La Corte Suprema de Justicia empezó la investigación preliminar contra 13 congresistas y excongresistas (la mayoría conservadores) salpicados por el escándalo de un supuesto tráfico de influencias en la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), con el que, al parecer, consiguieron que allí nombraran a personas cercanas como depositarios o administradores de bienes incautados a la mafia.
Los magistrados de la Sala Penal dieron el primer paso, que consiste en acreditar la condición de aforados de los congresistas indicados, para pasar a analizar las evidencias que aportó la Fiscalía, basadas en informes elaborados a finales del año pasado por un grupo élite de la Dijín de la Policía, en los que se podría probar un carrusel de recomendados de los congresistas y excongresistas, quienes terminaron administrando lujosas propiedades expropiadas a los ‘narcos’.
La lista de parlamentarios que la Corte investigará la encabezan los expresidentes del Congreso Luis Humberto Gómez Gallo (Partido Conservador), Javier Enrique Cáceres Leal (Cambio Radical), Hernán Francisco Andrade Serrano (Partido Conservador) y Miguel Pinedo Vidal (Cambio Radical).
También Myriam Alicia Paredes Aguirre (Partido Conservador), Eduardo Enríquez Maya (Partido Conservador), Enrique Rafael Caballero (Partido Liberal), Ómar Yepes Alzate (Partido Conservador), Cristóbal Rufino Córdoba Mosquera (Colombia Democrática), Álvaro Ashton Giraldo (Partido Liberal), Lucero Cortés Méndez (Partido de la U), Óscar Fernando Bravo Realpe (Partido Conservador) y Héctor José Ospina Avilés (Partido Conservador).
Los nombres de los involucrados surgieron durante la investigación que abrió la Fiscalía tras las denuncias por los presuntos malos manejos en la DNE, entre los que se contaban pagos de favores burocráticos y la falta de control en la elección de los depositarios, situaciones que permitieron que allegados a la mafia terminaran administrando bienes. Por esta situación, también está en la mira el exdirector de la DNE Carlos Albornoz y su sucesor Ómar Figueroa, investigados por la Procuraduría.
Durante el recaudo de evidencias, los detectives encontraron casos como el de la representante Lucero Cortés, de quien dicen que personas cercanas terminaron como depositarios administrando cinco carros y dos fincas, una en la sabana de Bogotá.
También el de Hernán Andrade Serrano. Los investigadores de la Fiscalía creen que el empresario barranquillero Armanio Alberto Iglesias Flórez es su cuota en la DNE, al ser depositario de los bienes de señalados narcotraficantes como Armando Jacobo Jaar Jassir.
Y en el caso de Myriam Paredes Aguirre figuran resoluciones en las que la DNE le delega a su hermano Luis Gonzalo la administración de varios bienes y sociedades, como la Comercializadora de Plásticos Andino, de la Sociedad Ario Ltda. o de Inversiones Rodríguez Ramírez.
Sin embargo, la investigación que adelantó la Dijín en la DNE no sólo tocó a políticos. También apareció el nombre del excoordinador de la Unidad Antinarcóticos de la Fiscalía Camilo Bula, de quien señalaron que un allegado suyo fue seleccionado para comercializar inmuebles y vehículos en custodia. Además, que Bula después figuró como depositario.
Para las autoridades parece claro cómo propiedades incautadas a los narcotraficantes al parecer quedaron en manos de cuotas políticas de algunos congresistas. A finales del año pasado, un investigador le confirmó a El Espectador que efectivamente en la DNE funcionaban pequeños carteles organizados para la adjudicación de bienes para pagar favores políticos.
Entre las evidencias que están en poder de la Corte Suprema se encuentran las personas a través de las cuales los 13 parlamentarios supuestamente terminaron manejando bienes incautados a la mafia. Además, se tienen identificados todos los predios y los depositarios que los han administrado. El paquete de pruebas elaborado por la Dijín lo complementan testimonios de exfuncionarios de la Dirección de Estupefacientes y de los afectados por las presuntas decisiones arbitrarias de ese organismo.
Algo que ha llamado la atención es que casi la mitad de los procesados son miembros del Partido Conservador, lo que se puede explicar con el hecho de que en los últimos años el partido azul ha manejado la DNE. La mayoría de los políticos relacionados han desmentido cualquier influencia en el organismo y han pedido a las autoridades celeridad en la investigación para demostrar su inocencia.
Reacciones
Óscar Fernando Bravo
Senador conservador
Estoy tranquilo. Si alguien me señala como beneficiario de bienes de la DNE, está mintiendo. Estoy presto a ir a la Corte y a ejercer mi derecho a la defensa. Creo que se está estableciendo una relación con paisanos de Nariño que accedieron a administrar bienes de forma lícita y por ser amigo y copartidario del exdirector Carlos Albornoz.
Eduardo Enríquez Maya
Senador conservador
Es noticia vieja. Lo único es que mi hijo fue contratista de Fondelibertad y no es pecado que mi hijo trabaje para servir a su país. Aún no nos han notificado nada, pero si tengo la oportunidad de acudir a los tribunales de la justicia, en este caso la Corte, lo haré con muchísimo gusto, respetando el derecho y la justicia.
Hernán Andrade Serrano
Senador conservador
Estoy tranquilo. Tenemos derecho al buen nombre y no puede ser que el envío de unos documentos a la Corte nos satanice. Parece que quieren desprestigiar al Partido Conservador y todo lo hecho en las entidades administradas por nuestro partido es corrupto y los funcionarios de ahora vienen a decir que todo es puro y casto.
Álvaro Ashton
Liberal
Uno cuando hace debates pisa callos. Yo hice el debate sobre cómo se venía manejando la Dirección Nacional de Estupefacientes en agosto de 2008. Quiero saber cuáles son los elementos que se tienen en ese contexto, para que digan a quiénes recomendé o qué es lo que pasa con estos temas. Que dejen claro eso.
Nota de edición: Por el llamado “derecho al olvido”, ante hechos posteriores a su publicación, este artículo fue modificado para sustraer el nombre de una persona.