Radiografía de la Amazonia colombiana

La mayoría de los habitantes de la Amazonia colombiana —que ocupa el 42% del país— y aquellos que viven en los departamentos que limitan con esta selva llegaron a un consenso: los recursos naturales de su territorio no se pueden extraer sin causar algún tipo de daño. Creen firmemente que sólo los alimentos pueden ser aprovechados sin que haya consecuencias; se sienten afectados en su vida cotidiana por la tala de árboles (69%), el conflicto armado (67%), los cultivos ilícitos (62%), la caza de animales (51%) y la minería (43%).

También tienen claro (un 54%) que quienes deberían aprovechar los recursos de sus tierras son los indígenas que la habitan, o los campesinos (41%), o simplemente quienes tienen selva en su territorio (27%). En cambio, no deberían hacerlo las empresas, ni los colonos, ni las entidades del Estado. Y si se les pregunta en qué se deberían invertir las ganancias de la extracción de estos recursos, dicen que principalmente en educación, transporte y protección de la selva.

Estas son algunas de las conclusiones de la tercera Encuesta de Percepción Amazonas 2030, que evalúa la calidad de vida en este territorio. Según Wendy Arenas, directora de la organización Alisos —y también de esta alianza que reúne además a Gaia Amazonas, Etnollano, Cecodes, El Espectador, Semana y Caracol Televisión— el propósito es que el informe se convierta “en un instrumento de gestión pública para las autoridades”.

La encuesta, realizada por Ipsos Public Affairs, deja ver que el 32% de quienes viven en la selva amazónica piensa que el cuidado de este territorio es responsabilidad de todos los colombianos. “Nos están mandando el claro mensaje de que la protección de la selva no es exclusiva de las autoridades ni de ellos”, dice Javier Restrepo, de Ipsos.

Para este informe se tuvo en cuenta a los habitantes de los seis departamentos amazónicos del país —Caquetá, Guaviare, Putumayo, Amazonas, Guainía y Vaupés— y de otros cuatro ubicados en el llamado Borde Amazónico: Vichada, Meta, Cauca y Nariño.

“La Amazonia tiene una enorme fortaleza en la dimensión ambiental y una gran debilidad en la dimensión institucional”. Con estas palabras César Caballero, director de la firma Cifras y Conceptos, resumió el resultado del Índice Amazonas 2030, que mide de 0 a 100 (siendo 0 el peor escenario y 100 el mejor) el estado actual de los departamentos de esa región en los aspectos social, institucional, indígena, ambiental y económico (ver gráfico).

En pocas palabras, se podría decir que el peor escenario lo tiene Vichada (con un puntaje de 43,9), y el mejor, el departamento del Amazonas (con 57,7). Entre los aspectos analizados la calificación más baja, si se suman todos los departamentos, fue para la institucionalidad. “Lo que estamos viendo es que la presencia y la capacidad institucional del Estado en estos municipios y departamentos es muy débil. Y es muy débil para proteger la calidad de vida de los habitantes y esta reserva natural”, dice Caballero.

“En los dos últimos períodos, ningún gobernador ha podido culminar su programa de gobierno porque han sido inhabilitados o destituidos —explica Wendy Arenas—. Eso genera un enorme nivel de debilidad e incertidumbre en la región”.

Incertidumbre, también, les genera a ambos la falta de datos sobre minería ilegal en la Amazonia. Caballero asegura que, a diferencia de lo que ha sostenido el Gobierno, recaudar esta información no es tarea imposible: “Sólo en esta encuesta de Ipsos vimos que la gente lo percibe. A uno no le pueden decir que una explotación ilegal en el Putumayo no se ve. Sí se ve. Son las entidades públicas las que no quieren verla”.

La mayoría de los habitantes de la Amazonia colombiana —que ocupa el 42% del país— y aquellos que viven en los departamentos que limitan con esta selva llegaron a un consenso: los recursos naturales de su territorio no se pueden extraer sin causar algún tipo de daño. Creen firmemente que sólo los alimentos pueden ser aprovechados sin que haya consecuencias; se sienten afectados en su vida cotidiana por la tala de árboles (69%), el conflicto armado (67%), los cultivos ilícitos (62%), la caza de animales (51%) y la minería (43%).

También tienen claro (un 54%) que quienes deberían aprovechar los recursos de sus tierras son los indígenas que la habitan, o los campesinos (41%), o simplemente quienes tienen selva en su territorio (27%). En cambio, no deberían hacerlo las empresas, ni los colonos, ni las entidades del Estado. Y si se les pregunta en qué se deberían invertir las ganancias de la extracción de estos recursos, dicen que principalmente en educación, transporte y protección de la selva.

Estas son algunas de las conclusiones de la tercera Encuesta de Percepción Amazonas 2030, que evalúa la calidad de vida en este territorio. Según Wendy Arenas, directora de la organización Alisos —y también de esta alianza que reúne además a Gaia Amazonas, Etnollano, Cecodes, El Espectador, Semana y Caracol Televisión— el propósito es que el informe se convierta “en un instrumento de gestión pública para las autoridades”.

La encuesta, realizada por Ipsos Public Affairs, deja ver que el 32% de quienes viven en la selva amazónica piensa que el cuidado de este territorio es responsabilidad de todos los colombianos. “Nos están mandando el claro mensaje de que la protección de la selva no es exclusiva de las autoridades ni de ellos”, dice Javier Restrepo, de Ipsos.

Para este informe se tuvo en cuenta a los habitantes de los seis departamentos amazónicos del país —Caquetá, Guaviare, Putumayo, Amazonas, Guainía y Vaupés— y de otros cuatro ubicados en el llamado Borde Amazónico: Vichada, Meta, Cauca y Nariño.

“La Amazonia tiene una enorme fortaleza en la dimensión ambiental y una gran debilidad en la dimensión institucional”. Con estas palabras César Caballero, director de la firma Cifras y Conceptos, resumió el resultado del Índice Amazonas 2030, que mide de 0 a 100 (siendo 0 el peor escenario y 100 el mejor) el estado actual de los departamentos de esa región en los aspectos social, institucional, indígena, ambiental y económico (ver gráfico).

En pocas palabras, se podría decir que el peor escenario lo tiene Vichada (con un puntaje de 43,9), y el mejor, el departamento del Amazonas (con 57,7). Entre los aspectos analizados la calificación más baja, si se suman todos los departamentos, fue para la institucionalidad. “Lo que estamos viendo es que la presencia y la capacidad institucional del Estado en estos municipios y departamentos es muy débil. Y es muy débil para proteger la calidad de vida de los habitantes y esta reserva natural”, dice Caballero.

“En los dos últimos períodos, ningún gobernador ha podido culminar su programa de gobierno porque han sido inhabilitados o destituidos —explica Wendy Arenas—. Eso genera un enorme nivel de debilidad e incertidumbre en la región”.

Incertidumbre, también, les genera a ambos la falta de datos sobre minería ilegal en la Amazonia. Caballero asegura que, a diferencia de lo que ha sostenido el Gobierno, recaudar esta información no es tarea imposible: “Sólo en esta encuesta de Ipsos vimos que la gente lo percibe. A uno no le pueden decir que una explotación ilegal en el Putumayo no se ve. Sí se ve. Son las entidades públicas las que no quieren verla”.