Las autoridades venezolanas ni siquiera notificaron a los familiares de la víctima acerca de su siguiente movimiento. El domingo en la mañana, funcionarios de la Fuerza Armada Nacional trasladaron al Hospital Militar de Caracas al único sobreviviente de la masacre ocurrida el viernes en la noche en el estado venezolano de Táchira, donde murieron diez de los doce jóvenes que habían sido secuestrados el pasado 11 de octubre de 2009 mientras jugaban un partido de fútbol en el sector Chururú, en el municipio Fernández Feo. Ocho de los fallecidos y el único testigo son de nacionalidad colombiana.
El traslado del herido fue ordenado por el Gobierno venezolano, informó el cónsul de Colombia en San Cristóbal, Luis Francisco Rodríguez, quien atribuye la medida a razones de seguridad. “Públicamente les pedí a las autoridades venezolanas que protejan al muchacho, que durante su hospitalización en San Cristóbal estuvo custodiado por agentes del Grupo Antiextorsión y Secuestro (GAES) de la Guardia Nacional”, dijo Rodríguez.
Manuel Cortés —colombiano, de 18 años— fue el único integrante del equipo aficionado de fútbol Los Maniceros que se salvó de la matanza que, según el secretario de Gobierno del estado Táchira, Leogmagno Flores, ejecutaron guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (Eln). La versión de Cortés es que los 12 muchachos estuvieron amarrados con cadenas, bajo un puente que después no logró identificar, durante dos semanas. Así permanecieron hasta este viernes en la noche, cuando los plagiarios comenzaron a sacarlos del lugar en grupos de cinco, de tres, de dos. Luego, a las 7:00 de la mañana del sábado, comenzó a sonar la línea de emergencias de la policía: los vecinos reportaban que habían hallado los cuerpos.
Según el listado oficial de la Defensoría del Pueblo, las víctimas de nacionalidad colombiana que serán repatriadas al país, son: Humberto Rubiani Hernández Amaya, de 32 años; Gerardo Vega Sisa, de 34; Ángel Aldemar León Aricapa, de 18; Edward Ricardo Gamboa Gutiérrez, 18 años; Michael Hendrik Bello Velandia, 18 años; Yorbin Julián Anaya Vega, de 17; Carlos Adolfo Amador Ramírez, de 25 años, y Mauricio Ospina Montilla, de 38 años.
En la masacre también murieron Pompeyo Miguel Ramírez, 27 años, peruano, y Diego Alexis Poblador, venezolano. El colombiano de 21 años José Luis Arena Sánchez, continúa desaparecido.
Siguen fricciones
La tragedia alejaría aún más a los gobiernos de Colombia y Venezuela, que desde agosto de 2008 mantienen congeladas sus relaciones diplomáticas y comerciales por decisión del presidente Hugo Chávez. Este domingo, al confirmar la muerte de los secuestrados, el vicepresidente venezolano, Ramón Carrizález, dijo que el episodio no podía desligarse de la tórrida relación que mantienen ambos gobiernos. “También con este caso surge la tremenda hipocresía con que (en Bogotá) tratan todos los asuntos. Cuando aparecen los cadáveres, el cónsul colombiano en San Cristóbal expresa que ellos no pueden repatriar esos cadáveres por la falta de recursos (…) ¿Cómo es que no tienen (dinero) para eso, sí sabemos que se están manejando miles de millones de dólares en el Plan Colombia, en armar la fuerza armada más fuerte y numerosa de América del Sur?”, dijo el funcionario.
Una hora más tarde, Chávez se refirió al Ministro de Defensa colombiano, Gabriel Silva, como un “retardado mental”. Ni él ni su vicepresidente confirmaron la tesis del gobierno opositor del estado Táchira —al que el chavismo atribuye vínculos con grupos paramilitares colombianos— acerca de que la matanza fue cometida por el Eln. Por el contrario, Carrizález señaló que “hay elementos interesantes que van apareciendo en la investigación, que pudieran apuntar hacia un enfrentamiento (entre grupos armados)”.
El presidente Álvaro Uribe Vélez calificó la masacre como un hecho deplorable, pidió la colaboración de las autoridades del vecino país para dar con los responsables de este múltiple crimen. También le solicitó al comandante de las FF.MM., Freddy Padilla de León, que en una aeronave del Estado repatrie los cadáveres de los colombianos asesinados, al tiempo que ordenó a la Agencia Presidencial para la Acción Social que les dé a los familiares de las víctimas los mismos apoyos que se otorgan cuando estos hechos ocurren en Colombia.
Entre tanto, el defensor del Pueblo colombiano, Vólmar Pérez, viajó este domingo en la mañana a San Cristóbal, estado de Táchira, para acompañar a los familiares de las víctimas. El Defensor pidió a las autoridades venezolanas una rigurosa investigación que permita esclarecer la autoría de la masacre.
Pérez, quien volvió anoche a Cúcuta, retornará este lunes a San Cristóbal para culminar las gestiones humanitarias de repatriación a Colombia de los 8 cadáveres, cuyos registros de defunción les serán entregados por parte de las autoridades locales, para luego ser llevados a la capital nortesantandereana.
La muerte de estos jóvenes se produjo, además, al final de una semana de tensiones en la frontera colombo-venezolana. Entre martes y viernes, el paso por los puentes que comunican al estado Táchira con el departamento del Norte de Santander fue bloqueado por manifestantes colombianos, que protestan contra los excesivos controles aduaneros a los que les someten las autoridades venezolanas. Controles que, sin embargo, no lograron evitar el paso de las supuestas fuerzas irregulares colombianas que ejecutaron el múltiple secuestro del 11 de octubre.