Proyecto en vía de inundarse
Poco antes de dejar la Alcaldía por el escándalo del cartel de la contratación, Samuel Moreno firmó un decreto para construir un proyecto urbanístico contiguo a la ciudadela El Recreo, donde hay 28 mil damnificados por inundaciones.
Redacción Judicial
El 30 de marzo pasado, poco antes de que la Procuraduría lo suspendiera por el escándalo del carrusel de la contratación, el alcalde Samuel Moreno Rojas firmó el Decreto 113, mediante el cual adoptó el Plan Parcial de Campo Verde en la localidad de Bosa, en el suroccidente de Bogotá. Un proyecto que consta de un terreno de 85 hectáreas para construir proyectos urbanísticos que beneficiarían a 17 mil familias. Lo grave, sin embargo, es que Campo Verde está contiguo a la ciudadela El Recreo, en donde 28 mil habitantes resultaron afectados por el desbordamiento del río Bogotá.
Se trata, pues, ni más ni menos que de proyectos urbanísticos en curso que fueron autorizados por la administración Moreno en terrenos inundables, que violan sin más el Plan de Ordenamiento Territorial. Así lo considera el abogado Óscar Ortiz, exzar anticorrupción, quien armado hasta los dientes de evidencias y luego de revisar la letra menuda de este decreto, la zona que comprende y el desastre ambiental que ya sufren miles de personas en El Recreo —cuyas viviendas se transformaron de súbito en pozos de aguas negras—, le pidió a la alcaldesa (e) Clara López que revoque el Plan Parcial Campo Verde.
En prospectiva, dice Ortiz, cuando se terminen los proyectos y vuelva a arreciar el invierno —si es que algún día se va— a los compradores de este proyecto no les venderán metros cuadrados, sino cúbicos. “Ni el sol se puede tapar con un dedo. Ni Samuel Moreno podía contener el río Bogotá con un decreto que autoriza construir 17.000 casas en zona inundable. Hay que evitar que construyan sobre mojado. El derecho constitucional es a la vivienda digna, no a cualquier tipo de habitación. Una vivienda digna no puede incluir piscina con agua de la alcantarilla del río Bogotá”, dijo Ortiz a El Espectador.
En síntesis, en un derecho de petición que radicó en la Alcaldía ayer, Ortiz asegura que la zona donde se va a realizar el proyecto Campo Verde es suelo de protección porque forma parte del valle aluvial del río Bogotá. Un terreno que, dice, está por debajo del nivel del río y, en consecuencia, es inundable, tal como lo revelan las escalofriantes imágenes publicadas por los medios de comunicación sobre lo ocurrido en Bosa y Kennedy. En ese contexto, asegura que no puede urbanizarse allí, que hacerlo va en contravía del interés público o los derechos fundamentales.
El documento de 19 páginas, conocido por este diario, abunda en detalles del entuerto. Ortiz, por ejemplo, insiste en que los canales de desagüe que existen en la zona para prevenir los riesgos de inundación están por debajo de los niveles del río y cuando éste se crece dichos canales “no sirven para evacuar las aguas de las zonas residenciales al río, sino que sirven para que el agua del río se vaya a las zonas residenciales. No son canales de desagüe sino de agüe”. Con estas pruebas el abogado Ortiz le pidió a la alcaldesa Clara López que revoque este plan parcial. “Es un simple llamado a la sensatez, no queremos otra tragedia como la de El Recreo”, concluyó. Por razones similares la Procuraduría anunció investigaciones (ver recuadro).
Investigaciones
La Procuraduría anunció que adelantará investigaciones a las curadurías, alcaldías, gobernaciones y corporaciones autónomas regionales que otorgaron permisos para construir las viviendas sobre los terrenos que hoy se están inundando por los desbordamientos de los ríos.Según el procurador Alejandro Ordóñez, las primeras indagaciones comenzarán en Bogotá con los casos de las unidades residenciales que se vieron afectadas por desbordamientos en Bosa, Kennedy y Patio Bonito.El funcionario dio a conocer las medidas ayer en su visita a Magangué (Bolívar), municipio donde sus habitantes viven sobre el agua. El presidente de la Junta de Acción Comunal del corregimiento de San Sebastián Buenavista en Magangué, Luis Guerra, dijo que después de vivir flotando desde hace ocho años, sólo desde agosto de este año han comenzado a llegar las ayudas de Colombia Humanitaria. Agregó que la ausencia de alcantarillado está generando que las aguas que los inundan se contaminen con las aguas negras.
El 30 de marzo pasado, poco antes de que la Procuraduría lo suspendiera por el escándalo del carrusel de la contratación, el alcalde Samuel Moreno Rojas firmó el Decreto 113, mediante el cual adoptó el Plan Parcial de Campo Verde en la localidad de Bosa, en el suroccidente de Bogotá. Un proyecto que consta de un terreno de 85 hectáreas para construir proyectos urbanísticos que beneficiarían a 17 mil familias. Lo grave, sin embargo, es que Campo Verde está contiguo a la ciudadela El Recreo, en donde 28 mil habitantes resultaron afectados por el desbordamiento del río Bogotá.
Se trata, pues, ni más ni menos que de proyectos urbanísticos en curso que fueron autorizados por la administración Moreno en terrenos inundables, que violan sin más el Plan de Ordenamiento Territorial. Así lo considera el abogado Óscar Ortiz, exzar anticorrupción, quien armado hasta los dientes de evidencias y luego de revisar la letra menuda de este decreto, la zona que comprende y el desastre ambiental que ya sufren miles de personas en El Recreo —cuyas viviendas se transformaron de súbito en pozos de aguas negras—, le pidió a la alcaldesa (e) Clara López que revoque el Plan Parcial Campo Verde.
En prospectiva, dice Ortiz, cuando se terminen los proyectos y vuelva a arreciar el invierno —si es que algún día se va— a los compradores de este proyecto no les venderán metros cuadrados, sino cúbicos. “Ni el sol se puede tapar con un dedo. Ni Samuel Moreno podía contener el río Bogotá con un decreto que autoriza construir 17.000 casas en zona inundable. Hay que evitar que construyan sobre mojado. El derecho constitucional es a la vivienda digna, no a cualquier tipo de habitación. Una vivienda digna no puede incluir piscina con agua de la alcantarilla del río Bogotá”, dijo Ortiz a El Espectador.
En síntesis, en un derecho de petición que radicó en la Alcaldía ayer, Ortiz asegura que la zona donde se va a realizar el proyecto Campo Verde es suelo de protección porque forma parte del valle aluvial del río Bogotá. Un terreno que, dice, está por debajo del nivel del río y, en consecuencia, es inundable, tal como lo revelan las escalofriantes imágenes publicadas por los medios de comunicación sobre lo ocurrido en Bosa y Kennedy. En ese contexto, asegura que no puede urbanizarse allí, que hacerlo va en contravía del interés público o los derechos fundamentales.
El documento de 19 páginas, conocido por este diario, abunda en detalles del entuerto. Ortiz, por ejemplo, insiste en que los canales de desagüe que existen en la zona para prevenir los riesgos de inundación están por debajo de los niveles del río y cuando éste se crece dichos canales “no sirven para evacuar las aguas de las zonas residenciales al río, sino que sirven para que el agua del río se vaya a las zonas residenciales. No son canales de desagüe sino de agüe”. Con estas pruebas el abogado Ortiz le pidió a la alcaldesa Clara López que revoque este plan parcial. “Es un simple llamado a la sensatez, no queremos otra tragedia como la de El Recreo”, concluyó. Por razones similares la Procuraduría anunció investigaciones (ver recuadro).
Investigaciones
La Procuraduría anunció que adelantará investigaciones a las curadurías, alcaldías, gobernaciones y corporaciones autónomas regionales que otorgaron permisos para construir las viviendas sobre los terrenos que hoy se están inundando por los desbordamientos de los ríos.Según el procurador Alejandro Ordóñez, las primeras indagaciones comenzarán en Bogotá con los casos de las unidades residenciales que se vieron afectadas por desbordamientos en Bosa, Kennedy y Patio Bonito.El funcionario dio a conocer las medidas ayer en su visita a Magangué (Bolívar), municipio donde sus habitantes viven sobre el agua. El presidente de la Junta de Acción Comunal del corregimiento de San Sebastián Buenavista en Magangué, Luis Guerra, dijo que después de vivir flotando desde hace ocho años, sólo desde agosto de este año han comenzado a llegar las ayudas de Colombia Humanitaria. Agregó que la ausencia de alcantarillado está generando que las aguas que los inundan se contaminen con las aguas negras.