Tal vez no existe en Colombia un proceso de deterioro ambiental más famoso que el de curtiembres del río Bogotá, en Chocontá y Villapinzón. Probablemente nadie que haya pasado por la zona ha dejado de murmurar en contra de esos desconocidos curtidores que contaminan con cromo y probablemente con mercurio (aunque este elemento no se usa en los procesos de curtición) las aguas del río Bogotá y hasta es posible que los críticos siempre hubiesen tenido razón.
Siempre o casi siempre. Porque desde hace más de cuatro años, los mismos curtidores, cansados de ser el blanco de todas las críticas, iniciaron un proceso de reconversión industrial hacia técnicas de curtiembre más limpias, apoyados por una tesis doctoral en resolución de conflictos de Unesco-IHE de Holanda.
Desde el año 2006, el proyecto SWITCH de la Universidad Nacional, apoyado por el Instituto Unesco-IHE de Holanda, financiado por la Unión Europea y ahora recientemente apoyado por Colciencias, viene planteando soluciones a la problemática de más de 20 años de las curtiembres, a través de la resolución de conflictos, producción más limpia y el trabajo coordinado.
La misma Corporación Autónoma Regional (CAR) resolvió cofinanciar la asistencia técnica. Hoy, al menos 80 curtidores pertenecen a una asociación llamada Acurtir. Todos ellos han realizado planes de manejo ambiental, apoyados por la Cámara de Comercio de Bogotá, y han invertido en educación y nuevas tecnologías.
Grandes empresas, fundaciones, el Ministerio, la Gobernación de Cundinamarca y hasta la misma CAR están dispuestas a destinar recursos. Sin embargo, cuando todo está en marcha para hacer que las soluciones técnicas se concreten, cuando la confianza fluye entre curtidores, académicos, empresarios y el Estado, bloqueos inconcebibles hacen imposible una solución.
La Corporación ha sido inoperante respecto a la definición de la ronda hidráulica del río. Junto a los municipios se han demorado legalizando los terrenos para uso industrial y esto ha imposibilitado que otras entidades como la Gobernación de Cundinamarca adjudique un terreno para la relocalización de 40 curtidores. El año pasado se perdieron recursos por $250 millones por no estar definida la zona industrial.
Tampoco se les ha dicho si pueden realizar adecuaciones industriales basados en el cumplimiento gradual de los límites de vertimientos, mientras se logra que tengan acceso a un programa de fomento a la microempresa. Como resultado, alrededor de 80 curtiembres, que representan 320 empleos directos, 10 madres cabezas de familia y alrededor de 240 niños y jóvenes sin posibilidades de recibir educación digna permanecen en la más profunda incertidumbre.
¡Lo peor de todo es que las últimas caracterizaciones de la calidad del río no han mostrado ninguna mejoría! Pensar que con sólo medidas policivas se solucionan los problemas ambientales desconociendo las realidades sociales, hace parte de la prehistoria del medio ambiente y la autoridad está consciente de ello.
Los curtidores no son delincuentes. Son hombres y mujeres de extracción campesina, que viven de esta industria desde hace más de cien años.
Ante la incertidumbre, los problemas sociales se complican en la región. Urge en este momento retomar el tema desde la Presidencia de la República como ya se había logrado en el año 2005 para definiciones interinstitucionales de alto nivel. Urge también el restablecimiento institucional de la mesa regional que tenga la participación no sólo de todos los actores, sino también de delegados del Comando y Control, de la oficina jurídica y del departamento de Producción más limpia de la autoridad ambiental.
* Estudiante de doctorado del Instituto Unesco-IHE, Instituto de Educación para el Agua de Holanda.