Uriah Steele pesca desde que era un niño. Sus abuelos, su papá, sus hermanos, sus primos y sus vecinos también fueron y son pescadores.
Él heredó el oficio y por 42 años ha ido mar adentro en busca de caracol, langosta, pargo, mero, barracuda e historias. No se imagina haciendo algo más.
Una o dos veces al mes, este habitante de la isla de Providencia solía tomar con cinco compañeros una lancha. Partían en la mañana y al mediodía ya estaban entre los cayos de Quitasueño y Serrana.
Allí pasaban una semana o más. Dormían en la lancha; aunque si estaban en Serrana, acampaban en alguno de los siete islotes que la conforman.
Alrededor podían ver tortugas, una especie pequeña de cangrejo, aves y océano, el mismo que ya no pertenece a Colombia, luego de que el pasado lunes la Corte Internacional de La Haya concediera a Nicaragua un área marítima de 12 millas al este del meridiano 82, anteriormente territorio nacional.
Aunque los cayos son de soberanía colombiana, la zona entre Serrana y Quitasueño, por donde Steele y una comunidad de 700 pescadores transitaban, ahora está en mar nicaragüense. Así distribuidas las fronteras, si los isleños quieren ir a los cayos, necesariamente tendrían que pasar por aguas del país vecino.
La pérdida para los pescadores es considerable. El 70% de la producción pesquera de las islas depende de Quitasueño.
Luis Alberto Arenas, presidente de la Cooperativa de Pescadores de Providencia, dice que la gente tiene temor de que se los lleven presos a Nicaragua si van a los cayos.
“Es como si nos hubieran cortado la cabeza”, afirma Uriah Steele, y agrega que ahora tendrán que conformarse con un banco de peces cerca al cayo Roncador, de tan sólo 3 millas cuadradas, que no será suficiente para abastecer la demanda de la comunidad.
Pescador de toda la vida, fotógrafo por diversión y activista, Thomas Livingston se pregunta qué va a pasar con los raizales luego del fallo: “Aquí no tenemos cómo emprender una industria. Si nos quitan el poquito que tenemos, ¿qué vamos a hacer y dónde? ¿Qué va a pasar con todos nuestros barcos? ¿Quién nos va a defender?”.
Livingston tiene cuatro hijos y toda su familia sobrevive gracias a la actividad pesquera. Por ahora, hace parte del grupo mayoritario de ciudadanos que están pidiendo desacatar la decisión de la Corte y desconoce si podrá continuar con la pesca.
“Sin mar no hay vida en San Andrés. El océano es el mundo para los isleños. Si no lo tenemos, entonces estamos en el fin del mundo”, dice el pescador.
Bartolomé Taylor, representante de los pescadores artesanales ante la Junta Departamental de Pesca, dice que las consecuencias para todos ellos son “nefastas”. La isla de Providencia tiene una población de 5.000 habitantes y la mitad depende de lo que produce el mar. Los que no se dedican a la pesca viven del cultivo de plátano, yuca, patata, limón, sandía y naranja.
Durante la visita del presidente Juan Manuel Santos a San Andrés, el día siguiente a que se conocieran las malas noticias, Rossana Torres, representante de la cooperativa Fishing and Farming, que asocia a cerca de 200 pescadores de Providencia, le propuso una alternativa para enfrentar la pérdida que están previendo. Se trata de un proyecto de piscicultura y maricultura que podría estar al alcance de todos los pescadores. El Gobierno dice que les ayudará y que decretará la emergencia económica para inyectar inversión en la zona.
Aun así, según Arenas, de la Cooperativa de Pescadores, la población tiene miedo de que el Gobierno los abandone a la mitad. De que los deje sumidos en la incertidumbre de hoy.