26 Aug 2008 - 2:59 a. m.

Pulso de poderes

El choque institucional entre el Ejecutivo y la Corte Suprema de Justicia se agudizó después de que el presidente Uribe respaldara a los funcionarios de Palacio que se reunieron con emisarios de ‘Don Berna’, mientras el alto tribunal denunció un supuesto complot en su contra orquestado desde las altas esferas del Gobierno.

El Espectador

En respuesta a las graves acusaciones del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Javier Ricaurte, en el sentido de que hay un sector del Gobierno que está haciendo montajes contra el alto tribunal y, en concreto, “que está aliado con los jefes paramilitares para enlodarlo”, el presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, manifestó con vehemencia que no existe ningún complot en contra del magistrado Iván Velásquez ni de otros miembros de la Corte Suprema, sino “una reacción al tráfico de testigos”, y desmintió que se hayan efectuado reuniones clandestinas con emisarios de alias Don Berna.

El nuevo choque entre Ejecutivo y Corte Suprema se produjo luego del escándalo que se suscitó por las publicaciones de la revista Semana y el periódico El Tiempo, según las cuales el secretario jurídico de la Presidencia, Edmundo del Castillo, y el jefe de prensa, César Mauricio Velásquez, se reunieron con el abogado de Don Berna, Diego Álvarez, y Antonio López, alias Job, desmovilizado de las autodefensas, mano derecha del extraditado jefe paramilitar y quien fue asesinado hace un mes en Medellín. El motivo de los encuentros era denunciar supuestas irregularidades en las investigaciones de la parapolítica.

Según Semana, los emisarios de Don Berna grabaron clandestinamente al magistrado auxiliar Iván Velásquez y a un abogado supuestamente muy cercano a la Corte Suprema, de nombre Henry Anaya, registrador de Barrancabermeja separado ayer del cargo. En una de las conversaciones sostenida entre Diego Álvarez y Anaya, éste último se presenta a nombre del alto tribunal y, a cambio de US$15.000, le ofrece mejores condiciones de reclusión para Don Berna. Además, le dice que la Corte tiene interés en los políticos de Antioquia, Santander y Cundinamarca que habrían cohonestado con las autodefensas, por lo que el testimonio del jefe paramilitar era necesario. En últimas, lo que denunció ayer el presidente de la Corte es que desde la Casa de Nariño hay una estrategia para desacreditar a los magistrados del alto tribunal.

Acompañado de Edmundo del Castillo, César Mauricio Velásquez y varios ministros, el presidente Uribe respaldó a sus funcionarios, indicó que si el Gobierno tuviera interés en enlodar a la Corte se habrían divulgado las grabaciones de inmediato, pero, según dijo, luego de un análisis, “nos parecía injusto, con unas pruebas irrelevantes, hacerle un escándalo”. Es por eso que no se le informó sobre estas grabaciones, que hoy todavía están en verificación en el DAS. Asimismo, exhortó a todos los colombianos que tengan y quieran dar información sobre manipulación de testigos, a que se acerquen a la Casa de Nariño para ser escuchados.

El presidente de la Corte Suprema, Francisco Javier Ricaurte, cuestionó lo que denominó “reuniones clandestinas” entre miembros de la llamada “Oficina de Envigado” y funcionarios de la Presidencia, lo que en su criterio configura una clara conspiración. Y se preguntó cómo mientras Uribe en Medellín pide públicamente que se desmantele la “Oficina de Envigado”, su jefe jurídico y su jefe de prensa estén recibiendo a miembros de esa organización criminal. El Jefe de Estado respondió que todas las reuniones se hicieron en el Palacio de Nariño, que existen registros de los encuentros y que si hubiera habido ánimo de reunirse clandestinamente, los funcionarios se habrían ido para una cueva o una cafetería.

Pero el Presidente no sólo defendió a sus funcionarios, sino que también arreció sus críticas en contra del Fiscal General, de la Corte misma, del oficialismo liberal, del periodista Daniel Coronell y del senador Gustavo Petro. En principio calificó como una decisión más política que jurídica el auto inhibitorio en favor del magistrado Iván Velásquez por el caso Tasmania. “El Fiscal quiso quedar bien con la Corte y con el Gobierno”, enfatizó. Uribe arremetió además contra el fiscal Iguarán porque destituyó a Guillermo León Valencia —ex director de fiscalías en Antioquia y hermano del Ministro del Interior y Justicia— sólo después de que la revista Cambio revelara conversaciones comprometedoras con presuntos emisarios del narcotraficante Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario.


Por otra parte, el Primer Mandatario reclamó lo que llamó “injustas” denuncias de la Corte. “¿Van a hablar de alianzas del Gobierno que ha derrotado a los paramilitares? ¿Qué tal que el Presidente saliera a decir que los obstáculos de la extradición demuestran una alianza de la Corte con los ‘paras’?”, se preguntó, y lanzó otra pulla en el caso Tasmania: “Una cosa es acatar los fallos y otra estar de acuerdo con ellos”. Y añadió que le parecía “muy grave que el magistrado Iván Velásquez se emborrachara con testigos”, en alusión al encuentro en un establecimiento público entre una comisión de la Corte y dos potenciales testigos de la parapolítica en Yopal, revelado por El Espectador hace dos semanas.

Uribe enfiló baterías contra el Partido Liberal, que ayer anunció que no respaldaría las reformas política y a la justicia del Gobierno: “¿Me van a decir que no tengo autoridad moral cuando he debilitado a la guerrilla y desmontado a los paramilitares? Fue bajo su conducción que se aumentó la guerrilla y los ‘paras’”, enfatizó, y además fustigó, en un claro mensaje al ex presidente César Gaviria, que su Gobierno se alió con Los Pepes para perseguir a Pablo Escobar. “Si hubiéramos hecho alianza con criminales, habríamos avanzado más rápidamente. Pero adoptamos un solo camino, el de las instituciones”, expresó.

La respuesta del ex mandatario liberal no se hizo esperar. “Lamento el lenguaje grosero, intemperante y agresivo del presidente Uribe. Él puede estar seguro de que no va a acallar mi voz con ese lenguaje”, declaró Gaviria, quien avivó aún más la polémica al agregar que el Primer Mandatario debería dedicarse a colaborar con la Fiscalía para esclarecer las manipulaciones que desde Palacio se han montado contra la Corte Suprema, en connivencia con los paramilitares. “Senadores y representantes son libres de expresar sus opiniones en relación con el acontecer político y eso va a ser así mientras en Colombia haya Estado de Derecho”, subrayó el director del liberalismo.

En cuanto a la supuesta manipulación de testigos, el Presidente volvió a acusar al senador del Polo Democrático Gustavo Petro. Según dijo, la semana pasada un testigo fue a denunciarlo a la Casa de Nariño y de inmediato se le pidió a la Fiscalía que escuchara su testimonio. “Este país no se puede quedar tranquilo ante el tráfico de testigos falsos (...) Al Presidente han tratado de enlodarlo, esta lucha ha sido dura y yo estoy obligado a enfrentar estos temas”, agregó Uribe, quien de inmediato señaló que hay sectores de la justicia y el periodismo que se creen por encima de la ley. “Por ejemplo Daniel Coronell, quien guarda un video que supuestamente tendría pruebas sobre delitos. El periodista tiene derecho a proteger la fuente, pero no licencia para ser cómplice del delincuente ni ocultar el delito”.

El Presidente se refería a la entrevista que le concedió la ex representante Yidis Medina, en agosto de 2004, al director de Noticias Uno, en la que relataba cómo fue el trámite del proyecto de la reelección y cómo a ella le ofrecieron prebendas para que apoyara la enmienda constitucional. Al cierre de esta edición, el fiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Campo, estaba reunido con los magistrados de la Corte Suprema de Justicia para tratar dos temas: el supuesto complot orquestado desde Palacio y el curso de los procesos de la parapolítica tras la extradición de los jefes paramilitares. Entre tanto, el procurador Edgardo Maya anunció la apertura de investigación disciplinaria en contra de Edmundo del Castillo y César Mauricio Velásquez.

El escándalo desatado por los encuentros entre altos funcionarios del Gobierno y emisarios de Don Berna podría resumirse con la frase que de manera sarcástica lanzó el senador Juan Fernando Cristo: “A la oposición no la dejan entrar a Palacio, y sí lo hacen los paramilitares”. Más allá de la atizada pugna entre el Gobierno y la Corte Suprema de Justicia, una cosa ha quedado clara: existe una profunda desconfianza del Gobierno hacia la Corte y viceversa. El primero habla de manipulación de testigos y el alto tribunal de conspiración. El choque se hace cada vez más intenso.

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