Toma del Palacio de Justicia: dudas sin resolver

Han pasado 24 años desde el día en que un comando de cerca de 35 guerrilleros del M-19, liderados por Andrés Almarales y Luis Otero, irrumpieron en las instalaciones del Palacio de Justicia, asesinaron a los dos vigilantes que custodiaban el parqueadero, entraron con sus armas y, durante 27 horas, mantuvieron como rehenes a civiles, funcionarios y magistrados de la Corte Suprema y del Consejo de Estado.

La reacción de la Fuerza Pública, que ha sido calificada en varios escenarios como excesiva y desproporcional, no se hizo esperar. Cerca de 2.000 uniformados que pertenecían al Ejército, la Policía y la Guardia Presidencial arribaron de inmediato al Palacio “a defender la democracia”, frase con la que obtuvo gran protagonismo el entonces comandante de la Escuela de Caballería, coronel Alfonso Plazas Vega.

Lo sucedido ese 6 y 7 de noviembre de 1985 permanece en la memoria de los uniformados, los sobrevivientes y los familiares de 11 personas que, luego de la recuperación del edificio, continúan desaparecidas. La Comisión de la Verdad, creada en 2005 por la Corte Suprema de Justicia, anunció que divulgará su informe final el próximo 17 de diciembre. El Tribunal Especial que se creó en 1986 también arrojó algunas conclusiones, pero a la larga, tanto el M-19 —con su amnistía— como los militares fueron absueltos de cualquier responsabilidad.

No obstante, la Fiscalía espera que la justicia indique otra cosa. El ente acusador pretende que dos generales (r), dos coroneles (r) y cuatro suboficiales (r) de inteligencia respondan por la desaparición de esas 11 víctimas. Así, según el organismo, se demostraría que si bien los guerrilleros hicieron del Palacio un infierno viviente, la respuesta castrense no se habría movido completamente en la legalidad, como se ha argumentado las dos últimas décadas.

El juicio contra Plazas Vega

El coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega, quien fungió como comandante de artillería en la recuperación del Palacio, fue llamado a juicio el 12 de febrero de 2008 por los delitos de secuestro y desaparición forzada de 11 sobrevivientes de la toma. Las audiencias comenzaron el 25 de julio de ese mismo año y es cuestión de semanas, una vez concluida la etapa de pruebas y testimonial, para que la jueza especializada María Stella Jara divulgue cuál será su veredicto. En tres ocasiones Plazas recusó a su jueza, hasta que la Corte Suprema le notificó que las tutelas no podían utilizarse para atacar un proceso judicial. Plazas Vega se encuentra en el Hospital Militar desde hace casi dos meses, luego de presentar una crisis nerviosa que lo ha mantenido en tratamiento psiquiátrico.

La Brigada XIII

Desde hace un año, el general (r) Jesús Armando Arias Cabrales está recluido en el Cantón Norte, en Bogotá. En marzo pasado, la Fiscalía lo llamó a juicio por considerar que por su jerarquía, el oficial en retiro debía responder por la desaparición de 11 personas que, según los expedientes, habrían quedado en manos de las escuelas de Caballería e Infantería. En la fecha de la toma, Arias Cabrales era el comandante de la Brigada XIII del Ejército y por ende tenía a su cargo las actividades de dichas unidades. El general (r) sostiene que no existen tales desaparecidos y que él, como tantos otros colombianos, es una víctima más del Holocausto del Palacio de Justicia. El juicio, que ya comenzó, está detenido porque su defensa apeló la negativa de algunas pruebas.

El papel de inteligencia militar

El general en retiro Iván Ramírez Quintero, emblema de la inteligencia de las Fuerzas Militares, fue llamado a juicio el 20 de enero de 2009, junto con dos hombres que estaban bajo su mando en el Comando de Inteligencia y Contrainteligencia (Coici) en 1985, por los delitos de secuestro y desaparición forzada: el coronel (r) Fernando Blanco y el sargento (r) Gustavo Arévalo. La Fiscalía afirma que ellos, en el operativo de recuperación del Palacio, tenían la tarea de identificar y controlar a los rehenes que salían con vida, la cual se habría convertido en un “interrogatorio y aniquilamiento”. La primera audiencia de este juicio tuvo lugar este jueves en Bogotá. Otros ex integrantes de inteligencia militar, el entonces comandante del B-2, coronel Edilberto Sánchez, y cuatro suboficiales a su cargo también fueron llamados a juicio por estos hechos. Un vencimiento de términos hizo que los cinco hombres recuperaran su libertad.

El comandante

En la providencia de la Fiscalía en que se resolvió llamar a juicio al general (r) Jesús Armando Arias Cabrales, la Fiscalía determinó de igual manera precluir la investigación que se adelantaba contra el general (r) Rafael Samudio Molina, comandante del Ejército para la época de los hechos. Samudio, en cabeza del movimiento “Fuerzas de la unión x mi país”, autodenominado el brazo político de las Fuerzas Armadas, anunció que a fines de este mes entablará una demanda penal en la Fiscalía contra el M-19, porque los crímenes cometidos en la toma, como terrorismo y homicidio, no podían ser calificados de delitos políticos para obtener la amnistía.

La responsabilidad de Betancur

Uno de los debates más largos alrededor de la toma del Palacio de Justicia es qué tanto intervino el entonces presidente, Belisario Betancur, en la recuperación del edificio. A pesar de que el ex mandatario ha ratificado en varias ocasiones su responsabilidad por los hechos, son varias las voces que han expresado que hubo un golpe de Estado temporal. Betancur fue absuelto por el Congreso en 1986, pero ante la reapertura del expediente, el caso volvió a la Comisión de Acusación, la cual no ha definido, hasta la fecha, si lo vincula o no a la investigación.