La alta comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Navi Pillay, quien está de visita en el país, tendrá hoy una esperada reunión. Se encontrará con el presidente Juan Manuel Santos en la Casa de Nariño, luego de que la canciller María Ángela Holguín anunciara, ayer, que la permanencia de esa oficina en Colombia se prorrogará hasta agosto de 2014, fecha que coincide con el fin del mandato de la actual administración, el día 7 de ese mes.
Así, se confirmó lo que horas antes había propuesto el primer mandatario. El mismo ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, había señalado que esta prórroga sería por un año y que así se lo comunicará hoy Santos a Pillay, porque “Colombia ha avanzado lo suficiente en derechos humanos”. Sin embargo, la decisión se tomó luego de uno de los más fuertes impasses entre el Gobierno y la ONU, por cuenta de un pronunciamiento de ese organismo en el sentido de que la muerte de cuatro campesinos en las protestas del Catatumbo (Norte de Santander) habría sido producto de disparos hechos con armas que utiliza la Fuerza Pública.
Lo paradójico es que hace menos de tres meses el panorama y el mensaje del Gobierno eran otros. Durante el Examen Periódico Universal, ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra (Suiza), el vicepresidente Angelino Garzón y una comitiva de 40 delegados del Ejecutivo, que incluía al ministro del Interior, Fernando Carrillo, hizo pública la intención del Gobierno de ampliar el mandato de esta oficina por tres años más.
En ese momento los 81 países que intervinieron para hablar de Colombia cerraron filas para respaldar las políticas adoptadas en materia de derechos humanos por el gobierno de Santos y el proceso de paz que adelanta con las Farc en La Habana. El parte fue alentador, de no ser por las fuertes críticas que se hicieron en torno a la reforma al fuero militar, que finalmente fue aprobada en el Congreso dos meses después, y por la presunta “impunidad” en los delitos de violencia sexual contra las mujeres en el conflicto armado.
Mientras tanto, en Colombia, la decisión de extender el mandato de esta oficina fue celebrada por Todd Howland, representante en Colombia de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, diciendo que esta era “una muestra del interés del país en la cooperación con la comunidad internacional” y que reafirmaba “el compromiso expresado por el presidente Santos”. Entonces, Howland expresaba que las relaciones entre la oficina que él preside y el Gobierno eran mucho mejores que antes y que el canal de comunicación, que en gobiernos anteriores estuvo cerrado, estaba abierto.
Aunque eso no quería decir que no existieran tensiones. Una de ellas fue por cuenta del respaldo que tuvo la protesta indígena en el Cauca de parte de esta oficina, al decir que se debían garantizar los derechos humanos de estas comunidades sin estigmatizarlas de ser subversivas. Otro episodio más reciente fue protagonizado por el ministro Pinzón, quien en carta dirigida a Howland le pidió que aclarara por qué las Naciones Unidas consideraron como falsos positivos las muertes que para el Gobierno eran “conductas que se dieron en el marco de acciones militares y policiales”.
Se trataba del informe sobre Colombia preparado por el entonces alto comisionado, puesto a consideración del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que afirmaba que los falsos positivos no se han erradicado totalmente en Colombia, a pesar de los esfuerzos gubernamentales.
A pesar de esto, las relaciones no eran malas y Santos fue aplaudido más de una vez por reconocer que en Colombia existe un conflicto armado y por su política de reparación a víctimas y restitución de tierras. Parecían tiempos diferentes a cuando el entonces vicepresidente Francisco Santos criticaba la postura de esta oficina como “hipócrita y sectaria” durante la instalación en Ginebra del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en 2006.
Una historia de tensiones que no es nueva y se remonta a 1995, cuando el país aceptó la presencia activa de esta oficina. La primera comisionada fue la embajadora española Almudena Mazarrasa, que en sus informes denunció violaciones de derechos humanos y generó polémica entre instituciones gubernamentales. También fueron célebres los choques entre el comisionado James LeMoyne y el entonces vicepresidente Gustavo Bell.
La reunión Santos-Pillay será clave para definir si Colombia, en vísperas de un eventual proceso de paz, y con duras críticas frente al nuevo fuero militar que se aprobó en el Congreso, está lista y madura para retirarle el asiento al observador internacional más importante en derechos humanos del mundo.