La Contraloría General solicitó embargar los bienes y congelar las cuentas financieras de los exministros de Agricultura Andrés Felipe Arias y Andrés Fernández, como medida cautelar, mientras se establece su presunta responsabilidad fiscal en el manejo irregular de contratos de publicidad en el programa Agro Ingreso Seguro (AIS). La misma medida fue tomada en contra de otras 17 personas relacionadas con el caso, entre los que se encuentran contratistas y exfuncionarios de la cartera agrícola.
Este nuevo capítulo en el caso Agro Ingreso Seguro hace parte de una larga historia de escándalos del programa, que nació para apoyar a los agricultores, especialmente a los pequeños y medianos, que podrían verse afectados con la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio que firmaron Colombia y Estados Unidos en 2006, pero que aún está pendiente de aprobación por el legislativo estadounidense.
Las primeras denuncias sobre Agro Ingreso Seguro se dieron a conocer en octubre de 2009 en la desaparecida revista Cambio, que informó sobre fallas en el otorgamiento de las partidas. Ese mismo año no prosperó una moción de censura por los inconvenientes del programa, pues en el Senado el entonces ministro Andrés Fernández obtuvo 41 votos a favor y 30 en contra.
El escándalo ahora se reabre, luego de que el excontralor Julio César Turbay Quintero decidiera en su administración archivar el proceso y exonerar de responsabilidad a los implicados. Sin embargo, un grupo de reacción inmediata de la Contraloría, creado especialmente para investigar si hubo detrimento patrimonial en la adjudicación de contratos de publicidad que rondan los $15 mil millones, halló que existen elementos que merecen ser aclarados en este proceso.
En primera instancia se deduce que no hubo planeación para firmar los contratos publicitarios, violando normas del estatuto general de contratación pública. También se explica que en algunos casos se giraron dos partidas por la misma actividad.
María del Pilar Yepes Moncada, delegada de Juicios Fiscales de la Contraloría General, quien lideró el grupo de reacción inmediata que realizó la investigación, explica que “en la indagación preliminar se ha podido establecer que existen irregularidades con alcance fiscal en el manejo de los recursos destinados al programa Agro Ingreso Seguro. Se estableció que el detrimento patrimonial fue de $14.982 millones”.
La funcionaria agrega que dentro de la investigación “se pudo establecer que se hicieron gastos que no estaban dentro del objeto del contrato, que era la divulgación y promoción de Agro Ingreso Seguro”. Entre éstos señala la compra de “redes inalámbricas; la instalación, configuración y puesta en marcha de la ejecución de actividades por parte de la unidad coordinadora del AIS” y se cuestiona por qué se destinó una partida para el monitoreo de medios de comunicación, teniendo en cuenta que el ministerio cuenta con su propia oficina de prensa.
La contralora Sandra Morelli también anunció que solicitó el levantamiento de la inmunidad diplomática a Jorge Caro Caprevinski, representante para Colombia del Instituto Interamericano de Cooperación Agropecuaria (IICA), adscrito a la OEA, para investigar su responsabilidad en los hechos. Tras un acuerdo con el Ministerio de Agricultura, el organismo multilateral fue el encargado de administrar buena parte del programa AIS, como los proyectos relacionados con riego y drenaje.
“Ellos (el IICA ) son los que eligen los proyectos para otorgar los subsidios de Agro Ingreso Seguro”, había dicho el exministro Andrés Fernández cuando se le consultó sobre el tema el año anterior, cuando el asunto tomó ribetes de escándalo, tras denunciarse que buena parte de los recursos del programa fueron a parar a familias adineradas, debido, en algunos casos, a la práctica de actos inescrupulosos como la parcelación de grandes extensiones con el fin de que un solo grupo familiar accediera a los recursos a través de diferentes miembros a nombre de quienes se hacían las titulaciones de los predios.
Las decisiones tomadas ayer por la Contraloría se suman a la reciente formulación de cargos que hizo la Fiscalía en contra de siete exfuncionarios y 15 beneficiarios del programa Agro Ingreso Seguro. Mediante una rueda de prensa, la fiscal general de la Nación, Viviane Morales, les imputó cargos a Juan Camilo Salazar Rueda, viceministro de Agricultura; Juan David Ortega Arroyave, secretario general del ministerio; Camila Reyes del Toro, directora de comercio y financiamiento de esta cartera; Jaber Enrique Moreno Mercado, director de desarrollo rural; Tulia Eugenia Méndez Reyes, Oskar August Schroeder Muller, jefe de la oficina jurídica, y Rodolfo Campos soto, gerente general del Incoder.
Entre los beneficiarios del programa, la medida cobijó a Juan Manuel Dávila Jimeno, María Clara Fernández de Soto de Dávila, Juan Manuel Dávila Fernández de Soto y Ana María Dávila Fernández de Soto. Estas personas recibieron en total beneficios del programa Agro Ingreso Seguro por valor de $2.212’501.213.
Asimismo, se les imputaron cargos a Álvaro Luis Vives Lacouture, Inés Margarita Vives Lacouture, Roberto Eusebio Vives Lacouture, María Teresa Vives Lacouture, Patricia Vives Lacouture, José Francisco Vives Lacouture, Silvia Rosa Vives de Sánchez, María Luisa Zúñiga Vives, Silvia Rosa Campo Vives y Roxana María Castro Solano. Estas personas recibieron en total beneficios del programa AIS por valor de $4.532’696.871.
La Fiscalía les formulará imputación de cargos por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación, prevaricato por acción, prevaricato por omisión, violación al régimen legal o constitucional de inhabilidades o incompatibilidades y falsedad ideológica en documento público. Además, solicitará la imposición de medida de aseguramiento.
En el caso de la exreina y actriz Valerie Domínguez Tarud, se solicitó audiencia de formulación de cargos por los presuntos delitos de falsedad en documento privado y tentativa de peculado por apropiación, ya que renunció a la obtención del subsidio cuando se desató el escándalo.
Otras familias beneficiadas con las partidas de Agro Ingreso Seguro llegaron a un acuerdo para devolver $7 mil millones del programa tras una conciliación con el procurador, los involucrados y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Según el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, los primeros dineros de esta partida deben ingresar a las cuentas estatales la próxima semana.
Morales agregó que la entidad a su cargo continúa investigando la responsabilidad de otras 50 personas por el caso Agro Ingreso Seguro, entre los que se encuentran beneficiarios y funcionarios del Ministerio de Agricultura durante la anterior administración.
Además de las decisiones de la Contraloría y la Fiscalía, el caso Agro Ingreso Seguro se encuentra en la Procuraduría General de la Nación, que le abrió pliego de cargos al exministro Andrés Felipe Arias, quien en versión libre ante ese organismo ha insistido en que ha cumplido “todos los requisitos que están plasmados en el manual de contratación del Ministerio”, pero reconoció que “es normal que en el campo colombiano una familia parcele su finca entre varios hijos”.