio público de alcantarillado. En el sector urbano la situación es menos dramática, pero no por ello libre de dificultades. Hoy, casi dos millones de personas carecen de servicio público en las grandes ciudades y más de tres millones y medio no disponen de servicio y alcantarillado. Estas cifras hacen pensar que el Estado está en mora de desarrollar un Plan Nacional de Acción del Agua, articulado al Plan Nacional de Desarrollo.

En síntesis, con un audaz articulado integrado en varios capítulos, la Defensoría del Pueblo, además de promover la defensa de un recurso fundamental para los colombianos, quiere abrir un debate para que el Congreso asuma la responsabilidad de reglamentar el mínimo vital de agua que hoy requieren más de 40 millones de nacionales. El proyecto define las funciones que cumplirían las corporaciones autónomas nacionales, la Contraloría y la Superintendencia de Servicios Públicos. En pocas palabras, se trata de que el derecho al agua tenga la protección que ordena la Constitución Política de 1991.

Con el propósito de garantizar que todos los colombianos tengan acceso a una cantidad mínima de agua o "mínimo vital" de buena calidad y suficiente para la vida y la salud, la Defensoría del Pueblo puso a consideración del Congreso un novedoso proyecto de ley de inocultables alcances sociales y ecológicos: la protección del derecho humano al agua.

El objetivo fundamental del proyecto de ley es que ningún colombiano pueda ser privado de la cantidad suficiente de agua para satisfacer sus necesidades básicas. Una pretensión sustentada en reconocer que el agua, además de ser un bien ambiental, sustento de la vida presente y futura, debe ser también considerada como un bien económico por su carácter escaso, un bien social que fortalece las relaciones individuales, un bien cultural estrechamente relacionado con el patrimonio y un bien de uso público.

En consecuencia, la propuesta de la Defensoría del Pueblo apunta a que el Estado acepte el reto de extender las coberturas en acueducto, alcantarillado y aseo, especialmente en las zonas rurales y sectores de población con ingresos más bajos; al tiempo que asuma su responsabilidad en el acto de salvaguardar el acceso a la información en este mismo tema. En concreto, frente a este último aspecto, lo que se busca es que las veedurías públicas y comités de control social semejantes adquieran opciones para conocer todos los aspectos relacionados con el recurso hídrico y su cobertura.

Capítulo especial en el proyecto de la Defensoría del Pueblo lo constituye el desarrollo de herramientas para mejorar la calidad del agua. En tal sentido se busca que los acueductos veredales o comunales sean debidamente controlados por autoridades estatales. De manera paralela, se pretende que, a través de las autoridades estatales, se puedan poner en marcha programas de educación sobre mejores prácticas de potabilización de agua e incluso de tratamiento de agua lluvia para que también haga parte de soluciones de saneamiento básico.

Según la Defensoría del Pueblo, en la actualidad el 53% de los habitantes de la áreas rurales del país no cuentan con el servicio público del acueducto y el 82,2% no tiene acceso al servicio público de alcantarillado. En el sector urbano la situación es menos dramática, pero no por ello libre de dificultades. Hoy, casi dos millones de personas carecen de servicio público en las grandes ciudades y más de tres millones y medio no disponen de servicio y alcantarillado. Estas cifras hacen pensar que el Estado está en mora de desarrollar un Plan Nacional de Acción del Agua, articulado al Plan Nacional de Desarrollo.

En síntesis, con un audaz articulado integrado en varios capítulos, la Defensoría del Pueblo, además de promover la defensa de un recurso fundamental para los colombianos, quiere abrir un debate para que el Congreso asuma la responsabilidad de reglamentar el mínimo vital de agua que hoy requieren más de 40 millones de nacionales. El proyecto define las funciones que cumplirían las corporaciones autónomas nacionales, la Contraloría y la Superintendencia de Servicios Públicos. En pocas palabras, se trata de que el derecho al agua tenga la protección que ordena la Constitución Política de 1991.