Pocos temas le han traído tantos dolores de cabeza al Gobierno como su intención de sacar adelante el TLC con Estados Unidos, una iniciativa que el martes llegó a su momento definitivo con la aprobación de la ley de implementación en el Congreso de la República. Y es que no resulta del todo fácil sacar adelante una propuesta como esta cuando persiste en algunos sectores la idea de que su principal socio comercial arrasará con la industria local.
Las discrepancias comenzaron en plena época de negociación, cuando se definían los contingentes de cuartos traseros del pollo que el país del Norte buscaba dejar sin el pago de arancel al ingresar a Colombia. Continuó con el tire y afloje en materia fitosanitaria con medidas que retrasaron el mismo trato para el agro colombiano.
Y resurgió con toda su intensidad durante la sesión del martes por un tema que ya había levantado ampolla: la protección a los derechos de autor, tema que en principio se conoció como ‘Ley Lleras’ y que pretendía regular los contenidos en internet. La idea, expuesta ya en un proyecto archivado por el mismo Legislativo, incomodó tanto a defensores de la red como a la academia, quienes consideran que la ley revive disposiciones que restringen la libertad de expresión.
Como si fuera poco, al proyecto aprobado se le incluyó también la reforma a la cuota de pantalla, el porcentaje mínimo de producción nacional en la industria de televisión, que bajó de 50% a 30% los fines de semana y festivos entre las 10 de la mañana y las 11:59 de la noche.
¿A quién afectan en realidad estas modificaciones? ¿Hubo descuido por parte de los legisladores en el proceso aprobatorio?
Desde el punto de vista de la academia, la ley traerá un cambio de enfoque en la parrilla de televisión marcado por la gestión de costos. “Va en clarísima contravía de la industria, en tanto que para cualquier canal y productora resultará mucho más económico comprar ‘la lata’ (un producto extranjero) y presentarla en lugar de la producción nacional. Es paradójico cuando se habla del mejor momento de la televisión colombiana”, comenta Mario Morales, catedrático de la Universidad Javeriana y analista de medios.
Es el mismo argumento al que recurre el colectivo Red Pa Todos, opositor de una regulación de la web por parte del Ejecutivo. “Se parece a la Ley Lleras, porque su marco son los derechos de autor, pero esta vez se responde a obligaciones por el TLC y con esa justificación nos dijeron que debía aprobarse sin mirarla, es decir, no se socializó, como si no hubiéramos aprendido nada de la experiencia pasada”, afirmó uno de sus voceros en entrevista con El Espectador.
La respuesta oficial
Entre las versiones generadas por la implementación hubo cabida para las premoniciones: policías requisando estudiantes, buscando en las memorias de sus computadores y dispositivos móviles posibles infracciones al derecho de autor y administradores de blogs sancionados por retransmitir contenidos alojados en la red sin el conocimiento de sus creadores.
“Es preocupante que haya penas tan severas para personas cuyo objetivo principal no sea el lucro. Por ejemplo: un bloguero escribe un artículo pero usa una imagen protegida o una canción, o un video. En realidad, no busca generar ingresos por vender el contenido protegido, pero al hacer difusión, estaría violando los derechos patrimoniales por los que se ocupa la ley actual. Estamos hablando de multas como mínimo de 14 millones y medio de pesos en la actualidad, y de prisión de 4 a 8 años”, asegura el colectivo Red Pa Todos.
Pero su opinión es desmentida por Augusto Posada, representante a la Cámara por el Partido de la U y ponente de la iniciativa: “En ningún momento se está limitando el derecho de los usuarios de internet. El objetivo de la ley, que cumple con las disposiciones andinas y la legislación previa, es la protección de los derechos de autor según estándares internacionales”. En su concepto, medidas como la ampliación de 50 a 70 años en la protección de derechos de las obras creadas por personas jurídicas sólo obedecen a la “aplicación de prácticas anglosajonas de protección”.
“En el caso de la retransmisión de señales de televisión en internet, sólo se perseguirán aquellos casos en que exista el fin de lucro, porque se entiende que al menos debe existir la solicitud de permiso. La ley no aplica para las bibliotecas ni las actividades científicas o de investigación”, añade.
Sus argumentos fueron secundados por Sergio Díaz-Granados, ministro de Comercio, Industria y Turismo, quien negó que con la nueva legislación el país se sumará a la cacería de brujas que el Congreso estadounidense había lanzado a comienzos de año, cuando propuso una agresiva legislación de control a los contenidos en la red que terminó archivándose a causa de las presiones de la misma industria.
“No es cierto que esta sea la versión colombiana de las Leyes Sopa o Pipa de los Estados Unidos, ni la mal llamada Ley Lleras, pues no contiene ninguna decisión que se asemeje o asimile a alguna de ellas, y en eso queremos dar un parte de tranquilidad a los cibernautas colombianos”, aseguró.
Pero algo muy diferente vislumbra Morales, para quien la nueva ley se convertirá en la puerta de entrada para atentar contra el principio de neutralidad en la red, o sea, el autocontrol: “Lo que viene de aquí en adelante indudablemente va en contra de la libertad de expresión, de la verticalidad y gestión de contenidos”.
Un panorama apenas comprensible por la forma en la que se votó la implementación. “Fue al estilo Santos: un falso debate a puerta cerrada, pupitrazos y cerrar la posibilidad de que la ciudadanía, los sectores interesados y el país debatan la conveniencia o no de la implementación de estas leyes”, agregó.
Lo cierto es que la polémica apenas comienza a atizarse. Tal como lo reveló Díaz-Granados, el Gobierno espera que antes del próximo viernes estén redactados los decretos que reglamentarán las nuevas disposiciones. Y para entonces, se espera que tanto críticas como defensas no sólo aumenten en número, sino en argumentos.
Aunque también es posible que el ruido mediático generado por la Cumbre de las Américas, el espacio escogido por el presidente Juan Manuel Santos para sancionar la ley —que deja lista la implementación del Tratado de Libre Comercio con el país del Norte—, disminuya el volumen de la discusión.
De esta forma quedarían en suspenso debates tan vitales para la industria colombiana como la ocupación de los espacios libres que dejará el nuevo porcentaje de cuota de pantalla y la postergación de la entrada al dominio público de todo aquel material corporativo cuya protección por derecho de autor estaba a punto de cumplirse.
El dilema de la obra corporativa
El cuarto trimestre de 1998 se convirtió en un período clave para las obras corporativas amparadas bajo el derecho de autor en Estados Unidos. Conscientes de que la protección de sus obras expiraría, de que éstas entrarían al dominio público y miles de millones de dólares se esfumarían en el proceso, empresas como Disney y Sony promovieron un acto legislativo que ampliaba la protección de su patrimonio de 50 a 75 años. Según la nueva disposición, aquellas creaciones ideadas en 1923, o en años sucesivos, sólo entrarían al dominio público en 2019, “a menos que la protección sea extendida”. Iniciativas similares han sido impulsadas en los últimos años para evitar que el plazo perentorio pueda cumplirse.
Cuota de pantalla, otro de los inconvenientes
Dentro de los artículos aprobados, una parte de la ley busca reducir la participación de las producciones nacionales a un mínimo de 30% los días sábado, domingo y festivos entre 10 a.m. y 12 de la noche, con el fin de dar mayor participación a las producciones extranjeras dentro de las franjas de programación.
En cuanto a esta parte de la ley, fuentes del sector de la televisión manifestaron que no se hizo protesta alguna ante una determinación que les va a causar inconvenientes a las empresas, a los libretistas y también a los actores. Una fuente del sector cuestionó que la nueva Autoridad Nacional de Televisión no se hizo sentir ante los efectos de la ley.
En cifras
20 años fue la ampliación de la protección por derechos de autor a la creación de obras cuya autoría sea producto de personas jurídicas.