Universidades con animo de lucro, ¿convenientes?

Bastó sólo con que el presidente Juan Manuel Santos mencionara la figura de “universidades con ánimo de lucro” y la posibilidad de que empresas privadas invirtieran en la educación superior con el fin de aumentar la cobertura, para que se levantara un marea de protestas y manifestaciones en todo el país, que ha terminado en escenas de violencia.

Los estudiantes traducen esta iniciativa como la “privatización de las universidades”. El Polo Democrático ha dicho que esto representará la caída de la calidad de la educación, pues —en sus palabras— prevalecerán los intereses económicos a los académicos. Los rectores han cuestionado también la calidad de estos nuevos centros o de estas alianzas.

¿Qué representaría realmente la llegada de capital privado a la educación superior? A esta pregunta respondió ayer Juan José Ugarte, jefe de división de Educación Superior del Ministerio de Educación de Chile, quien fue invitado a un foro organizado por el Gobierno como espacio de discusión de la reforma.

“Lo que plantea el proyecto de ley de Colombia es una práctica que ya tiene trayectoria en las universidades públicas chilenas, y es la posibilidad de que empresas privadas se vinculen a proyectos de desarrollo de las instituciones: programas de becas para estudios superiores, proyectos productivos, desarrollo de patentes. Desde éste ángulo es muy positivo”, aseguró Ugarte.

Minutos antes la ministra de Educación de Colombia, María Fernanda Campo, había explicado cómo pueden participar los inversionistas privados en esta iniciativa: “Tienen la opción de constituir nuevas instituciones de educación superior, asociarse con universidades privadas ya existentes o crear alianzas con instituciones públicas para desarrollar proyectos de investigación, innovación y patentes”.

Las preguntas para Juan José Ugarte continuaron. ¿Puede afectar la entrada de inversión privada la calidad de las instituciones? “Toda inversión privada busca evidentemente un retorno, pero también sostenibilidad de esa inversión, y la sostenibilidad en educación es sinónimo de calidad. El mercado detecta muy rápidamente los defectos en la formación, no admite a profesionales sin las competencias, y por lo tanto un proyecto sin calidad no es sustentable”.

Explica que en Chile, por ley, todas las universidades funcionan como instituciones sin ánimo de lucro, pero aquellas de formación técnica —con programas de dos a cuatro años de duración— sí pueden estar constituidas como entidades con ánimo de lucro. ¿Y eso en qué ha contribuido a la educación de su país? “La incorporación de la empresa privada le ha aportado a la educación superior en el sentido en que ellos conocen las demandas del sector productivo y establecen los vínculos necesarios para que los programas se renueven constantemente de acuerdo con las necesidades de la industria”.

El debate seguirá abierto hasta que el Gobierno presente el proyecto de ley en el segundo semestre, y con seguridad la ministra Campo seguirá defendiendo esta iniciativa con un preciso argumento: “Por más esfuerzos que haga el Gobierno los recursos nunca serán suficientes (para atender a los 620.000 bachilleres que se gradúan cada año), por eso tenemos que ser creativos”.

Bastó sólo con que el presidente Juan Manuel Santos mencionara la figura de “universidades con ánimo de lucro” y la posibilidad de que empresas privadas invirtieran en la educación superior con el fin de aumentar la cobertura, para que se levantara un marea de protestas y manifestaciones en todo el país, que ha terminado en escenas de violencia.

Los estudiantes traducen esta iniciativa como la “privatización de las universidades”. El Polo Democrático ha dicho que esto representará la caída de la calidad de la educación, pues —en sus palabras— prevalecerán los intereses económicos a los académicos. Los rectores han cuestionado también la calidad de estos nuevos centros o de estas alianzas.

¿Qué representaría realmente la llegada de capital privado a la educación superior? A esta pregunta respondió ayer Juan José Ugarte, jefe de división de Educación Superior del Ministerio de Educación de Chile, quien fue invitado a un foro organizado por el Gobierno como espacio de discusión de la reforma.

“Lo que plantea el proyecto de ley de Colombia es una práctica que ya tiene trayectoria en las universidades públicas chilenas, y es la posibilidad de que empresas privadas se vinculen a proyectos de desarrollo de las instituciones: programas de becas para estudios superiores, proyectos productivos, desarrollo de patentes. Desde éste ángulo es muy positivo”, aseguró Ugarte.

Minutos antes la ministra de Educación de Colombia, María Fernanda Campo, había explicado cómo pueden participar los inversionistas privados en esta iniciativa: “Tienen la opción de constituir nuevas instituciones de educación superior, asociarse con universidades privadas ya existentes o crear alianzas con instituciones públicas para desarrollar proyectos de investigación, innovación y patentes”.

Las preguntas para Juan José Ugarte continuaron. ¿Puede afectar la entrada de inversión privada la calidad de las instituciones? “Toda inversión privada busca evidentemente un retorno, pero también sostenibilidad de esa inversión, y la sostenibilidad en educación es sinónimo de calidad. El mercado detecta muy rápidamente los defectos en la formación, no admite a profesionales sin las competencias, y por lo tanto un proyecto sin calidad no es sustentable”.

Explica que en Chile, por ley, todas las universidades funcionan como instituciones sin ánimo de lucro, pero aquellas de formación técnica —con programas de dos a cuatro años de duración— sí pueden estar constituidas como entidades con ánimo de lucro. ¿Y eso en qué ha contribuido a la educación de su país? “La incorporación de la empresa privada le ha aportado a la educación superior en el sentido en que ellos conocen las demandas del sector productivo y establecen los vínculos necesarios para que los programas se renueven constantemente de acuerdo con las necesidades de la industria”.

El debate seguirá abierto hasta que el Gobierno presente el proyecto de ley en el segundo semestre, y con seguridad la ministra Campo seguirá defendiendo esta iniciativa con un preciso argumento: “Por más esfuerzos que haga el Gobierno los recursos nunca serán suficientes (para atender a los 620.000 bachilleres que se gradúan cada año), por eso tenemos que ser creativos”.