El martes en la Corte Constitucional, los nueve magistrados empezaron la discusión definitiva de sus 23 capítulos, tres anexos y un protocolo modificatorio adicional, y según los plazos legales, antes del miércoles 30 de julio el Alto Tribunal deberá definir si el TLC se ajusta a los postulados de la Constitución vigente.
Después de un minucioso proceso en el que la Corte Constitucional decidió estudiar de manera simultánea las ponencias sobre el tratado mismo y su protocolo modificatorio, elaboradas respectivamente por los magistrados Clara Inés Vargas y Manuel José Cepeda, todos los integrantes del Alto Tribunal entraron en el debate final, al que se han sumado, por vía de la intervención ciudadana, decenas de universidades, sindicatos, organizaciones sociales, gremios económicos y personas naturales.
Se trata, como lo resaltó la Procuraduría al rendir su concepto el pasado 10 de marzo, de un tema que ha suscitado y suscitará “las más enconadas opiniones a favor o en contra, todas acompañadas de respetables argumentos jurídicos, técnicos, económicos y de conveniencia o inconveniencia nacional. Un debate de varios años en el que han surgido desde los defensores tradicionales del libre comercio hasta los detractores de la globalización”, sin dejar al lado puntos intermedios que buscan un TLC sin apresuramientos.
No obstante, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, suscrito en Washington el 22 de noviembre de 2006 y aprobado por el Congreso colombiano a través de la Ley 1143 de 2007, llega ahora a su instancia final en la Corte Constitucional, que deberá aportar un examen sustentado en varios escenarios de análisis, el más general de ellos basado en establecer si el TLC en sí mismo, por tratarse de un acuerdo entre una superpotencia como Estados Unidos y un país en vía de desarrollo como Colombia, ya introduce un desbalance.
De hecho, el procurador Edgardo Maya Villazón, quien planteó casi la total exequibilidad del tratado salvo dos de sus contenidos, advirtió que si sólo se tuviera en consideración la situación de asimetría, bastaría con pedir la inexequibilidad del acuerdo por tratarse de dos Estados sustancialmente distintos: uno desarrollado y otro en vía de desarrollo. No obstante es claro que el examen constitucional debe referirse a otros aspectos, como la soberanía, el trámite legislativo y otros temas complementarios de su inserción en el ordenamiento jurídico nacional.
En su momento, el Ministerio Público, en general, pidió la exequibilidad del TLC con sus cartas adjuntas, entendimientos y protocolo modificatorio, pero cuestionó dos aspectos del acuerdo, para los cuales pidió la declaratoria de inconstitucionalidad. El capítulo 14 referente a las telecomunicaciones, del cual manifestó “está encaminado a un intento de toma hostil del mercado de los servicios públicos de telecomunicaciones de Colombia, ya no mediante ofertas económicas irrehusables, sino por la vía de la imposición normativa utilizando el derecho internacional”.
El segundo aspecto cuestionado por la Procuraduría fue un párrafo de las exenciones en materia ambiental, que en criterio del Ministerio Público no dice nada en relación con los recursos genéticos, “lo cual crea incertidumbre jurídica”. En opinión de la Procuraduría, es una relación demasiado permisiva y debería ser retirada del tratado. No obstante, los conceptos de la Procuraduría no obligan a la Corte Constitucional, que puede o no acoger las opiniones del Ministerio Público y de la intervención ciudadana.
De cualquier modo, aunque existe mucho optimismo en círculos gubernamentales y afines sobre la declaratoria de constitucionalidad del TLC en su integridad, en caso de que la Corte Constitucional formule algunos reparos ya están claros
los escenarios para salirle al paso. Santiago Rojas, quien hizo parte del equipo negociador del tratado, piensa que la Corte lo declarará constitucional en su totalidad, caso en el cual seguiría su trámite normal de aprobación en el Congreso de Estados Unidos y ajustes legales, para que entre a operar a partir de enero de 2010.
Sin embargo, en el caso de que la Corte declare inconstitucional algunos apartes del tratado, el Gobierno se vería forzado a promover una renegociación con Estados Unidos en los aspectos cuestionados. Esta opción también podría habilitar en alguno de los dos países la opción de renegociación de otros aspectos, caso en el cual sería necesario un protocolo modificatorio, con nuevos trámites en los congresos respectivos y nueva revisión de la Corte Constitucional en Colombia. Este escenario podría demorar dos años más la aprobación del Tratado de Libre Comercio.
La tercera alternativa es que la Corte declare ajustado a la Constitución el TLC, pero en el contenido de su fallo emita declaraciones de interpretación. De no modificarse los textos, la situación no crearía inconvenientes, pero si la Corte obliga a una declaración formal sobre los asuntos cuestionados, la contraparte del acuerdo, es decir, Estados Unidos, podría a su vez objetar tal declaración, situación que obligaría a que los dos países estén de acuerdo con la interpretación. Otro camino en el cual habría aplazamiento en la vigencia del TLC.
El tema ya está en boca de la opinión pública. El analista económico Eduardo Sarmiento cree que de no aprobarse el TLC no pasaría nada y el sector externo se mantendría como es hoy. Pero de aprobarse, en su opinión, los aranceles van a bajar considerablemente, mientras los de Estados Unidos se mantendrían iguales, lo cual va a producir una entrada masiva de importaciones, con la consecuente generación de un déficit en las cuentas corrientes y una crisis cambiaria muy importante. “Sin los aranceles tendríamos mucha más revaluación”, agregó el analista.
En contraste, el ex ministro Juan Camilo Restrepo cree que el TLC pasará en la Corte y que lo que es importante es su ratificación en el Congreso norteamericano. A su vez, César Caballero, en tono optimista observó que sin duda con el TLC se obtendrá un acceso a un mercado mucho más grande como es el de los Estados Unidos y se va a consolidar una tendencia de apertura muy favorable para el país. De todos modos, agregó, de no aprobarse, Colombia seguirá gozando de favorables medidas arancelarias.
Desde los frentes de la oposición, el senador Jorge Robledo sostiene que el tratado es inconstitucional en todas sus partes, que golpea la salud de los colombianos y que no es recíproco porque las ventajas mayores son para Estados Unidos. “Si la Corte lo declara constitucional, apague y vámonos, sería la peor ofensa a la Constitución. Van a venir líos y luchas sociales enormes y cuando el tratado se apruebe, muchos colombianos van a arruinarse”, añadió el congresista del Polo Democrático Alternativo.
De cualquier modo, las cartas ya están jugadas y es la Corte Constitucional quien deberá determinar si el TLC se ajusta a los postulados de la Constitución Política o la transgrede. Este viernes 25 de julio vence el plazo para que la Corte se pronuncie sobre el protocolo modificatorio, y el próximo miércoles 30 de julio se cumplen los términos para el pronunciamiento constitucional sobre el TLC propiamente dicho. El martes arrancó el debate sobre dos ponencias de exequibilidad. La hora crucial y culminante del TLC entra en su recta definitiva.
“No queremos una economía cerrada”
Desde el comienzo de las negociaciones entre Estados Unidos y Colombia con miras a firmar el Tratado de Libre Comercio, las centrales obreras se mostraron en contra del acuerdo, por considerarlo “lesivo” para el país.
De acuerdo con el presidente de la Confederación General del Trabajo (CGT), Julio Roberto Gómez, los sindicatos per se no están en contra de los tratados de libre comercio. “No queremos una economía cerrada. No estamos en contra de estos acuerdos, pero tampoco aceptamos un pacto de adhesión como este TLC con Estados Unidos”.
De acuerdo con los sindicatos, además de los derechos de los trabajadores, temas como la seguridad alimentaria, el acceso a la medicina y la educación se verían afectados con la entrada en vigencia del acuerdo comercial, “pues está hecho a la medida de los Estados Unidos”.
La Casa Blanca a ritmo de vallenato
El presidente de Estados Unidos, George W. Bush, se sumó el martes a la celebración del día de la independencia de Colombia y, al ritmo de vallenato, pidió que el Congreso de su país apruebe cuanto antes el Tratado de Libre Comercio (TLC). Durante un emotivo discurso ante miembros de su gabinete, líderes del Legislativo y representantes de la comunidad colombiana, Bush se refirió a la urgencia económica y de seguridad nacional de EE.UU. para que se apruebe el TLC. El presidente también elogió los logros de la política de seguridad democrática y el “triunfo impresionante” de la Operación Jaque que logró el rescate de 15 rehenes. Sin embargo, advirtió que Colombia aún afronta la amenaza de las Farc y en Venezuela a “un enemigo hostil y antiestadounidense, donde el régimen ha forjado una alianza con Cuba, ha colaborado con líderes terroristas de las Farc y ha proveído santuario a unidades de esa guerrilla”. Meneando la cabeza al son del vallenato de Jorge Celedón, Bush le suplicó al cantante con un “por favor” —en español— un tercer tema.
Qué pasa si se aprueba
Eduardo Sarmiento
Si en Colombia se llegara a aprobar en este momento el TLC, los aranceles se bajarían considerablemente, mientras que los de Estados Unidos se mantendrían iguales. Esto debido a la ayuda que recibimos con la Abdea.
Sin embargo, las exportaciones no aumentarían. Por el contrario, se produciría una entrada masiva de importaciones.
Esta situación significaría la generación de un déficit en cuenta corriente que llevaría a una crisis cambiaria muy importante.
Sin los aranceles tendríamos mucha más revaluación. De manera que con el TLC habría una baja de aranceles que llenaría al país de importaciones y provocaría una crisis considerable en Colombia.
La Corte va a dar el sí
Juan Camilo Restrepo
En este caso todo apunta a que la Corte Constitucional declare la constitucionalidad del Tratado de Libre Comercio. Y los pronósticos son esos, puesto que es un tipo de Tratado bastante generalizado, y de esta clase ya se han suscrito varios en nuestro país. De manera que la impresión que queda es que la Corte no va a poner problema. Puede ser que en algún punto específico pueda levantar un tipo de reserva, sobre puntos muy parciales que no creo que afecten el conjunto del Tratado. Si la Corte lo aprueba no pasa nada diferente a lo que ha venido sucediendo. Lo realmente importante en este momento es que ahora lo ratifique el Congreso de los Estados Unidos. Pero las posibilidades de que en el trámite el pronunciamiento de la Corte Constitucional vaya a agregarle algo nuevo son escasas.