Pasaron cuatro años hasta que la justicia expidió una orden de captura internacional contra el empresario vallecaucano Álvaro José Lloreda Caicedo y su hijo Jorge Alberto Lloreda Garcés, requeridos por las autoridades colombianas por su participación en el escándalo de Foncolpuertos, uno de los mayores desfalcos sufridos por las arcas de la Nación.
El Espectador conoció que la orden la expidió hace 15 días el Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas de Bogotá, con el fin de que los empresarios regresen al país y cumplan con la condena a nueve años de prisión que les impuso el 28 de febrero de 2007 el Juzgado Segundo de Descongestión de Penas de Bogotá.
Desde hace cuatro años, Lloreda Caicedo y Lloreda Garcés viven en Miami (Estados Unidos), donde trabajan y, como lo informó El Espectador en su edición del pasado 12 de febrero, tienen tiempo hasta para codearse con la crema y nata de Florida.
A ellos se los vio a mediados de diciembre pasado asistiendo a un matrimonio en una mansión de la Ciudad del Sol, lo que generó el rechazo de la sociedad vallecaucana. Incluso, un grupo de ciudadanos llegó a solicitarle al alcalde de Cali, Rodrigo Guerrero, que le pidiera a la justicia que hiciera lo posible por traer de vuelta a los empresarios para que cumplieran su condena.
Cuando el gobierno de César Gaviria liquidó Puertos de Colombia, se creó Foncolpuertos con el fin de aliviar las reclamaciones laborales de cerca de 18 mil trabajadores de la empresa que se extinguía. Sin embargo, Foncolpuertos se convirtió en la herramienta con la que empresarios, funcionarios públicos, abogados y pensionados desfalcaron al Estado por cerca de $3 billones.
Ellos lograron que jueces de la República les reconocieran pensiones e indemnizaciones astronómicas. Mientras les pagaban, a la mayoría de ellos les dieron unos títulos valores que terminaron en manos de fiduciarias que se crearon para aprovecharse de la situación, como la Corporación Financiera del Pacífico, de propiedad de los Lloreda.
A finales de 1998 esta empresa compró a bajos precios los títulos de algunos de los pensionados y luego se los vendió a la Alcaldía de Cali, según las autoridades, a sabiendas de que se iba a destapar el escándalo de Foncolpuertos y entonces los títulos iban a ser cancelados y la Alcaldía no podría cobrarlos. Después de 14 años, los Lloreda no han pasado ni un día en la cárcel.