Se alarga el ‘parto’ de Santurbán

La espera se prolongará dos o tres meses más, le dijo a El Espectador la ministra de Ambiente, Luz Helena Sarmiento, antes de ingresar a una reunión de ‘concertación’ a puerta cerrada con los alcaldes de la provincia de Soto Norte; el gobernador de Santander, Richard Aguilar; y el director de la Corporación Autónoma Regional para la Meseta de Bucaramanga, Ludwing Anaya, entre otros asistentes.

Participación, inclusión y construcción son los términos que repitió Sarmiento Villamizar, anunciando con ellos que a partir de esta mesa se conformarán dos comités más, pero que la tarea es definir quiénes participarán, bajo qué metodología, en qué fechas y quiénes serán los ‘guardianes del agua’. “La línea de páramo no es el punto importante. Esta es el resultado de un ejercicio técnico con criterios ambientales, sociales y económicos. Lo que vamos a trabajar en las mesas es la construcción de una estrategia que permita a los afectados por la decisión no quedar destinados a la pobreza ”.

La Ministra explicó que “el objetivo es proteger el agua para los bumangueses, pero también el mejoramiento de la calidad de vida de la gente que está allá. En medio ambiente todos hablamos de que tenemos unos derechos, pero nadie habla de los deberes”.

Sarmiento insistió en que el Gobierno Nacional no tomará decisiones arbitrariamente y declaró que “así no sea un proceso fácil de llevar, será un ejemplo para todo el país”.

Aunque advirtió que a la discusión no se le puede dar un tinte político o electoral, ronda la preocupación de que el Gobierno esté haciendo cálculos teniendo en cuenta que en marzo habrá elecciones y que un anuncio de esta magnitud no dejará conformes a todas las partes, lo cual puede verse reflejado en la conformación de Senado y Cámara, e incluso en las pretensiones reeleccionistas del presidente Juan Manuel Santos, quien, por un lado, ha alentado la ‘locomotora minera’ y, por otro, ha reconocido que el 70% del agua que consume Colombia proviene de los páramos.

El gobernador Aguilar repitió que “la mejor fórmula” es que haya un equilibrio entre el medio ambiente y el aspecto socioeconómico, pero se mostró a la expectativa de las coordenadas que divulgue la Ministra, apoyada en el concepto técnico brindado por el Instituto de Alexander von Humboldt.

El alcalde de Tona, Francisco González, le ha planteado a Minambiente que en su caso “nos den un manejo especial teniendo en cuenta que somos un municipio agropecuario y que la región puede ser sostenible mientras sigamos practicando la agricultura y cuidemos el medio ambiente, como lo hemos hecho durante siglos. Se nos debe permitir seguir viviendo en la región”. Acotó que no deben ser los bumangueses quienes paguen un impuesto al agua, sino la empresa del Acueducto Metropolitano que “recibe grandes ganancias, aunque lo nieguen”.

Por ahora, se sabe que el área del páramo superará las 11.700 hectáreas que conforman el Parque Natural Regional de Santurbán, creado en diciembre de 2012. Además, los movimientos ambientalistas, que no fueron invitados a la reunión, insistieron que el Gobierno tiene la obligación de hacer respetar la prohibición constitucional de impedir la minería en los páramos, y sobre todo la megaminería a la que aspiran empresas como Eco Oro (antigua Greystar), AUX, Leyhat, Continental y Anglo Gold Ashanti.

La espera se prolongará dos o tres meses más, le dijo a El Espectador la ministra de Ambiente, Luz Helena Sarmiento, antes de ingresar a una reunión de ‘concertación’ a puerta cerrada con los alcaldes de la provincia de Soto Norte; el gobernador de Santander, Richard Aguilar; y el director de la Corporación Autónoma Regional para la Meseta de Bucaramanga, Ludwing Anaya, entre otros asistentes.

Participación, inclusión y construcción son los términos que repitió Sarmiento Villamizar, anunciando con ellos que a partir de esta mesa se conformarán dos comités más, pero que la tarea es definir quiénes participarán, bajo qué metodología, en qué fechas y quiénes serán los ‘guardianes del agua’. “La línea de páramo no es el punto importante. Esta es el resultado de un ejercicio técnico con criterios ambientales, sociales y económicos. Lo que vamos a trabajar en las mesas es la construcción de una estrategia que permita a los afectados por la decisión no quedar destinados a la pobreza ”.

La Ministra explicó que “el objetivo es proteger el agua para los bumangueses, pero también el mejoramiento de la calidad de vida de la gente que está allá. En medio ambiente todos hablamos de que tenemos unos derechos, pero nadie habla de los deberes”.

Sarmiento insistió en que el Gobierno Nacional no tomará decisiones arbitrariamente y declaró que “así no sea un proceso fácil de llevar, será un ejemplo para todo el país”.

Aunque advirtió que a la discusión no se le puede dar un tinte político o electoral, ronda la preocupación de que el Gobierno esté haciendo cálculos teniendo en cuenta que en marzo habrá elecciones y que un anuncio de esta magnitud no dejará conformes a todas las partes, lo cual puede verse reflejado en la conformación de Senado y Cámara, e incluso en las pretensiones reeleccionistas del presidente Juan Manuel Santos, quien, por un lado, ha alentado la ‘locomotora minera’ y, por otro, ha reconocido que el 70% del agua que consume Colombia proviene de los páramos.

El gobernador Aguilar repitió que “la mejor fórmula” es que haya un equilibrio entre el medio ambiente y el aspecto socioeconómico, pero se mostró a la expectativa de las coordenadas que divulgue la Ministra, apoyada en el concepto técnico brindado por el Instituto de Alexander von Humboldt.

El alcalde de Tona, Francisco González, le ha planteado a Minambiente que en su caso “nos den un manejo especial teniendo en cuenta que somos un municipio agropecuario y que la región puede ser sostenible mientras sigamos practicando la agricultura y cuidemos el medio ambiente, como lo hemos hecho durante siglos. Se nos debe permitir seguir viviendo en la región”. Acotó que no deben ser los bumangueses quienes paguen un impuesto al agua, sino la empresa del Acueducto Metropolitano que “recibe grandes ganancias, aunque lo nieguen”.

Por ahora, se sabe que el área del páramo superará las 11.700 hectáreas que conforman el Parque Natural Regional de Santurbán, creado en diciembre de 2012. Además, los movimientos ambientalistas, que no fueron invitados a la reunión, insistieron que el Gobierno tiene la obligación de hacer respetar la prohibición constitucional de impedir la minería en los páramos, y sobre todo la megaminería a la que aspiran empresas como Eco Oro (antigua Greystar), AUX, Leyhat, Continental y Anglo Gold Ashanti.