El panorama que encontró no podía ser peor: los habitantes, ahora sus nuevos vecinos, parecían estar invadidos por el miedo, la desconfianza y la inseguridad. Él, que llegó desterrado, supo entonces de qué se trataba: los rezagos del conflicto armado que casi todos habían padecido permanecían intactos en los pobladores. La salud mental, un problema que según Médicos sin Fronteras está en la cola del presupuesto sanitario, con sólo 0,1% del total, estaba deteriorándose poco a poco.
Ya en 2010 eso había quedado en evidencia, cuando esa ONG presentó su informe Tres veces víctimas, en el que, tras analizar a más de 5.000 pacientes del departamento del Caquetá, se diagnosticaba que los desplazados sufrían trastornos depresivos mayores, estrés agudo, estrés traumático y trastornos adaptativos.
Como muchos, don Eleázar, de 65 años, imberbe y enjuto, había llegado a Las Palomas (Córdoba) víctima de la violencia. Las aguas del río Sinú que bañan este corregimiento lo recibieron a finales de la década de los noventa, luego de huir de los pasos guerrilleros. A poco más de 15 kilómetros de la zona urbana, se instaló en una parcela que, desde entonces, se convirtió en su nuevo hogar.
Apenas arribó a esa nueva tierra empezó a trabajar como líder comunal. Vencer la reticencia de los habitantes se convirtió de inmediato en el primer desafío. Ellos, aún agobiados por la presencia paramilitar, lo recibieron con escepticismo. Tanto así, que tuvieron que pasar más de diez años para que esa desconfianza empezara a desmoronarse.
Pero fue en 2010 cuando aparecieron los primeros indicios de transformación. La Fundación País Libre comenzó un proceso de atención primaria en salud mental en los pobladores de Las Palomas para intentar cambiar una realidad que empezaba a demoler las costumbres y hábitos que habían perdurado por varios lustros en la región.
“Sólo ahí empecé a darme cuenta de que mucha gente no quería hablar sobre su condición de desplazados, y que muchas madres no hablaban porque habían perdido hijos o al compañero sentimental”, recuerda Eleázar.
Pero el problema era aún más grave: “Había depresión, paranoia, miedo. Las madres cabezas de familia se sentían muy inseguras frente a la crianza y los ancianos tenían trastornos”, cuenta María Consuelo Jáuregui, una de las psicólogas que llegaron con País Libre.
Vencer esa serie de problemáticas para fortalecer la salud mental de la población era justo lo que se proponían estos especialistas. Lo hicieron a través de Sanamente, un programa con el que buscaban afianzar el liderazgo, las habilidades y las capacidades de toda la comunidad.
“Creemos que partiendo de la fortaleza mental y emocional, una persona que ha sido víctima del conflicto puede superar esos sufrimientos. Entonces lo que hicimos fue desarrollar un proyecto de atención primaria”, dice Olga Lucía Gómez, directora del programa.
Para lograr ese objetivo se dieron a la tarea de recuperar la cultura y las expresiones artísticas. El diagnóstico de la fundación evidenció algo que los pobladores no habían descubierto: que con la llegada de la violencia, sus tradiciones habían quedado en el olvido. Las ollas comunitarias, la celebración del Día del Campesino, el grupo de tambores y de baile habían desaparecido, y nadie había hecho nada para recuperarlos.
El trabajo de País Libre se centró en dos focos: los jóvenes, que no veían futuro distinto al de recolectar piedra china en el Sinú, y los ancianos, agobiados por la depresión, la soledad y el aislamiento. En el primer caso, por medio de cine foros, ludotecas, festivales musicales y estrategias de comunicación, abrieron la reducida visión que imperaba en ellos. En el segundo, lograron revivir viejas costumbres, como huertas comunitarias, que rompieron con el abandono.
Los resultados de este trabajo, del que carece gran parte del territorio nacional, fueron evidentes: “Es que nos dimos cuenta de que la salud mental va de la mano de la paz”, dice Eleázar.
Para País Libre este es un llamado a que el Gobierno comience a implementar los programas de salud mental que le exige la Ley de Víctimas, en donde, además de reparación administrativa, se contemplan medidas de rehabilitación enfocadas a la atención psicosocial.
Lo que quieren ahora es que ese modelo que le permitió recuperar la confianza y la esperanza a Las Palomas, pese a que todavía esté permeada por la violencia de las bandas criminales y las rutas del narcotráfico, se replique a lo largo y ancho del país.